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Introducción

El documento Propuestas canarias para una vida digna representa la culminación de un laborioso proceso de discusión, escucha y elaboración en el que han tomado parte numerosas personas en las ocho islas y también en la diáspora. Este esfuerzo ha sido realizado a través de incontables reuniones presenciales y telemáticas. Es, en gran medida, una prueba evidente de la ingente inteligencia colectiva con la que DRAGO CANARIAS ha contado para presentar al pueblo canario un conjunto de análisis que quieren ser también una llamada a la esperanza frente al desencanto y la desafección.

No es cierto que Canarias esté derrotada, condenada a repetir gobiernos sin alma donde siempre manda el mismo, sea quien sea el presidente. Tenemos propuestas para instalar a nuestra tierra en la senda de la sostenibilidad, sin los eufemismos y las trampas de quienes en realidad son tutelados por las patronales interesadas en retrasar eternamente la lucha contra el cambio climático.

También tenemos medidas claras para nuestro territorio desde una mirada integral, porque en unas islas donde empezamos a sufrir la saturación y el hacinamiento, no basta con seguir con las políticas del pasado, consumiendo más suelo en macroproyectos e infraestructuras de dudosa utilidad para nuestro pueblo. Creemos en una ciudadanía canaria empoderada, activa, en alerta, que sea capaz de ejercer la participación con información transparente en la lucha por sus derechos sociales, los cuales no deben verse afectados por el mercadeo político de los viejos partidos.

Sostenemos un compromiso innegociable con los servicios públicos de Canarias. Necesitamos una sanidad a la altura de las enormes necesidades que existen en las ocho islas y en la que no hemos hecho sino retroceder en beneficio de la sanidad privada y sus oscuros intereses. Defendemos una educación que se ponga en hora con los tiempos en que vivimos, una Escuela Canaria que afronte los múltiples desafíos de la sociedad contemporánea, con recursos y respuestas para toda la sociedad.

Queremos que Canarias deje de ser noticia como lugar donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de aquellas personas que emprenden el arduo proyecto de la emigración y que en muchos casos fallecen en el intento. En este documento encontrarán propuestas para que este fenómeno pase de las secciones de sucesos en los medios a ser considerado un aporte enriquecedor para el pueblo canario del siglo XXI, como siempre lo ha sido a lo largo de nuestra historia.

Somos conscientes de las enormes dificultades de todo orden que tienen los canarios y canarias para conseguir empleo estable, bien remunerado y de calidad. Esas personas, nuestra gente, están, en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestro documento, porque también somos nosotras. Queremos tener una vida digna, feliz, en la que el tiempo dedicado al trabajo, a la carretera, a las listas de espera, a las colas en la administración, etc. no sea lo que asfixie nuestra vida.

Y, sobre todo, somos una fuerza profundamente enraizada en Canarias, totalmente comprometida con el destino de estas ocho islas y sin ningún otro mandato que no sea el del pueblo canario expresado de manera democrática. Te invitamos a leer nuestras propuestas. Si compartes nuestro legítimo anhelo de que Canarias sea el paraíso que soñamos para nuestras hijas e hijos, entonces tú también eres DRAGO CANARIAS y el próximo 28 de mayo podrás demostrarlo en las urnas.

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Sostenibilidad

En el presente documento se abordan las cuestiones que entendemos desde DRAGO CANARIAS como fundamentales a la hora de construir un proyecto de sostenibilidad para nuestras islas: aguas, agricultura y ganadería, pesca, energía, medioambiente y animalismo. Nuestro diagnóstico de carácter general desemboca en propuestas que valoramos como realistas a la par que imprescindibles, siendo conscientes como somos de la urgencia que el cambio climático imprime al cambio de modelo económico y de modo de vida tan necesario para Canarias. 


AGUAS

DIAGNÓSTICO

En el archipiélago canario enfrentamos múltiples desafíos, especialmente en la gestión del agua. Uno de los problemas más destacados es la falta de mantenimiento de las infraestructuras de extracción y distribución, lo que implica un derroche económico millonario y una pérdida extremadamente alta de agua potable, de hasta un 50%. Además, el uso del agua para monocultivo frutal y turismo, sumado al oligopolio en la propiedad del agua, la penosa gestión institucional y la nula participación ciudadana, son problemas que ahondan en el detrimento la gestión del recurso hídrico en las islas.

Un ejemplo de la mala gestión es la construcción de desaladoras en aquellas islas donde no es necesario. Este método implica un alto coste energético, una ocupación costera y efectos negativos debido a la salmuera emitida. En este sentido, es importante preguntarse si es necesario llevar a cabo procesos de desalación en islas donde ya existen reservas de aguas subterráneas. 

En el archipiélago contamos con aguas subterráneas de alta calidad y sostenibles, las cuales son la solución más segura y económica para satisfacer la demanda de agua urbana, agrícola, turística e industrial. Sin embargo, estas están siendo malgastadas. Un buen uso de nuestras aguas pasa por captarlas mediante galerías en lugar de pozos, ya que no requieren energía para extraerlas, aseguran una mejor calidad y mantienen su caudal con el tiempo. De esta manera se consigue cuidar nuestras aguas subterráneas a la vez que se podría reducir la cantidad de agua desalada. Hasta ahora muchas de estas galerías han sido sobreexplotadas causando estrés hídrico en el territorio, lo cual facilita la propagación de incendios. Esto ha servido como excusa para impulsar la desalación a pesar de los recursos subterráneos. 

Depender de la desalación supone depender de la energía eléctrica, actualmente generada en su gran mayoría por combustibles fósiles. El agua de Canarias no debe depender de la importación diaria de combustibles, lo cual supone un alto coste económico, repercutiendo en la subida del precio del agua, así como de las subvenciones públicas para mantener el agua producida a un precio soportable para la población y especialmente para la agricultura.

La escasez de recursos hídricos naturales en las islas orientales, junto con la sequía tan prounciada, hacen que estas islas sí sean dependientes en gran medida de la desalación de agua. Este agua desalada debería ser gestionada con máxima atención debido a su alto coste. A pesar de ello, existe una clara falta de compromiso institucional, ya que los Cabildos Insulares no han implementado políticas para abordar la crisis hídrica y energética de manera eficiente.

En el caso de Lanzarote y La Graciosa, la empresa que gestiona ahora mismo la producción y distribución de los recursos hídricos de la isla, Canal Gestión, es una empresa filial de la empresa pública Canal Isabel II de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su concesión fue otorgada a través de un proceso de licitación negociado sin publicidad que la justicia ordenó revisar. En el caso de Fuerteventura, tanto Cabildo como ayuntamientos, permiten la existencia de plantas de desalación privada asociada a complejos turísticos. En ambos casos las pérdidas de agua en su transporte, los cortes y la obsolescencia de sus infraestructuras son una constante, siendo necesario reinisularizar la gestión del agua en Lanzarote, finalizando la concesión que tiene Canal Gestión, y perseguir la privatización del agua en las infraestructuras turísticas en Fuerteventura.

El aumento continuo del turismo ha elevado el consumo de agua en las islas, especialmente en las islas capitalinas y en las más orientales del archipiélago. Esto es debido a que la población flotante, que no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, consume un volumen de agua por persona mucho mayor que la población local. Todo ello sumado a los gastos indirectos como piscinas y campos de golf, con ingentes gastos de agua dulce.


PROPUESTAS

En caso de declaración de emergencia hídrica de la isla, DRAGO CANARIAS propone vetar la generación de agua dulce para campos de golf. Los cuales sólo podrán abastecerse de agua depurada, siempre que esta no sea requerida para otros servicios de primera necesidad, pudiendo así, ahorrar una gran parte del agua que se gasta en el archipiélago.

Una buena gestión del agua incluye la regulación de la extracción de agua y la priorización de la recuperación de nacientes perdidos para aumentar el nivel freático del acuífero. Manteniendo los pozos en reserva para épocas de sequía o averías en la red de transporte. De igual modo se deberá impulsar la formación de comunidades de regantes para determinar el buen uso de las aguas de las islas, evitando que dicha decisión quede a puerta cerrada entre aguatenientes y Cabildo.

Además, es importante establecer planes hidrológicos que prioricen la depuración biológica de los núcleos de población, evitando los bombeos de aguas brutas y destinándolas al riego o, en caso de ser vertidas al mar mediante emisarios submarinos, garantizar de forma permanente la depuración y autorización de ese emisario por el bien de la salud del pueblo canario y de su medioambiente. Todo ello dentro de un plan integral de los recursos hídricos en las islas Canarias que proteja los ecosistemas, promueva el desarrollo social y económico y fomente el uso racional del agua. Esta gestión debe priorizar la conservación del recurso, la armonización de los usos presentes y futuros y la incorporación de la variable ambiental y las visiones e intereses sociales. También debe terminar con las lógicas de privatización del agua, priorizar la infraestructura necesaria para evitar pérdidas en las redes de transporte, promover la instalación de redes de saneamiento y depuradoras biológicas, y abaratar el precio del agua al priorizar el consumo de agua de acuífero y evitar en lo posible el uso de energía en pozos y desalación, reduciendo la contaminación.


En el ámbito canario, aplicado a cada una de nuestras islas, entendemos que es necesario maximizar los recursos hídricos naturales y recuperar las infraestructuras de aprovechamiento del agua de lluvia, tanto las tradicionales como incorporando sistemas innovadores, que eviten la evaporación y la pérdida de agua. Para ello, se deberán revisar los planes hidrológicos insulares y adaptar su contenido a la realidad de la crisis hídrica y climática de cada isla, ya que se han detectado variaciones no justificadas sobre los datos de infiltración de aguas. Estos planes deben priorizar el abastecimiento a la ciudadanía y regular su aplicación a los sectores económicos, explorando vías como la limitación del consumo de agua en grandes infraestructuras turísticas, así como promover la titularidad y gestión pública del agua, en un modelo que asegure el control sobre uno de los bienes más preciados de las islas, y potencie la transparencia, la gestión conjunta de técnicos, políticos y ciudadanía, y en la que existan contrapesos que garanticen su eficiencia.


En el ámbito insular proponemos las siguientes medidas urgentes para cada isla:

  • Fuerteventura
    En el caso de la isla más desfavorecida en recursos hídricos, sería posible reducir el agua desalada en un 15% al combinarla con agua subterránea. Además, se debe corregir de manera urgente la obsolescencia de la infraestructura hídrica actual.

  • Lanzarote y La Graciosa
    Se estima que la combinación de agua subterránea con agua desalada podría reducir la desalación en un 50%. Teniendo en cuenta que la mitad de la energía eléctrica generada en Lanzarote se consume en desalación, esta medida no sólo beneficiaría a las costas de la isla por la reducción de la salmuera, sino que supondría un ahorro energético del 25%. 
    De forma paralela a estas medidas, se debe exigir el cumplimiento del programa de inversiones en infraestructuras de Canal Gestión.

  • Gran Canaria y Tenerife
    Las islas con más consumo hídrico y energético sufren una gran pérdida de sus recursos en las descuidadas redes de distribución. Antes de aumentar todavía más el consumo energético y de salmuera al aumentar la desalación es imprescindible acondicionar las infraestructuras de distribución de aguas, además de mejorar la gestión de las aguas residuales.

  • La Gomera, La Palma y El Hierro
    Reorganización de los pozos y galerías para extraer de forma ordenada el agua subterránea, evitando la salación de los pozos de agua dulce. El agua es un bien preciado y debe ser extraído de forma sostenible, no en base a criterios de beneficios económicos empresariales. Las desaladoras deberán limitar su uso a situaciones de excepcionalidad hídrica.


AGRICULTURA Y GANADERÍA

DIAGNÓSTICO

Antes de 1960, el sector primario ocupaba a más del 50% de la población y generaba el 32% del PIB, hoy en día supone 20.000 empleos directos y aporta poco más de 1% del PIB. ¿Qué ha pasado? 

En primer lugar, la eclosión turística de mediados del siglo XX supuso un abandono de las explotaciones agrarias dedicadas al consumo interno y un éxodo masivo hacia los centros turísticos. El consiguiente crecimiento exponencial de la población supuso una demanda de productos alimenticios que no pudieron ser satisfechas por la producción local, derivando en una cada vez más creciente dependencia de la importación.

En segundo lugar, el sistema de ayudas del POSEI establecido en Canarias las últimas tres décadas ha estado destinando un mayor porcentaje de los fondos a impulsar el régimen de importación de alimentos (REA) en detrimento de la producción local, generando un grave desequilibrio en la balanza agroalimentaria del archipiélago. Además, estas ayudas se concentran cada vez más en menos beneficiarios, siendo el 45% productores de plátanos. Este desequilibrio sólo está acelerando un proceso de industrialización de la poca agricultura que queda destinada al mercado local, y la desaparición de la agricultura campesina.

Este contexto histórico se traduce en que nuestro sector primario se encuentre en una situación crítica y altamente frágil que lo hacen insostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social:

  • El número de explotaciones se ha reducido en un 85% en 40 años, aunque en la última década han aumentado en más de un 40% las de más de 50 ha.

  • Pérdida de mercado frente a la importación de la producción local de alimentos de los que históricamente nos autoabastecíamos, hasta llegar a niveles de dependencia de un 97% en cereales o un 95% en legumbres.

  • Abandono de tierras: de la superficie agraria útil de Canarias (130.000 ha), aproximadamente el 65% es tierra cultivable abandonada.

  • Falta de relevo generacional: más del 85% de los productores de las Islas tienen más de 55 años y se jubilarán en 10 años, y el 70% ya ha cumplido los 60 años.

  • Dificultad de encontrar personal cualificado que se incorpore al sector.

  • Pérdida de autonomía de las explotaciones agrícolas a la hora de comercializar su producción debido a la concentración comercial ocurrida con la entrada de grandes grupos de distribución y cadenas de supermercados.

  • La importación desmedida favorece la introducción de plagas en nuestros cultivos (más de 80 en los últimos años).

  • La Ley de Cadena Alimentaria sigue sin estar desarrollada en Canarias, causando un desequilibrio entre los beneficios y los costes del sector, que han aumentado entre un 60-70% recientemente.

  • La falta de actualización en el convenio de los trabajadores del campo (pendiente de renovación desde 2018), afecta especialmente a las mujeres que son el 80% de la plantilla en el ámbito rural.

  • En la última década se ha producido un retroceso de la cabaña ganadera de Canarias, sobre todo ovina, porcina y de conejos, y un descenso en el número de explotaciones ganaderas. Asimismo, las doce razas ganaderas autóctonas del archipiélago se encuentran en peligro de extinción.

Esta crítica situación que vive el sector primario canario requiere de medidas de gran calado que permitan una ruptura con el ineficiente modelo convencional.


PROPUESTAS

Desde Proyecto Drago proponemos impulsar un sector primario orientado a la producción agroecológica y la soberanía alimentaria, dirigiéndonos a un horizonte con el mayor grado de autosuficiencia posible, siempre priorizando la regeneración y conservación de la biodiversidad (tanto propia como cultivada) como garantía de resiliencia de nuestros ecosistemas. Empezando por dar apoyo a experiencias piloto en los municipios con carácter rural que pongan en marcha proyectos que dinamicen el entorno rural y agrario, generando una resiliencia clave en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos.

Es necesario también cambiar las políticas de ayuda, con el fin de impulsar y fortalecer la producción campesina y comunitaria local frente a los modelos agrícolas industriales, así como promover canales cortos de distribución y comercialización, que garanticen tanto mejores precios para las personas consumidoras, como mayores márgenes para las productoras, democratizando el acceso a alimentos sanos y nutritivos.


PESCA

DIAGNÓSTICO

En las Islas Canarias existe una gran presión pesquera. Para lograr una gestión eficiente se debe individualizar las soluciones para cada una de las islas, y actuar siempre acorde a su capacidad de carga y regeneración.

Mientras que en la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las capturas fueron realizadas por la flota artesanal, para finales de los 2000, la dinámica cambió debido a un incremento significativo de la pesca recreativa, que actualmente se estima en un 70% de las capturas, con una media de unas 40.000 toneladas al año de capturas. Este hecho es problemático para la pesca artesanal debido a que existe un enorme contraste entre las limitaciones en esfuerzo a las cuales son sometidos los pescadores profesionales, y las que regulan la pesca recreativa, donde aún no existe un plan formal para regular las capturas de la misma. Esto ha llevado a que algunos recursos de pescados y mariscos estén sobreexplotados. 

Asimismo, desde 2005 hasta 2010, el número de personas que realizan pesca recreativa con caña creció un 230%, mientras que el número de pescadores profesionales se vio reducido en un 49% en el mismo intervalo de tiempo. A todo esto, se le suma el deficiente servicio de vigilancia por las autoridades pesqueras, debido principalmente a la falta de personal y recursos materiales. 

Las especies objetivo llevan tiempo mostrando signos de sobrepesca, sin embargo, este hecho no ha motivado ningún cambio significativo en las estrategias de gestión. Las políticas que se han tomado han sido en vano, ya que no han logrado reducir la sobrepesca. Otras evidencias empíricas de la sobrepesca son la disminución drástica de capturas, así como la reducción del tamaño medio de dichas capturas. Además, estas se ven afectadas por la degradación de los hábitats costeros y la contaminación que alteran los ecosistemas marinos, mediante contaminación por residuos plásticos, contaminantes químicos emergentes, etc., agravando los efectos de la sobrepesca generalizada.


PROPUESTAS

Faltan programas rutinarios de seguimiento científico que ahonden en el conocimiento de las diferentes especies y los ecosistemas. Para ello disponemos ya de unas infraestructuras públicas que están siendo infrautilizadas.

Asimismo, es prioritaria la realización de campañas de información, educación, formación y concienciación, ya que sin un esfuerzo cooperativo y coordinado será imposible dejar atrás el obsoleto modelo de gestión pesquera. Al mismo tiempo, la normativa vigente referente a la ordenación y regulación pesquera en las aguas que rodean a Canarias presenta problemas en su aplicabilidad, tiene escasos fundamentos científicos y muestra incongruencias y contradicciones, lo que solo resta legitimidad ante los administradores. 

El modelo que muestra mejores resultados en diferentes pesquerías a lo largo del mundo es el de cogestión, un modelo basado en la participación de todos los actores implicados de la actividad pesquera en las tareas de gestión y control. Entre las ventajas de este enfoque están: el favorecimiento de la participación ciudadana, la reducción de los costes de implementación, a la vez que se logran mayores niveles de aceptación por parte de los usuarios (Florido 2007). En Canarias ya se han llevado a cabo algunas actuaciones cooperativas con gran éxito en el contexto pesquero, como puede ser la retirada de las nasas de algunas zonas de Fuerteventura o los acuerdos de vedas estacionales en el uso de redes de enmalle en La Palma. Este modelo prospera cuando va acompañado de áreas marinas protegidas, derechos de pesca sobre los recursos y un establecimiento de cuotas de pesca individual o colectiva sobre grupos de pescadores.  Es decir, el sistema de explotación alcanza la sostenibilidad.

De entre todas las acciones a tomar, el establecimiento de reservas marinas, como zonas sin pesca, son consideradas una de las herramientas más eficaces a la hora de gestionar las actividades pesqueras, mejorar los stocks de recursos marinos sobrexplotados y restablecer la biodiversidad. 

Además es inaplazable tomar conciencia del declive y el envejecimiento de la población ligada a este sector, relacionado entre otros factores a las pérdidas de rentabilidad. Por lo que se necesita mejorar la comercialización del producto creando una marca a nivel canario involucrando a las organizaciones pesqueras, optimizando la flota y el uso de la infraestructura existente, a la vez que se destaque la importancia de la regulación en la actividad pesquera a nivel insular.


ENERGÍA

DIAGNÓSTICO

Canarias es actualmente un archipiélago con una gran dependencia energética y una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, es necesario abordar una transición energética justa que permita la reducción de consumo de combustibles fósiles y la promoción de fuentes de energía renovable, centrados los objetivos del bienestar del pueblo canario, el cual no siempre coincidirá con los objetivos de las grandes empresas energéticas o con la línea de los macro-objetivos renovables de la Unión Europea, ideados en realidades a miles de kilómetros de distancia. 

La evolución del modelo energético occidental hará cambiar el modo en el que se produce a día de hoy la alimentación, el transporte, el consumo energético doméstico, la salud, la urbanización, la economía, e incluso la educación y la cultura. Las soluciones a los retos del futuro tienen que pensarse desde la particularidad canaria, teniendo en cuenta sus características y necesidades, con similitudes y diferencias respecto a otros territorios continentales.


PROPUESTAS

DRAGO CANARIAS presenta un conjunto de políticas para mejorar el acceso a la energía y proteger los derechos de los consumidores en Canarias. El desorbitado precio de la luz, monopolizado históricamente por ENDESA, ha supuesto una baja competitividad en la oferta de servicios y una hegemonía en el control del precio ofertado a consumidores. Para garantizar una mayor estabilidad en el mercado energético y una mayor seguridad para los consumidores, se debe implementar un marco de fijación de precios que establezca límites a las tarifas. Es importante garantizar la aplicación real del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) de forma justa y permitir a los usuarios tener herramientas de negociación y asesoramiento para poder acceder a las mejores tarifas para sus intereses, y sobre todo contando con la protección de garantía de suministro y adaptación a su curva real de consumo. 

Uno de los aspectos fundamentales de las políticas energéticas que defiende DRAGO CANARIAS es el acceso universal a la energía, lo que significa que todas las personas tienen derecho a acceder a la energía eléctrica sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico. Para ello se promoverá el establecimiento de la creación de la Oficina Canaria para la Accesibilidad Energética (O.C.A.E.). Esta oficina proporcionaría información y asistencia a aquellos que han sido víctimas de prácticas injustas en el mercado energético y daría a conocer nuestros derechos como personas consumidoras. Del mismo modo, nuestro espacio defiende el desarrollo de una Estrategia Canaria que incorpore acciones reales y calendarizadas en materia de pobreza energética, en ella deberán quedar recogidas las diversas necesidades insulares y municipales. 

Hasta la fecha no se han contemplado de forma detallada las realidades canarias ni siquiera en los marcos estatales existentes. Del mismo modo, defendemos la creación de un bono social energético unificado, que evite las realidades con vocación asistencial actuales (diferenciación entre el bono social eléctrico y el térmico) avanzando en la garantía de suministro energético universal para toda la ciudadanía canaria. En tanto en cuanto la normativa estatal no garantice una asignación automática del bono social, las instituciones canarias deberán velar por el acceso al mismo de todas las personas que cumpliendo los requisitos y queriendo tengan derecho al mismo, a través de planes comunicativos y asistencia y facilitación del conocimiento necesario para el mismo. A su vez, desde las instituciones canarias se deberán suscribir convenios con las compañías energéticas que impidan el bloqueo al suministro energético por deudas de personas en situación acreditada de vulnerabilidad, siendo garante en último término las instituciones.

En lugar de seguir permitiendo el oligopolio de las empresas energéticas en Canarias, proponemos promover modelos de cooperativas energéticas y comercializadoras públicas. Además de fomentar la autosuficiencia energética en los municipios. Esto permitirá una mayor democratización del sector energético y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

Es fundamental replanificar la instalación de las energías renovables con una mirada larga, definiendo en primer lugar cuál es la cantidad de energía que necesitamos y queremos. Además de evitar la implantación de energías renovables en zonas de alto potencial fértil y de alta operación de flota pesquera. Este nuevo plan de transición debe ser refrendado y aprobado por la población canaria, haciendo de verdad una transición energética participativa y democrática. Aplicando en el día a día la obediencia canaria en el proceso de transformación de nuestro modelo energético.

Esta replanificación empieza por trabajar para rebajar la demanda mediante eficiencia energética y fomentar el autoconsumo, antes de aumentar el número de macro-instalaciones renovables. Favoreciendo así el empleo en empresas locales, especialmente en las islas no capitalinas.

Apostamos por el establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de contratación para instalación de renovables, cumpliendo con las normas de contratación del sector público y favoreciendo los fines sociales a cumplir por parte de las empresas adjudicatarias y la preferencia por la contratación laboral de perfiles en desempleo. Así como la generación de nuevos planes de empleo específicos en materia de investigación y desarrollo y de las diferentes vías de generación, con especial incidencia en las personas jóvenes canarias.

En esta línea, debemos promover el autoconsumo de manera real, para que los ciudadanos puedan producir su propia energía y reducir su dependencia de las empresas energéticas. Fomentando económica y burocráticamente la generación de energía eléctrica para el autoconsumo, tanto de las familias como de las empresas y otras entidades; favoreciendo fiscalmente a las empresas que faciliten el teletrabajo que reduzca el desplazamiento de sus trabajadores desde fuera de la ciudad; y promoviendo la creación de servicios comunitarios para reducir el consumo privado de energía, como podría ser el alquiler de maquinaria y vehículos agrícolas, herramientas domésticas y demás aparejos.

Así mismo, se defiende la implantación y desarrollo de generación geotérmica en nuestro territorio, de acuerdo a los estudios ya elaborados, como una de las energías más sostenibles. En lo que respecta a la energía eólica en sus diferentes ramos, y especialmente en lo tocante a la energía eólica marina, se apostará por una implantación que salvaguarde la flora y fauna canaria, así como las zonas históricas de pesca artesanal en Canarias. La transición del modelo energético en Canarias debe ser inclusiva con la sociedad en el centro, contando para ello y como se ha comentado en precedencia con la participación ciudadana en los territorios concernidos por la implantación de nuevos parques renovables.

En conclusión, proponemos una transición energética justa en Canarias, que fomente la formación de ecoaldeas y otros proyectos demostrativos de utilidad para la transición, así como el impulso de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones energéticas, democratizando el sector energético. Esto no se traduce en simular la participación ciudadana mientras la decisión sigue estando en manos de los políticos. Esta transición debe estar guiada por el pueblo canario.  Una obediencia canaria real es que sea el pueblo con democracia directa quien determine las principales políticas de eficiencia energética, autoconsumo y sensibilización para la construcción de un modelo de vida más sostenible y menos contaminante en nuestro país.


MEDIOAMBIENTE

DIAGNÓSTICO

Los Espacios Naturales Protegidos son lugares que contienen valores naturales y/o culturales excepcionales y por ello necesitan de normativa específica para su protección. En conjunto forman “redes” y en Canarias contamos con la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y La Red Natura 2000. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 espacios con un total de 301.161,9 hectáreas, que en su conjunto constituyen el 40% de la superficie del archipiélago. 

La mayoría de estos espacios están cada vez más amenazados aunque cuenten con una normativa que exige su protección (Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). Uno de los principales peligros a los que se enfrentan estos espacios es la masificación. Además de la población residente, los espacios naturales protegidos tienen que soportar el turismo masivo que visita nuestras islas cada año. La afluencia descontrolada de visitantes pone en peligro la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, que ligado a la falta de vigilancia, señalización y limitación de aforo, la gran presión de visitantes aumenta considerablemente la cantidad de ruido, residuos y coches en estos espacios, así como las prácticas ilícitas que atentan contra los valores de estos espacios naturales y ponen en peligro su conservación.

En espacios protegidos, varios estudios concluyen que la masificación turística es uno de los principales causantes de presiones e impactos medioambientales negativos (Carballo, et al., 2019; Gómez-Limon y Garcia, 2016; Leung, et al., 2019) si bien, hay varias variables, como la tipología de visitante, la duración de la visita, la tipología de actividades realizadas, la estacionalidad o la fragilidad del entorno, que influencian la intensidad y gravedad de los impactos (Wall, 2020). 

Además de la presión turística otro de los factores que dañan el medioambiente y la salud de lxs canarios es la nefasta gestión de residuos en nuestras islas. La problemática situación de los residuos en las Islas Canarias es un tema preocupante que requiere atención inmediata. En el año 2020, nuestra comunidad autónoma se posicionó como la cuarta en España en producción de residuos por persona (el tanto por ciento de envases que se recogen de uso doméstico es alarmantemente bajo, con un índice del 8%). Esta problemática se ve agravada en las islas no capitalinas, debido al coste adicional de la doble insularidad.

Esto es indicativo de que el sistema de recogida y gestión de residuos en las islas Canarias necesita mejoras sustanciales e inmediatas. Sin embargo, al no existir un observatorio de residuos, se encuentran muy pocos datos actualizados sobre generación de residuos en Canarias con los que poder planificar acciones precisas.

En Canarias existen más de 430 puntos de emisión de aguas residuales, el 54% son aguas residuales urbanas, de las que solo el 28% están autorizados y el 72% no lo están. Fingiendo preocupación por esta problemática el gobierno, en su ansia constructora, ha llegado a impulsar proyectos millonarios de depuradoras. Un claro ejemplo de ello es el caso de Güímar, donde se han invertido 12 millones de euros en una depuradora que no se puede poner a funcionar porque las poblaciones que suministran las aguas residuales no tienen alcantarillado, caso similar en muchos otros municipios. Por ello se hace esencial realizar planes integrales de alcantarillado y saneamiento que aseguren el caudal necesario para que las depuradoras estén operativas (Candelaria, Arafo, etc). 


PROPUESTAS

Para atajar la problemática que sufren los Espacios Naturales Protegidos en Canarias, es necesario adoptar una serie de soluciones que permitan asegurar su protección y conservación a largo plazo. Para ello, se hace necesario incrementar la protección de estos espacios naturales, asegurando que cuenten con una adecuada vigilancia y señalización para prevenir su deterioro. Además, se debe aminorar el impacto derivado de la actividad turística en estos espacios, con el fin de garantizar la capacidad de carga y evitar un mayor deterioro de los mismos. También es imprescindible la redacción y ejecución de planes de recuperación para las especies catalogadas como “en peligro de extinción”, así como el control de especies exóticas invasoras que afectan a la biodiversidad de estos espacios. Por último, la educación ambiental es fundamental para fomentar la conciencia ambiental entre los visitantes y residentes locales, de manera que aprendan a valorar el medio natural y contribuyan a su conservación.

Para atajar la mala gestión de residuos que existe en la actualidad en Canarias, es necesario tomar una serie de medidas concretas. Una de las medidas más importantes es la creación del Observatorio de residuos y compostaje, que permita hacer un seguimiento exhaustivo de la gestión de residuos en el archipiélago. Además, es necesario promover la reutilización de subproductos dentro del archipiélago, para reducir el volumen de residuos y disminuir la necesidad de importar materiales desde fuera de las islas. Pudiendo utilizar el residuo en materia orgánica como compostaje local en el sector agrícola.

Otras medidas que se deben tomar para mejorar la gestión de residuos en Canarias son la prohibición de la venta de productos de un solo uso, como bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajita, etc; así como la prevención y reducción de residuos de envases y la promoción de la venta a granel de alimentos. Asimismo, se debe fomentar la reutilización de envases y promocionar el reciclado y marcado de los productos, aplicando los principios de responsabilidad ampliada del productor y 'quien contamina paga'. Por último, es fundamental aplicar los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de residuos, de manera que se pueda aprovechar al máximo las energías entre los sectores productivos y reducir la eliminación de residuos. Con estas medidas, se podrá mejorar significativamente la gestión de residuos en Canarias y contribuir a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestro país.


ANIMALISMO

DIAGNÓSTICO

En Canarias disfrutamos y convivimos con una enorme biodiversidad (aprox 15.000 especies) y un porcentaje de endemismos de los más altos del planeta (alrededor de 3.500 especies endémicas). La fauna ocupa un lugar destacado respecto al total, y ello sin contar los animales domésticos. Desde Proyecto Drago, creemos que todos deben ser protegidos desde una visión antiespecista. 


PROPUESTAS

Para ello, trabajaremos con la perspectiva de abandono cero, tanto para luchar contra el abandono y maltrato animal, como para proteger nuestros animales silvestres que puedan entrar en conflicto con los animales domésticos abandonados. Medidas como el control y traslado a albergues de las colonias de gatos, el apoyo económico para que puedan hacerse cargo, la esterilización, el chip de todos los animales domésticos, incluidos los de caza, o las campañas de divulgación para que ciudadanía conozca los problemas ocasionados en nuestro entorno y en la calidad de vida del animal, serán de suma importancia para garantizar el bienestar de todos los animales y el hábitat que compartimos. 

Las instituciones públicas canarias deben dotar de cobertura pública para facilitar la adopción, proporcionando respaldo tanto económico para afrontar el coste sanitario como laboral. No generando una deuda con la empresa cuando el animal necesite ser tratado por un veterinario y esto implique la ausencia al puesto de trabajo del cuidador o cuidadora. 

En ningún caso, la visita al Loro Parque, como ejemplo emblemático, o similares será una actividad didáctica desde los centros educativos ni su publicidad podrá ocupar espacios públicos privilegiados como ocurre actualmente. Los zoológicos en una mirada valiente y coherente hacía el futuro, tendrán que pasar a ser santuarios de animales para aquellos únicos casos en los que no se puedan devolver a la naturaleza. 

En lo relativo a la educación, las asignaturas relacionadas con el medio ambiente, deberán tener perspectiva autocentrada como eje central de la propuesta educativa. Promocionando así la empatía, el cuidado y el aprecio por todos los seres vivos que nos rodean. En todos los centros educativos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Educación Especial se impulsarán menús saludables y equilibrados que garanticen un alto porcentaje de frutas y verduras de temporada, y sobre todo de proximidad. Así como se deberá asegurar la disponibilidad de menús especiales para alumnado con alergias o que no ingieran ciertos alimentos por motivos culturales, éticos o religiosos. 

Respecto a la alimentación de la población, Canarias está muy lejos de los niveles de producción de carne que necesitaría para abastecer el consumo actual tanto la población residente como la flotante. Además, los piensos utilizados para alimentar a esos animales son casi exclusivamente importados. Reducir el consumo de carne es de suma importancia para disminuir la dependencia del exterior, para potenciar y mejorar la posición de nuestros pequeños productores frente a las grandes explotaciones de la agroindustria exógena y para aumentar el control de estos animales, garantizando todo el bienestar animal que sea posible dentro de su finalidad.  Estas medidas no solo tendrían un impacto positivo inmediato en las condiciones de los animales, sino también en nuestra salud, en la lucha contra el cambio climático, en nuestra balanza comercial y por ende en el precio final en la cesta de la compra.

Debemos recuperar cultivos que nos aporten proteínas vegetales de calidad, como las legumbres canarias, y desarrollar una política de I+D+i ambiciosa en el diseño y elaboración de alimentos plant-based, contribuyendo significativamente a generar empleos de calidad, a evitar la fuga de talentos y a diversificar de forma concreta el modelo productivo del archipiélago.

Respecto a la granja de pulpos proyectada en Gran Canaria, desde Proyecto Drago creemos firmemente que no necesitamos más macro-proyectos en nuestras islas y tampoco ser tierra para experimentos de multinacionales (esta sería la primera granja de pulpos del mundo). Además de atentar contra el bienestar animal de los pulpos, es una bomba ambiental para las islas. 

Abogamos por una alimentación responsable, sostenible y de proximidad, que enfoque la explotación de nuestros recursos en el objetivo de garantizar el alimento de la población canaria. Debemos evitar proyectos claramente enfocados a la exportación, que convierten a nuestro territorio en un mero soporte a políticas alimentarias y empresariales de fuera, que ponen en riesgo el presente y futuro de nuestras islas.


CAMBIO CLIMÁTICO

DIAGNÓSTICO

El archipiélago canario es uno de los territorios insulares más amenazados por el cambio climático. El aumento del nivel del mar es un desafío real y cercano que podría causar la pérdida de gran parte de la superficie de nuestras playas en las próximas tres décadas. Lanzarote y La Graciosa serían las islas más afectadas, y los municipios de Tías, Teguise, San Bartolomé, Arrecife y Yaiza podrían sufrir impactos sociales, ecológicos y económicos graves. Estas consecuencias se extenderán a otros municipios como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Telde (Gran Canaria); Pájara, La Oliva y Antigua (Fuerteventura); Adeje, Arona, Güímar y Puerto de La Cruz (Tenerife); Tazacorte y Santa Cruz de La Palma (La Palma); Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera (La Gomera), Valverde (El Hierro).  Para atajar este problema no sirve solo con invertir en obras de adaptación costera, es imprescindible planificar un cambio sostenible al modelo energético canario actual. 

El aumento constante de emisiones de gases de efecto invernadero está aumentando la temperatura de nuestro océano, desoxigenando el medio marino, lo que impactará a la pesca canaria. Además de verse incrementados los desastres naturales, incendios y sequías, amenazando la vida en nuestro archipiélago. Sin embargo, esta tendencia puede revertirse si actuamos ya.

A pesar de la urgencia y gravedad del problema, este gobierno está dando prioridad a macroproyectos inmobiliario-turísticos como el Hotel en Granadilla y la Urbanización en Adeje (Tenerife), Ecoresort (La Palma), Dreamland (Fuerteventura - Gran Canaria), entre otros, en lugar de abordar los problemas ya existentes en el archipiélago, como los emisarios, el despilfarro de agua, la gestión de residuos y la contaminación.

El Gobierno del ‘pacto de las flores’ está ignorando una ley de costas y una ley de cambio climático ya de por sí totalmente insuficientes. Estas no garantizan una protección del medioambiente archipelágico, ni promueve la transición hacia un modelo energético más sostenible. 

Canarias debe aumentar su número de renovables como evidencian las diferencias con respecto a lo instalado en la península (20% de implantación en Canarias, contra un 50% de implantación en la península) dejando atrás el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, esta implantación masiva de energías renovables no garantiza el acceso a la energía si no está planificada bajo una visión integral del bienestar de la población canaria. Hasta ahora, la actuación del gobierno ha tenido un solo objetivo prioritario, el beneficio económico de las grandes empresas bajo una nueva burbuja de macroproyectos renovables. 


¿Cuánta energía necesitamos realmente? ¿Necesitamos seguir aumentando nuestro consumo de energía? ¿Quién consume realmente gran parte de la energía que se genera? ¿Qué coste medioambiental supone aumentar aún más el consumo de energía en nuestras islas? 

Es irónico que el mismo gobierno y grandes empresas que intentan vender su transición energética a la sociedad canaria, sean los principales responsables de la emergencia climática en la que nos encontramos. Es hora de que la ciudadanía y las organizaciones luchemos para defender a Canarias de las consecuencias del cambio climático, comenzando por vetar los vuelos de jets privados en los aeropuertos canarios, como ya se plantean varios aeropuertos europeos.

Para llevar a cabo una planificación contra el cambio climático que piense realmente en la población canaria y en el bienestar del planeta no hay otro camino que sea el propio pueblo quien decida. No queremos ser solamente otro partido más que pide la confianza hasta dentro de 4 años. Queremos cambiar las reglas del juego, que el pueblo canario decida, porque el funcionamiento político actual nos está llevando al colapso de las islas. 


PROPUESTAS

Desde Proyecto Drago proponemos poner en marcha una Asamblea Ciudadana por el Clima vinculante. Esta herramienta política innovadora permitiría a la sociedad tomar medidas efectivas contra el cambio climático ejerciendo la democracia directa, al convertir las decisiones de amplia mayoría de la asamblea en leyes vinculantes. Dichas leyes surgidas de la asamblea, conformadas por personas voluntarias del pueblo canario, pasarían a ser de obligada implementación por el gobierno correspondiente. Impulsando una nueva forma de gobernanza realmente participativa y democrática, que promueva la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Para llevarlo a cabo necesitamos el máximo apoyo popular. Un pueblo cada día más consciente de la emergencia climática. Conscientes no solo de los riesgos que podría correr el archipiélago con el aumento continuo de temperaturas, sino también de las consecuencias que ya están sufriendo otros territorios africanos y americanos debido a la masiva extracción de recursos minerales para sustentar el ‘green new deal’ promovido por las grandes multinacionales. 

La construcción de infraestructuras de energías renovables es imprescindible para reducir cuanto antes las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cabe preguntarse si la implantación no controlada de estos sistemas puede ser contraproducente a largo plazo si seguimos aumentando la demanda de energía.

La promoción de la concienciación de la realidad climática es esencial para atajar de forma efectiva los problemas que nos acechan. Un modelo energético más sostenible y para construir un futuro más justo y habitable para todas es posible. Es hora de tomar medidas a la altura del problema y proteger nuestra tierra, nuestras casas, nuestras vidas.

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Territorio

El territorio es probablemente uno de los ejes que mejor define y permite entender la realidad canaria. Más allá de la intuición de que somos un archipiélago unido y separado a su vez por el mar, territorio es un concepto particularmente amplio y complejo de definir. Es por ello que, ante la tarea de generar un documento que sirva como herramienta de futuro para Canarias, hemos decidido centrar nuestro análisis en cuatro ideas centrales: turismo, medio natural, demografía y movilidad. Esta definición de territorio es tan incompleta como necesaria a la hora de plantear diagnósticos y propuestas concretas y es el resultado de un trabajo de escucha cuyo horizonte se extiende más allá de la próxima década. 


Diagnóstico

El objeto de este documento no es hacer un análisis del modelo económico del archipiélago. Sin embargo, hay pocas cosas que atraviesan más profunda y ampliamente la realidad canaria y su territorio que el turismo. En unas islas donde más del 30% del PIB y del 40% del empleo dependen de él, su importancia para el presente y futuro inmediato de las islas es innegable. En los últimos diez años, el sector turístico en las islas ha doblado sus ingresos, llegando a acumular más de diez mil millones de euros solo el año pasado (2022). Estos números sin embargo contrastan con nuestro empobrecimiento sistemático. Si en 2020 el PIB en Canarias era cercano al 95% de la media española, en 2021 apenas llega al 75%. La única otra comunidad autónoma con una caída similar del PIB son las Islas Baleares, otro territorio profundamente marcado por el turismo. El diagnóstico es claro, la riqueza que el turismo genera en Canarias no se queda en Canarias. Esto se debe fundamentalmente a que no se ha hecho política turística, se ha hecho política empresarial turística. La situación es particularmente sangrante e inasumible si tenemos en cuenta que casi el 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Dos de cada cinco personas.

Si hay algo que, en su diversidad, define y da sustento material y emocional a la idea misma de Canarias es su medio natural. Nuestras vidas se construyen en un escenario particularmente característico que está fuertemente arraigado en el subconsciente colectivo. Es por ello que ante las últimas agresiones, alimentadas por un modelo que arranca, empaqueta, y devora todo lo que encuentra a su paso, la sociedad civil organizada se ha tenido que poner al mando de la defensa de su territorio. Estos esfuerzos colectivos contrastan con la actitud institucional a todos los niveles, desde ayuntamientos hasta el Parlamento, pasiva en el mejor de los casos, cuando no son ellos mismos los promotores de las agresiones. Nuestro es el derecho a decidir sobre un territorio que tiene un valor que no se rige por ningún mercado ni turoperador. El futuro de Canarias tiene que basarse en un uso y cuidado popular del territorio que trascienda a cualquier interés personal, donde la norma no sea reaccionar ante las agresiones sino avanzar en recuperar lo perdido. 

La condición de insularidad, dentro de un territorio finito y que ha de ser necesariamente protegido, solapa directamente con la demografía de Canarias, uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta nuestro país. La carga demográfica a la que actualmente se ve sometida Canarias es ya insostenible. En este sentido, el acceso a la vivienda es tal vez el ejemplo más paradigmático, aunque no único, de la necesidad de repensar profundamente el futuro de las islas. Mientras que los jóvenes tienen que dedicar más del 90% de su sueldo al alquiler, desde el Gobierno de Canarias se llama a la llegada de nómadas digitales y visitantes de larga duración al archipiélago que disparan el valor de los inmuebles al poder pagar precios inalcanzables para la población local. Mientras se nos niega un proyecto de vida en las islas, una de cada tres viviendas en las islas son compradas por extranjeros. Si no se toman medidas ambiciosas y valientes, con la mirada puesta en las próximas décadas tal y como ya se plantean otros territorios, el futuro de nuestras hijas e hijos estará fuera de Canarias. 

La movilidad dentro de, hacia, y entre las islas es fundamental a la hora de entender nuestro territorio. Dentro de las islas, su particular geografía y la falta de voluntad política para ordenar de manera efectiva la movilidad ha resultado en una dependencia absoluta del coche y de los combustibles fósiles. Las consecuencias de esta dependencia son más que de sobra conocidas: colas y retenciones diarias que coexisten con un sistema de transporte público infra-financiado y particularmente deficiente en las islas no capitalinas y zonas no metropolitanas. Más allá de un pésimo aprovechamiento de nuestro tiempo, estos problemas de movilidad suponen un problema directo de salud pública. En lo referente a los desplazamientos interinsulares y más allá de las fronteras canarias, la situación no es más halagüeña. La subvención de los trayectos para residentes sin atender al nivel de renta ha resultado en un trasvase directo de dinero público a manos privadas. Aerolíneas y compañías marítimas han aprovechado la subvención sin control para inflar los precios de los trayectos, con consecuencias demoledoras, particularmente para los y las canarias que por una razón u otra no pueden residir en el archipiélago.  


Problemas y desafíos

Durante décadas, el modelo turístico canario se ha basado, no en política turística, sino en política empresarial turística. Este modelo ha resultado en miles de millones de euros de beneficio anual que sin embargo no redundan en mejores condiciones de vida para la mayoría de las personas que vivimos en Canarias sino que se quedan en manos privadas. Un ejemplo paradigmático de la política empresarial turística que depreda nuestro territorio y nuestro futuro es la inversión millonaria que cada año se hace en ferias como Fitur para la promoción de Canarias como destino turístico. Más allá de las importantes consecuencias demográficas y sociales que un aumento en el número de turistas conlleva, más del 70% de los turistas que llegan a Canarias no lo hacen por primera vez. Canarias es un destino conocido y muy valorado, y el gasto anual que se hace por parte de la administración pública cada año en promoción turística solo se entiende como consecuencia de una política empresarial turística al servicio del interés privado. Las personas que vivimos en Canarias estamos, en la práctica, financiando con nuestro dinero la promoción y por tanto enriquecimiento de unos pocos. 

Con la mirada en el futuro a más largo plazo, el sector turístico en Canarias se enfrenta a los profundos problemas que plantea el cambio climático. A escala global, la actividad turística supone ya alrededor del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cifra que se estima siga aumentando en los próximos años, por lo que la responsabilidad del turismo en el cambio climático es innegable. El crecimiento turístico en el Archipiélago se produce en los últimos cincuenta años, que son precisamente aquellos en los que la temperatura de la Tierra no ha dejado de aumentar. Sin embargo, el clima es el principal atractivo de Canarias, así lo atestiguan las encuestas a diferentes niveles realizadas a los visitantes. Somos un destino especialmente competitivo en invierno ya que en los meses fríos se da el mayor contraste térmico con respecto a los países emisores. Es decir, estamos ante un destino invernal de sol y playa, de clima único en Europa, sin apenas rival, lo que ha hecho posible ese éxito económico. 

Son notorias algunas tendencias, especialmente térmicas, aunque también se comienzan a vislumbrar diversas transformaciones en otros parámetros meteorológicos que podrían indicar, por ejemplo, indicios hacia una tropicalización del clima de nuestras islas. El ascenso de las temperaturas es muy claro, especialmente en los valores térmicos nocturnos, mucho más que en los diurnos, siendo, por otro lado, la alta montaña el sector que manifiesta el mayor incremento termométrico. El aumento de temperatura durante estos eventos va a tener una relación directa con un mayor riesgo de propagación de los incendios forestales, puesto que estos dependen directamente del ambiente termohigrométrico reinante. Aunque las causas de los incendios probablemente no estén relacionadas con el cambio climático sino con un cambio global más amplio que, entre otras cuestiones, se traduce en un abandono de la agricultura, los datos indican que la virulencia de estos y su extensión serán cada vez mayores. La tendencia nos dice que se está produciendo un cambio paulatino en las condiciones del clima. En ese contexto, la actividad turística se verá seriamente afectada, puesto que es previsible que el ascenso del nivel del mar vaya reduciendo y erosionando la mayor parte de las playas de Canarias, uno de los principales atractivos de las Islas. Asimismo, el incremento de temperatura, así como de la intensidad de las olas de calor, requerirá de un aumento en el gasto energético destinado al mayor consumo de agua o a la refrigeración de los alojamientos y, por consiguiente, una mayor demanda energética. También, por este motivo, los incendios forestales, cada día más cercanos a los núcleos de población, supondrán un problema añadido, tanto en lo que se refiere al riesgo para la integridad física de las personas, como en la manera en la que afectará al sector agrícola y los espacios forestales, muchos de ellos con algún grado de protección, que, además, suponen un importante atractivo para el turismo más exigente que busca algo más, o diferente, que sol y playa.

La combinación de esta presión turística y demográfica, unida al riesgo de tropicalización de las islas debido al cambio climático inminente suponen una grave amenaza para el medio natural canario. Mientras que nuestra costa es destruída a un ritmo de más de 4 kilómetros anuales, hemos perdido ya el 85% de nuestros bosques termófilos y de nuestras masas de laurisilva (el 62% en la isla que menos y el 99 % en la que más). A este proceso de degradación del medio natural hay que sumar la pérdida del 73% de nuestros matorrales de cardón y tabaiba, del 55% de nuestros pinares y del 41% de la vegetación típica de sus costas. Esta destrucción inasumible del territorio tiene además consecuencias directas en la manera en que las personas que vivimos en Canarias nos relacionamos con nuestro patrimonio natural. Nuestras vidas, que se desarrollan cada vez más aisladas del medio natural, caminan hacia un desconocimiento generalizado del mismo, lo que dificulta llevar a cabo políticas valientes de protección. En un territorio sensible y finito como es el nuestro, estamos obligadas a aprender a relacionarnos con el medio natural que nos rodea y esta relación simbiótica tiene que pasar necesariamente por un mayor conocimiento y concienciación.

La presión a la que se ve sometida nuestro territorio es consecuencia directa del número de visitantes que llegan a Canarias cada año. En este sentido, nuestros parques nacionales son tal vez los espacios que mejor ejemplifican la problemática actual. En total, cada año nuestros Parques reciben una media cercana a los ocho millones de visitantes, turistas en su inmensa mayoría. En aquellos de mayor afluencia como son en particular el Parque Nacional del Teide (con aproximadamente cuatro millones y medio de visitantes al año) y el Parque Nacional de Timanfaya (por encima de un millón y medio de visitantes por año) las medidas de vigilancia y protección resultan insuficientes para garantizar su conservación. Con un número de visitantes por cada agente de medio ambiente de más de quinientos mil a uno, llegando a cerca del millón de visitantes por agente en el Teide, la políticas públicas de explotación comercial nuestro territorio están llevando más allá del límite la capacidad de carga de los espacios naturales de Canarias. 

Finalmente, y directamente relacionado con los puntos anteriores, nuestro territorio se encuentra bajo la constante amenaza de la privatización para ser explotado comercialmente. Numerosos son los ejemplos de proyectos urbanísticos que en el pasado y el presente de nuestras islas que han pretendido y pretenden destruir nuestro medio natural para dar paso a complejos e infraestructuras que no tienen más valor que el de los materiales con los que están hechas. Desde campos de golf ecosostenibles a parques de atracciones más o menos disfrazados, en Canarias se ha instaurado y normalizado una dinámica extractivista donde capital privado, muchas veces extranjero, tiene como único objetivo explotar las bondades de nuestro clima y nuestros recursos naturales, destruyendo ecosistemas completos a su paso y expulsando de facto a las comunidades locales. 

El territorio de Canarias, limitado, es el marco geográfico en el que vivimos más de dos millones de habitantes y que recibe al año más de catorce millones de turistas con una estancia promedio de nueve días por visitante. Esto en sí mismo supone ya una gran tensión sobre el territorio y sus recursos, así como sobre los sistemas de gestión. Este problema demográfico en Canarias, está además atravesado por una fuerte disparidad económica. Mientras que en los países que más turistas envían a Canarias, Reino Unido, Alemania y Francia, el salario promedio se sitúa por encima de los 4000€ al mes, el sueldo medio en Canarias apenas alcanza los 1500€, con un porcentaje del 15% de asalariados cuyos ingresos se limitan a lo que marca el salario mínimo interprofesional. Esta diferencia económica no solo se da con respecto a Europa, sino también con respecto a España, siendo la segunda Comunidad Autónoma con los salarios más bajos. 


Esta gran disparidad en las condiciones materiales entre los focos emisores de visitantes y Canarias, combinada con una falta de políticas de vivienda eficaces, está conduciendo al archipiélago a una situación crítica en el corto plazo e inasumible como proyecto de País. Son varias las dimensiones del problema. Por un lado, las personas que viven en Canarias se enfrentan a graves problemas para acceder e incluso mantener una vivienda. Como se indica anteriormente, los jóvenes tienen que destinar más del 90% de sus ingresos al alquiler, lo cual hace imposible para las nuevas generaciones emprender un proyecto de vida como denota que menos de un 15% pueda independizarse de sus padres, porcentaje que continúa bajando en los últimos años. Esta dificultad para el acceso a la vivienda incrementa la diferencia y el trasvase de renta entre propietarios y no propietarios, en un contexto en el que cada vez más capital internacional y de otras comunidades del estado se invierte en bienes inmobiliarios, agravando aún más el problema. A la dificultad para acceder al alquiler de una vivienda hay que sumar la situación derivada con el creciente aumento de los tipos de interés, que está llevando al límite a muchas familias que están sufriendo aumentos abruptos e insostenibles en las cuotas de sus hipotecas. Como resultado de esta tensión Canarias es una de las comunidades autónomas que sufren un mayor número de desahucios, afectando principalmente a los colectivos más vulnerables que se ven abocados a condiciones de infravivienda. 

La combinación de un territorio limitado pero de clima atractivo pone a Canarias en una situación crítica de cara al futuro. Para muchos europeos, comprar una segunda vivienda en Canarias se ha convertido en algo normalizado, lo cual tiene enormes repercusiones para el acceso a la vivienda de las personas que vivimos en Canarias. La proliferación del alquiler vacacional que reduce el volumen de casas disponibles e infla artificialmente el mercado suponen uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el archipiélago. La ausencia de un registro actualizado, abierto y público del mercado inmobiliario dificulta enormemente la toma de medidas eficaces ya que las únicas fuentes más o menos completas de datos están en manos de empresas a intermediarios inmobiliarios. 

Atendiendo finalmente a la movilidad, tres son los ejes principales que la caracterizan y por tanto cuya problemática debe ser enfrentada. Por un lado, la movilidad intrainsular en el archipiélago se caracteriza por la dependencia absoluta del coche y los combustibles fósiles, con mayor intensidad en las islas no capitalinas y en zonas no metropolitanas de las islas capitalinas. Estas condiciones de partida están además amplificadas por una cultura donde el transporte colectivo no supone en la mayoría de los casos una alternativa viable, cultura que se ha fomentado directa e indirectamente por la falta de alternativas de transporte público útiles, asequibles y eficientes. 

En un territorio fragmentado como es el canario, la movilidad interinsular es clave como eje integrador de todas las islas. La importancia que tiene este tipo de movilidad es todavía mayor si se atiende a la concentración de servicios y administración en las islas capitalinas, así como la diferencia en el precio de muchos productos que en la práctica obligan a una gran cantidad de personas en canarias a desplazarse de manera relativamente frecuente a Gran Canaria y Tenerife. Como en el caso de la movilidad exterior, la bonificación al precio del transporte interinsular ha significado un aumento del precio de los desplazamientos, un enriquecimiento privado mediante dinero público y una dependencia aún mayor de las empresas que operan estos desplazamientos. La problemática del transporte interinsular se extiende también a otros aspectos centrales del territorio, como es el impacto directo que tienen las rutas marítimas que conectan las islas en las poblaciones de cetáceos, poblaciones que se ven gravemente mermadas por barcos cada vez más rápidos y conexiones más frecuentes que ponen en serio peligro su supervivencia. 

La movilidad exterior en Canarias presenta por su parte una problemática característica, fuertemente marcada por las subvenciones a los precios de los desplazamientos y el consecuente aumento de los precios. Esta situación es particularmente grave dada la gran cantidad de canarios y canarias que, o por falta de expectativas laborales o por otros muchos motivos, se han visto obligados a vivir fuera del archipiélago, perdiendo su condición de residentes y teniendo que afrontar económicamente precios inasumibles. Estas medidas han supuesto un enriquecimiento de las compañías aéreas y marítimas a costa de dinero público y con consecuencias nefastas para muchas familias. El contraste es particularmente grave dada la facilidad que se ofrece a ciertos sectores de la movilidad internacional, con infraestructuras y propuestas muchas veces orientadas únicamente a satisfacer al turismo y al ocio.

Horizontes

En torno a los desafíos anteriormente mencionados, planteamos los siguientes horizontes adaptados a las realidades territoriales de cada isla, siguiendo líneas comunes de actuación en todo el archipiélago.

El éxito económico del turismo, que se traduce en importantes costes ambientales, muchos de ellos irrecuperables, se ha basado en un clima excepcional para los estándares actuales de gran parte de los habitantes de Europa septentrional y occidental, principal mercado emisor, al margen del también relevante mercado doméstico. En ese binomio clima-turismo, el cambio climático puede desempeñar un papel determinante en la alteración de los flujos de turismo internacional, sobre todo en un archipiélago que basa toda su estrategia en sus bondades climáticas. En ese sentido, las políticas internacionales de mitigación y la capacidad de adaptación no solo al propio cambio climático, sino también a las transformaciones que puedan producirse en los flujos, hacen que Canarias sea especialmente vulnerable, por lo que debe diseñarse una estrategia que: 1. modere el crecimiento de visitantes, 2. trabaje por la sostenibilidad y 3. contribuya a la adaptación al propio cambio climático y a las políticas de descarbonización. 

Por los efectos del cambio climático, por el impacto en el territorio y por el desequilibrio en el reparto de la riqueza generada, el modelo turístico de Canarias tiene que cambiar. El actual modelo de turismo de masas hace peligrar el equilibrio sostenible de las islas, que unido a los efectos ya palpables del cambio climático ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en el turismo para abordar la sostenibilidad y el reparto de riqueza en el territorio de las islas. El flujo turístico hacia las islas seguirá estando garantizado durante los años venideros gracias a las bondades del clima, la belleza de paisajes y la excelente relación calidad precio del destino para el visitante, así que el cambio a plantear gira en torno a cómo minimizar los efectos negativos del turismo sobre el territorio. En este sentido, se plantean dos horizontes. Por un lado, se debe abordar el papel de la administración pública, y por otro, la mejora de las condiciones de vida de la población local receptora del turismo. En primer lugar, para reescribir la relación entre la administración pública y el turismo hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la Promoción turística y la Ordenación turística.

La promoción turística en Canarias se ha limitado a la consecución de reservas y cuota de mercado para los establecimientos turísticos de las islas. De esta manera, la administración pública lleva ofreciendo un servicio público gratis a entidades privadas durante décadas. Canarias es ya un destino turístico consolidado, por lo que la inversión de fondos públicos para la promoción turística debe orientarse en torno a otro tipo de reclamo turístico: la calidad en destino. 

Con una promoción turística privada, el sector público solo marca las pautas para que la población local se beneficie del turismo, no como hasta ahora, que solo se benefician los grandes empresarios. En este sentido, otro eje fundamental de la política turística canaria debe ser dignificar los puestos de trabajo relacionados con el turismo (en relación con condiciones económicas), y así se crearía una política turística pública para las canarias/os, desligada de la parte industrial y económica para anclarla al desarrollo y conservación del territorio. Hacer verdadera promoción turística es priorizar lo básico, lo que verdaderamente mejora la calidad de nuestro territorio: ningún vertido al mar, inversión en las redes de aguas limpias y residuales, en movilidad, en infraestructuras básicas, en los espacios protegidos, en la economía circular, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, suscribiendo convenios para los trabajadores del sector… 

De igual forma, en lo público debe primar la Ordenación turística sobre la Promoción turística, invirtiendo en estudios de ordenación turística y en capital humano preparado que pueda dar respuesta a fenómenos complejos como el alquiler vacacional aplicado a la realidad de Canarias, así como a las nuevas formas de negocio que van surgiendo a tal velocidad que las administraciones no son capaces de reaccionar rápido para regularlas. Así se aportaría seguridad jurídica a los empresarios, y se contribuiría al desarrollo ordenado de las actividades relacionadas con esta actividad.

Hasta el momento, se ha abordado el turismo como un negocio empresarial turístico, vinculado al desarrollo de la industria y del comercio, obviando la vinculación al territorio canario. Vincular turismo a industria y a comercio es poner en el centro al empresario, vincular turismo a territorio es poner en el centro a la ciudadanía. Y éste último es el horizonte a perseguir.

Las consecuencias del turismo de masas, junto con la condición de libre movilidad del espacio europeo Schengen, han demostrado tener impacto directo en el territorio de las islas, incluyendo a los aspectos demográficos, de vivienda y de urbanismo. La población de las islas sigue aumentando exponencialmente, aunque de manera heterogénea entre las mismas, poniendo de manifiesto la necesidad de enfrentar las consecuencias de este crecimiento. Al aumento en el número de residentes y de llegadas de turistas se suma la población flotante en las islas, alcanzando cifras complicadas de cuantificar, pero gravemente superiores a los 2 millones de personas que suelen manejar medios oficiales. A mayor población, mayor consumo de recursos, resultando islas con escasez de vivienda y sin un orden urbanístico pensado para el habitante, sino para el turista.

De esta manera, surge la necesidad de conocer la capacidad de carga demográfica de las islas. La capacidad de carga de un ecosistema es el crecimiento máximo de cualquier población (o crecimiento económico), incluida la humana, que puede mantenerse de forma exitosa en un ambiente determinado a muy largo plazo, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos necesarios para tales especies. Para comenzar a paliar las consecuencias de este crecimiento desmesurado surge la necesidad de desarrollar un Estudio de Capacidad de Carga Demográfica del archipiélago canario (isla por isla), en el que se tenga en cuenta la variedad de condiciones que caracterizan el territorio canario, como la insularidad, la disponibilidad de recursos naturales limitados, la superficie real de uso terrestre y la fragilidad ecológica, entre otros. Este estudio será una herramienta dinámica desarrollada por los centros de investigación canarios públicos, en posible coordinación con otros organismos con experiencia en la materia.

Una vez determinada la carga, procedería la creación de un Plan de Carga Demográfica, con fases e indicadores que se vayan revisando y actualizando cada ciertos años. Ya que la capacidad de carga de un territorio es dinámica y puede aumentar o disminuir conforme cambie la realidad del entorno, la administración pública tiene el deber de contribuir a su ajuste mediante una variedad de medidas para mantener las condiciones que permitan la sostenibilidad y calidad de vida de los habitantes, así como la preservación de los recursos naturales, patrimonio e idiosincrasia de las islas. De esta manera, surge la necesidad de introducir ciertos controles destinados a minimizar el impacto que ejerce la población local y extranjera sobre el territorio y sobre sus recursos. No nos centramos en las personas, sino en los recursos disponibles de cada isla.

Actualmente, uno de los grandes recursos escasos en las islas es la vivienda. Por un lado, se deben acotar las posibilidades de adquisición de vivienda en las islas por parte de capital extranjero, a la vez que favorecer el acceso a la vivienda a la población local, tanto en modalidad de compra como alquiler, para recuperar el espacio y los derechos perdidos por la ciudadanía canaria. Esta acción se desarrollará en un contexto en el que también se limite el acceso a los grandes propietarios con intereses comerciales, en beneficio de las familias canarias.

Todas estas acciones deben ser sustentadas por un marco de planificación territorial a través de los principios del urbanismo ecofeminista aplicados a las islas. Esta línea aboga por romper la dualidad espacio público vs espacio privado para crear una nueva dimensión comunitaria donde surgen los cuidados, la corresponsabilidad y la participación, la salud, la movilidad más sostenible y la recuperación de espacios, regenerando o desmantelando donde sea necesario. De esta manera, el urbanismo ecofeminista aúna los principios de la economía feminista, los bienes comunes y la sostenibilidad de la vida, con el objetivo de custodiar nuestro territorio.


Apuestas y compromisos

Después de décadas de orientar el turismo hacia la industria y el comercio, nuestro compromiso para las próximas décadas pasa por revertir por completo esta situación y vincular el turismo al territorio, esto es, poner en el centro a las personas y no a los empresarios. No es inocente por tanto que sea precisamente este documento el que afronte el futuro del turismo en Canarias. 

Frente a los retos inmediatos que supone el cambio climático, Canarias no puede ser ajena a las políticas que tratan de mitigar su impacto. Dada la distancia que nos separa de Europa,  el uso del avión por parte del turismo internacional genera la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el Archipiélago cada año. El éxito económico, del turismo se sostiene sobre importantes costes ambientales, muchos de ellos irrecuperables por lo que es imprescindible que Canarias se alinee con las políticas internacionales de mitigación y la capacidad de adaptación no solo al propio cambio climático, sino también a las transformaciones que puedan producirse en los flujos turísticos y que hacen de Canarias un lugar especialmente vulnerable. Nuestra apuesta pasa por tanto por  diseñar una estrategia que modere el crecimiento de visitantes, que trabaje por la sostenibilidad y que contribuya a la adaptación al propio cambio climático y a las políticas de descarbonización.

Para hacer frente a los problemas actuales del turismo y su múltiples derivadas, las instituciones públicas serán actores a la vanguardia de la ordenación y de la planificación turística, dejando atrás la política actual de promoción del turismo que debe transicionar hacia vías de financiación privadas en los próximos años. Los esfuerzos públicos no deben centrarse en financiar las actividades de promoción empresarial sino en alternativas que realmente reviertan positivamente en la sociedad canaria. En este sentido, las universidades canarias cuentan con el potencial y deben ser punta de lanza de la investigación hacia un modelo turístico centrado en el territorio y la ciudadanía.

Un futuro centrando en el territorio y sus habitantes se tiene que fundamentar en medidas para el reparto de los beneficios que el turismo genera y en modular el número de visitas según la capacidad real de carga del Archipiélago. Medidas de rápida implantación como lo es el cobro de una Ecotasa son pasos necesarios pero insuficientes a todas luces si no se acompañan de un cambio en la manera en la que Canarias se relaciona con el turismo. Son numerosos los ejemplos nacionales e internacionales donde impuestos parecidos, si bien suponen una fuente de financiación no despreciable, no han sido útiles a la hora de paliar los efectos del turismo de masa en la sociedad y el territorio. Es importante advertir también que los beneficios de una ecotasa no tienen por qué revertirse en el propio sector turístico. En un escenario donde este está supeditado al territorio, las necesidades del sistema público o de sanidad por nombrar algunos ejemplos son tanto o más importantes.

El cambio en nuestra relación con el turismo, sintetizado en lo arriba expuesto de vincular turismo a territorio, es la consecuencia natural de una apuesta más profunda todavía de entender el territorio como procomún. Entendemos que la mejor manera de cuidar el territorio pasa por un cambio de escala en el modelo territorial, haciendo responsables a las personas que vivimos en Canarias de la conservación del mismo. Dos pasos son necesarios para garantizar el futuro de nuestro medio natural. Primero, ahondar en el conocimiento de nuestro territorio con políticas e inversión pública que realmente acerquen a la ciudadanía a los espacios naturales que afortunadamente nos rodean. Una sociedad que no conoce el valor de su territorio ni cómo relacionarse con él será incapaz de cuidarlo ni de exigir responsabilidades a quien no lo haga. Segundo, la sociedad canaria tiene que seguir su camino de empoderamiento sobre el medio natural y ser garante de su conservación. En última instancia, somos las personas que vivimos en Canarias las que tenemos que dar un paso adelante, conscientes cada vez más del valor y lo frágil de nuestro entorno, y responsabilizarnos activamente del cuidado en el día a día de nuestro territorio. La custodia local será pues la base para construir colectivamente el futuro de las islas. 

A corto y medio plazo es necesaria una apuesta decidida y ambiciosa por la cultura regenerativa, recuperando los paisajes y ecosistemas que han sufrido décadas de maltrato, extractivismo y abandono. Nuestro territorio está plagado de infraestructuras y restos en estado de semi o total abandono que es necesario eliminar para poder devolver al territorio a su estado original, en una política que tenga como objetivo, ya no solo terminar con las dinámicas expansivas, sino aumentar la superficie de espacios naturales, trabajando hacia la restauraciones ecológicas de zonas degradadas. Nos comprometemos por tanto a desarrollar y llevar a cabo planes de desmantelamiento de infraestructuras abandonadas, a recuperar nuestro paisaje, y a la renaturalización de entornos urbanos. 

Como referentes y ejemplos vivos de nuestro patrimonio natural, el cuidado y la recuperación del territorio deben enfocarse particularmente en la salvaguarda de nuestros espacios naturales protegidos. Este compromiso requiere del estudio y la revisión constante de la capacidad de carga de los mismos, limitando el número de visitantes diarios si así fuera necesario. Asimismo, es necesario contemplar medidas como el cobro por la visita a espacios naturales que repercuta directamente en el mantenimiento y la conservación de los mismos, medida con una utilidad doble. Por un lado, como fuente de financiación para implantar los medios materiales y humanos necesarios para la conservación y vigilancia de estos espacios. Por otro, como medida que ponga en valor la importancia de nuestro territorio. La implantación de estas medidas ha de hacerse necesariamente bajo la distinción explícita entre residentes y visitantes. En otras palabras, los espacios naturales protegidos no pueden seguir convirtiéndose en otra fuente de explotación comercial de nuestro territorio, pasando por encima de las personas que aquí vivimos y que debemos ser en última instancia responsables de su cuidado.

Tal y como se detalla anteriormente, una de las mayores dificultades que actualmente limitan la capacidad de acción política en cuanto a demografía y urbanismo tiene que ver con la falta de datos abiertos lo cual imposibilita en la práctica tanto la toma de decisiones como el control de su posible efectividad. Es por ello que apostamos por la producción y distribución de datos ciudadanos, libres y abiertos para entender en profundidad nuestro contexto insular y de herramientas y metodologías para entender los distintos espacios, tanto rurales como urbanos. Estos datos deben ser de fácil acceso para la ciudadanía, además de constituir una fuente fiable e independiente de información sobre la que articular políticas públicas de vivienda. 

En el largo plazo, proponemos abordar el problema demográfico al que se enfrenta Canarias a través de dos ejes principales. Por una parte es necesario ahondar tanto teórica como prácticamente en entender las singularidades y ventajas de nuestro propio territorio, considerando las peculiaridades de la ubicación geográfica de la isla isla, como su origen volcánico, la erosión del suelo y los sectores rocosos, que dificultan la formación homogénea de grandes asentamientos humanos. Es necesario plantear por tanto considerar acciones tácticas como prototipos que permitan experimentar y encontrar nuestra propia receta. De manera complementaria, la problemática a la que se enfrenta Canarias tiene, por construcción, fuertes similitudes con una multitud de territorios más allá de nuestro archipiélago, tanto dentro como fuera del estado español. En particular, la condición de insularidad, dependencia del sector turístico, sensibilidad medioambiental, y relación con el estado central son compartidas por otras regiones de cuyos procesos de aprendizaje y desarrollo se pueden sacar importantes lecciones. El establecimiento de una red de intercambio de ideas y solidaridad internacional e interterritorial supone además una mayor capacidad de influencia, así como una mayor fuerza a la hora de plantear políticas que redunden en el beneficio de la sociedad canaria y su territorio. 

A corto plazo, se hace más que nunca necesario un compromiso para garantizar el acceso a la vivienda en Canarias. Es necesario para ello la combinación de una fuerte inversión pública para la construcción y rehabilitación de viviendas e infraestructuras, así como la determinación política para frenar la especulación inmobiliaria, considerando el valor de la vivienda como un bien de uso y no como un bien de mercado. Apostamos por tanto por una regulación del mercado inmobiliario que grave fuertemente los beneficios de las transacciones inmobiliarias y que imposibilite en la mayor medida posible la acumulación de viviendas en manos particulares. De manera complementaria y como consecuencia del cambio propuesto sobre el uso de la vivienda, se apuesta también por un compromiso para el desarrollo de alternativas de acceso a la vivienda basadas en la economía social y solidaria que caminen hacia un marco cooperativo como herramienta para evitar la especulación, cuidar del territorio, y ampliar el parque de vivienda pública y asequible. 

Es por último innegable también la necesidad de afrontar científicamente la capacidad real de carga demográfica que es capaz de soportar el archipiélago para poder ordenar el futuro de Canarias en las próximas décadas. Son varias las ideas que recoge este documento al respecto aunque una aproximación completa al problema requiere de diálogo más allá de estas páginas, con una visión que contemple desde la soberanía alimentaria y energética hasta la relación con distintos actores internacionales, pasando por aspectos culturales y de identidad. Un estudio de la capacidad demográfica del archipiélago, su conocimiento y debate público, y la implantación de las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad de Canarias a largo plazo son sin lugar a dudas compromisos que debemos adquirir. 

Finalmente, atendiendo a la movilidad, los tres niveles descritos anteriormente (movilidad intrainsular, interinsular y exterior) requieren de una serie de apuestas y compromisos distintos pero complementarios. En lo que respecta a la movilidad intrainsular, dejar atrás una cultura basada en el transporte individual requiere de una fuerte inversión de recursos públicos para aumentar la frecuencia y eficacia del transporte colectivo, que tiene que convertirse en los próximos años en el eje principal que canalice la mayor parte de los desplazamientos. En un escenario donde el cambio climático va a obligar a cambios profundos e inmediatos, donde tenemos además que proteger un territorio sensible, atravesado por infraestructuras viarias muchas de veces saturadas ya, el cambio en el sistema de movilidad ha de ser inclusivo y no puede dejar a nadie detrás. Es por eso que ante las limitaciones directas e indirectas al uso del transporte individual, el transporte público y colectivo debe ser asequible y seguro para todo el mundo. Impulsado por la inversión pública, el transporte colectivo debe convertirse ya en una alternativa real al uso del coche particular.

De cara al transporte interinsular, el proyecto de país para un territorio fraccionado como es el de Canarias debe contemplar la posibilidad de medios de transporte de titularidad pública tanto por mar como por aire, particularmente enfocado en las conexiones entre islas. En paralelo, debe supeditarse también las características de estos desplazamientos (tiempo y frecuencia) a la sostenibilidad de las poblaciones animales que actualmente se ven seriamente amenazadas. Nuestro compromiso por tanto se proyecta hacia un modelo de transporte entre islas asequible, público, y que sea compatible con la vida de los ecosistemas que atraviesa.

Por otro lado, afectando tanto a los desplazamientos entre islas como a la movilidad exterior, se debe acabar con el trasvase de rentas que supone la bonificación actual a residentes sin atender al nivel de renta ni al volumen de desplazamientos. Además de ello, es necesario también apostar por la implantación de la obligación de servicio público para los vuelos estatales, como única manera de garantizar que todas las canarias y canarios que se ven obligados a vivir fuera de las islas puedan mantener su vinculación con el archipiélago.

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Participación y Derechos Humanos

Para las personas que componemos DRAGO CANARIAS el ejercicio de la participación en la vida pública está inextricablemente unido al reclamo por unos derechos sociales universales que funden un sentido de vida nuevo. No es casualidad que las personas que más necesitan el ejercicio de estos derechos sean precisamente aquellas con mayores dificultades de todo tipo para poder participar. Es por ello que aparecen en el mismo bloque de este documento ambas áreas y es también por ello que lanzamos una serie de propuestas que buscan ensanchar el horizonte de ambas dimensiones en una perspectiva popular canaria y emancipatoria. 


Diagnóstico sobre la desafección política

La desafección política es, sin duda, uno de los grandes desafíos a superar por la democracia canaria. Un ejemplo claro de esto lo pudimos observar en las pasadas elecciones autonómicas de 2019, donde el 42.57% del electorado canario no participó en el proceso democrático. Dicho de otra manera, de cada 10 votantes canarios 4 sintieron que su voto no era importante. Sin duda, estamos ante un problema sistémico que asuela a la población de nuestro archipiélago.

Si bien las causas de esta situación son múltiples y variadas, nosotros identificamos las siguientes como los grandes pilares que sustentan la alienación antes descrita.

Pérdida de lazos comunitarios

Uno de los grandes problemas que incentivan la desafección política es la pérdida de lazos comunitarios. Cuando una persona no se identifica con su comunidad, ya sea mediante su barrio, ciudad, isla o archipiélago las probabilidades de participación descienden rápidamente.

El porqué de este descenso viene dado por múltiples razones, nosotros queremos hacer hincapié en dos grandes culpables. Por un lado vemos cómo la disponibilidad de espacios comunitarios ha ido desapareciendo. Quitando los grandes focos de ocio capitalinos, apenas quedan espacios físicos donde la población pueda reunirse y socializar. A esto le sumamos que los pocos espacios que aún perviven han sido mercantilizados, provocando así una asimetría tanto en su acceso como en las relaciones que en ellos se producen. 

Asimismo, vemos cómo los eventos populares que servían como pegamento social han sido reconvertidos en atracciones para turistas o redefinidos como eventos de ocio personal e individual, eliminando cualquier matiz social o reivindicativo que pudieran haber tenido. Esta situación acaece a pesar de las medidas que se han promovido y se siguen promoviendo desde el seno de la Unión Europea para favorecer el derecho de la llamada “ciudadanía activa”, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en el libro blanco La gobernanza europea y la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 6 de diciembre de 2001, sobre la participación ciudadana en la vida pública local.


    Más allá del marco europeo, la propia Constitución Española, en el art. 9.2 subraya que, “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”


Indefensión Aprendida: un problema añadido

Se entiende como indefensión aprendida la condición de una persona que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva. En definitiva, lo que se produce es la percepción de ausencia de control sobre el resultado de una situación.

Con esto hacemos referencia a la situación de muchas personas que tras años de intentar conseguir un futuro mejor y tras ver que ni ella, ni nadie de su entorno, consigue resultados acaba por asumir su contexto como firme e invariable. Al suceder esto la persona deja de intentar mejorar su entorno, normalmente como medida de protección del ego. Dicho de otra manera, después de años de abandono las personas se preguntan, con razón, por qué deberían intentar participar si sus voces nunca son escuchadas.

El resultado final de esta indefensión aprendida es, entonces, el del fatalismo. Este fenómeno se caracteriza por el conformismo y la sumisión, una tendencia a no realizar esfuerzos y a mostrarse pasivo, así como una excesiva focalización en el presente. Provocando una falta de memoria del pasado y de planificación para el futuro. Es fácil ver cómo estos síntomas dificultan el activismo político.

Esto se puede observar, sobre todo, en entornos de pobreza heredada. El sistema ha fallado de forma sistemática a estas personas, por lo que han decidido dejar de interactuar con las herramientas de participación democrática al entender que estas no son para personas como ellas.

Este punto es especialmente preocupante dado que los poderes públicos fomentan esta realidad, como ya se le indicó al Estado Español desde el Consejo de Europa en boca de su Comisaría de Derechos Humanos al señalar, con respecto a la Ley Orgánica de seguridad ciudadana y su posterior reforma actual, que continúa dando amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla, permitiendo una aplicación desproporcionada y arbitraria.

En artículos de esta ley como los que controlan y permiten a restricción del tránsito y controles en las vías públicas, las comprobaciones y registros públicos, los registros corporales externos, las medidas de seguridad externas, reuniones y manifestaciones, espectáculos y actividades recreativas, y finalmente las sanciones establecidas en esta norma, siendo estas disuasorias para la participación ciudadana en espacios

Presiones del día a día

Por último queremos mencionar que en muchas ocasiones la participación política es un privilegio. Aquellas personas que por su situación laboral trabajan horarios imposibles, que tengan trabajos precarios e hijos o hijas a su cargo o en situación de exclusión social difícilmente tendrán los medios, el tiempo o la fuerza de voluntad de poder tener una participación informada. Este contexto, desgraciadamente muy común en nuestro archipiélago, suele producir apatía y desafección política.


Ultracompetitividad VS colaboracionismo.

Al abordar uno de los factores que hemos detectado como generadores de la desafección, al producir ese agotamiento recurrente que se ha instaurado en la sociedad canaria, observamos como la mercantilización de la sociedad nos ha llevado a sufrir, asumir y aceptar la ultracompetitividad entre los individuos que conformamos nuestra sociedad. 

Una ojeada rápida en los diferentes motores de búsqueda de internet nos arroja los beneficios de una sociedad competitiva, incluso ultra competitiva. Frases tan manidas como “los últimos serán los primeros, la competencia reduce los costes, la competición nos prepara para vencer”… va apuntalando una narrativa que nos hace asumir esa realidad como la adecuada, la ideal, la que nos permitirá alcanzar aquellos objetivos vitales. 

Este constructo nos hace estar en alerta continuamente, lejos de ser pasivo, se puede afirmar que es activo-agresivo, en la mercantilización de nuestra sociedad, nos bombardean continuamente con “parches” que mejoran nuestro rendimiento, conocimiento, habilidades, haciéndonos caer en esa vorágine de tener la necesidad de vivir a la última de todo lo que nos rodea. Tenemos que ser más que los que nos rodean, porque no hay otra manera de sobrevivir en esta jungla… frase manida que más de una vez habremos escuchado. Igualmente se juega con nuestra psique al lanzarnos miedo, que o mejoramos o no llegamos. Y si paramos y nos detenemos un segundo observamos que aun así, en constante formación, no alcanzamos para lograr aquellos objetos que nos hemos marcado. O mejor dicho que nos han marcado como vitales. ¿A cuántos nos ha pasado, o conocemos a personas canarias que han tenido que quitar cosas del currículum, porque los puestos de trabajo ofertados requieren menos preparación?

Este estrés mental, de una sociedad ultracompetitiva, que ha mercantilizado cada segundo de nuestra vida, nos ha dirigido y nos sigue dirigiendo a un estado de apagado y encendido con lo que nos rodea. Nos encendemos con la realidad ante los estímulos que nos tiran a la cara para que compremos, para que saltemos ante hechos que nos dicen que atentan contra nuestra libertad, libertad de toda índole, sin tiempo a que podamos a analizarlos, y nos apagamos con todo aquello, que no nos sobreestimula. Un control de masas agudo, sutil, dirige la atención del individuo sin dejar espacio ni tiempo para que el individuo pueda parar y generar un análisis crítico de la realidad que nos rodea. Y es ahí donde las cosas suceden sin freno, los individuos estamos agotados frente a la velocidad con la que nos mueve la mercantilización de la sociedad. 

¿Cómo le ponemos freno? Como dice la doctora en medicina y paleonatropóloga, fundadora de la Sociedad Europea para el estudio de la evolución humana, María Martinón Torres, “el más débil no es el frágil sino el que está solo”. 

Es interesante extraer la realidad que nos ha ocultado y nos oculta la mercantilización de la sociedad, que nos lleva a convertirnos en individuos fuertes y preparados, porque es una batalla de uno contra todos. Pero no es así, y nunca ha sido así. 

Podemos ponerle freno a la ultracompetitividad haciendo lo que sabemos hacer a la perfección, colaborando entre nosotros y nosotras, siendo seres humanos. Lo he denominado colaboracionismo, a pesar de las connotaciones bélicas que tiene, porque no deja de ser una actitud frente a lo establecido, aquello que no nos genera bienestar aunque nos lo vendan así, en una vorágine de consumismo sin fin. Debemos colaborar para avanzar y colaborar para poner freno a ese individualismo exacerbado que nos impide parar, detenernos y razonar e intuir los acontecimientos que suceden o están por suceder. 

Las islas como individuos, que otros partidos fomentan la lucha individual solo nos lleva a esa desastre que llevamos arrastrando, el tú más, de todos los políticos en los años de democracia, la lucha de poder que se sustenta en ese sistema social mercantilizado nos ha llevado a esta situación insostenible de nuestra tierra, de tapar con parches todos los agujeros por los que se escapa la energía de nuestra gente. Por ello, desde DRAGO CANARIAS deberíamos fomentar el colaboracionismo entre islas, entre municipios, entre barrios, entre individuos, entre individuos porque somos gregarios, somos seres colaboradores en esencia, que nos han engañado y nos siguen engañando. 

Empecemos con pequeños gestos hasta alcanzar grandes gestos con los que podamos cambiar nuestra realidad social isleña. Sumando todo ello con la argamasa de la narrativa, debemos construir y hacer ver a la gente, que les engañan con ruido, cuando para convivir y avanzar tenemos que colaborar. 


Conclusiones

Para concluir añadiremos que si bien en este documento se presentan las causas como entidades discretas, estos procesos están profundamente interconectados y se retroalimentan los unos a los otros. En definitiva, lo que consiguen todos estos elementos es crear modelos mentales en la cabeza de los canarios y canarias que propician la desafección política. Estos modelos mentales se basan en un sentimiento de apatía ante un futuro que ven incierto, desesperanzador y ante el cual se sienten impotentes para cambiarlo.

PROPUESTAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN

Creación de Espacios Comunitarios

Creemos que es de vital importancia la creación de espacios comunitarios que permitan a la ciudadanía canaria relacionarse de forma horizontal y simétrica. Con esto hacemos referencia no solo a espacios físicos que permitan a distintos grupos sociales interactuar entre ellos, sino también a una planificación de eventos concretos, definidos para tal fin. Creemos que este tipo de iniciativas pueden ser de gran utilidad, ya que no solo facilitan la creación de lazos comunitarios, también ayuda a crear los “espacios públicos” donde la contranarrativa al discurso oficial toma forma. Asimismo, este tipo de eventos o espacios, cuando son de carácter lúdico-social contribuyen a una participación más transversal que eventos puramente políticos.

En este sentido, este tipo de propuestas están amparadas tanto en el artículo 21 de la Constitución Española, como en la Ley Canaria 5/2010, de 21 de junio, de fomento a la participación ciudadana, que establece fomentar medidas que impulsan la participación ciudadana en una sociedad plural para la defensa de los valores democráticos y solidarios, así como desarrollar los correspondientes instrumentos de intervención de la ciudadanía en las actuaciones de las administraciones públicas.


DERECHOS SOCIALES 

DIAGNÓSTICO

Exclusión y Desarrollo social.

La situación de los Derechos sociales en Canarias es, desde hace muchos años, una asignatura pendiente. año tras año los diferentes indicadores advertían de la penosa situación de cada vez más familias canarias mientras los sucesivos gobiernos han ido mirando para otro lado como si el problema no fuera con ellos. 

Según la información contenida en el Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias (FOESSA), El 29,1% de la población Canaria se encuentra en situación de exclusión social. ¡Esto es 1 de cada 3 Canarios! Destaca que la exclusión social en Canarias se ensancha y se hace más profunda, crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico. La dimensión que mayor proporción de población presenta son situaciones relacionadas con la vivienda (30,8%), el empleo (29,3%), el consumo (23,2%) y la salud (19,7%). Los siete problemas que afectan a más del 10% de población son:

  • dificultades para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos

  • pobreza severa

  • gastos excesivos de vivienda

  • inestabilidad laboral grave

  • insalubridad en el hogar

  • desempleo de todas las personas del hogar

  • presencia de una persona en el hogar desempleado de larga duración sin formación


Las principales variables determinantes del riesgo de exclusión son:

  1. Tipo de ingresos

  2. Situación de pobreza

  3. Ocupación

  4. Nivel de estudios

  5. Nacionalidad

De manera transversal influyen la edad y el tipo y tamaño del hogar, destacando aquellos en los que hay niños/as y/o adolescentes y los hogares monoparentales.

El perfil de la exclusión en Canarias es autóctono, femenino, en pobreza severa.

Como podemos ver, para hacer frente a esta situación se debe atender a múltiples factores, muchos de ellos fuera del ámbito de competencias de esta comisión sectorial (vivienda, empleo, educación, etc), pero sí que nos corresponde ofrecer un diagnóstico de la situación y ofrecer respuestas para los colectivos más vulnerables y tratar que las propuestas sean transversales y aborden la problemática desde diferentes frentes.

Canarias se encuentra en una situación, en materia de Servicios Sociales, muy deficiente. Si a la elevada tasa de pobreza (37,8% -AROPE-), de las mayores de España, le sumamos la evaluación del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales para Canarias (DEC -Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales-) que los califica como: IRRELEVANTES (3,66 sobre 10), ocupando el puesto 15 de 17 CCAA,  deja bastante clara la necesidad de trabajar mucho e intensamente en Derechos Sociales. 

Habría que destacar que, aunque según el informe DEC, se hace un buen esfuerzo económico en los Servicios Sociales, la realidad es que esto no se plasma en una mejora de cobertura de los mismos, es decir, Canarias en el ratio cobertura/gasto obtiene la puntuación más baja lo que quiere decir, que es muy ineficaz. Habría que ver si esto se debe únicamente a las características de nuestro territorio (insularidad y fragmentación) o si además  subyace una gestión deficiente, o algo peor.

Por otro lado, Canarias obtiene la puntuación más alta en el ratio derechos/cobertura lo que implica que se reconocen derechos muy por encima de su cobertura efectiva (Derechos de papel). Cierto es que la insularidad y fragmentación de nuestro territorio, otra vez, hace que nuestro nivel de eficiencia siempre sea menor que el de otras regiones al tener que multiplicar equipos e infraestructuras, pero debemos trabajar para que sea el óptimo en cada isla y, sobre todo, que este dinero se plasme realmente en servicios para las personas que es lo que da sentido a la existencia de los derechos y servicios sociales.

Ecosistema mediático acrítico con las desigualdades

Se da la paradoja que a pesar de que los datos, como acabamos de ver, son terribles, en Canarias nos han dicho tantas veces que vivimos en un paraíso que finalmente nos lo hemos creído y  esta es la única visión que, desde las instituciones, se quiere ver y se quiere dar de las islas. Cualquier otra realidad que se muestre sobre las islas molesta e intenta ser censurada. Tenemos tan interiorizado que “vivimos del turismo” que cualquier información que pueda interpretarse que daña esta imagen se censura de inmediato. 

De este modo se pretende ocultar al potencial visitante e incluso a la sociedad canaria que, hay un gran porcentaje de población que vive bajo el umbral de la pobreza en la que se ceban diversas problemáticas. Consecuentemente, este mismo mensaje cala entre la población local que acaba por asumir que “esas cosas no se pueden enseñar porque espantan al turista”. Lo que se está haciendo es ocultar una realidad y darle la espalda, en lugar de batallar para resolverla y mejorar las oportunidades de las personas y su calidad de vida. 

Las soluciones a estos problemas no sólo deben articularse desde los Derechos Sociales sino que necesariamente deben partir también desde otros ámbitos autonómicos, insulares y municipales, entre los que podemos destacar Vivienda, Empleo, Educación, Cultura, etc. Son problemáticas complejas que requieren de respuestas complejas.

Colectivos “olvidados”

Los colectivos en exclusión social o en riesgo de padecerla, en realidad, son un grupo muy heterogéneo de colectivos de personas a las que se debe dar apoyo desde las instituciones, para que puedan alcanzar un nivel mínimo o estandarizado de calidad de vida.

Debemos ser muy críticos con el estado de los derechos sociales ya que nunca han sido una prioridad para los sucesivos gobiernos autónomos. En esta última legislatura se han concentrado esfuerzos principalmente en dos temas: mejorar las vergonzosas listas de la dependencia y la renta de ciudadanía, recientemente aprobada, precedida de las mejoras en la Prestación Canaria de Inserción. 


Si bien se han producido una serie de hitos positivos en la gestión de la dependencia:

  • se ha reducido la lista de espera  -28,9% 

  • se ha atendido a casi 8000 dependientes más que en el ejercicio precedente (un 29,53%)

  • Se ha reducido la lista de espera de las personas en el “limbo” en casi 3.000 personas

Sin embargo hay otros datos que tambien hay que mencionar:

  • la lista de espera es la más alta de las CCAA con 977 días.

  • tenemos la cuarta peor tasa limbo de todas las CCAA, con más del 16,93% sobre el total de las personas solicitantes, cuando la media se sitúa en el 11,9%.

  • De continuar con el ritmo de atención alcanzado en este último año tardaremos De 2,5 años en atender la lista de espera de las 7.071

  • De las nuevas prestaciones dadas a las personas dependientes el 75% las destinó a PEVS (prestaciones económicas vinculadas a servicio -38%-) y a PECEF (prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar -37%-). Este es el camino fácil: dar prestaciones económicas (que no cubren el servicio en su totalidad) y que la persona y su familia se “busquen la vida”, en lugar de crear servicios de atención como centros de día, servicios de autonomía personal, ayuda a domicilio, residencias, teleasistencia, etc. Tema a parte merece el considerar la privatización de la gestión de los servicios a empresas privadas con ánimo de lucro (es éticamente reprobable que haya personas que hagan negocio con las personas más vulnerables de la sociedad).

  • Las PEVS ocupan ya el 31,1% de la cartera de servicios canaria (frente al 10,84% nacional) dando atención a más de 12.018 personas dependientes que son atendidas con un coste medio mensual de 399,49 € mensuales en los subtipos de atención residencial y Ayuda a Domicilio.

  • Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 3.203 personas en lista de espera, sin ser atendidas.

Por otro lado la Renta de Ciudadanía, recientemente aprobada, aún no podremos emitir juicios hasta que pase al menos un año y veamos su implantación y efectos. Ya vimos como la implantación del IMV a nivel nacional ha tenido importantes dificultades en su implantación debido a que la mayoría de casos a las personas les era imposible acreditar los requisitos exigidos por la ley o porque se les concedió la ayuda para luego reclamársela, generando un problema añadido en vez de una solución.

Más allá de esto, existen un gran número de situaciones que merecen atención. Uno de los enfoques que debemos adoptar sobre las diferentes situaciones es que las personas que se pueden ver afectadas por una o varias de estas situaciones necesitan de una atención integral, realizada desde un enfoque holístico. Por tanto los servicios que se diseñen desde la administración además de contemplar una visión centrada en las personas, no deben ser parcializados para evitar generar “parches” a las complejas situaciones que presentan estas personas. Además es muy importante  que nos adelantemos a lo que sucederá a continuación, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de las personas, esto permitirá a la administración ser capaz de planificar con antelación los recursos que van a ser necesarios dentro de 5 ó 10 años.

Los recursos y servicios existentes trabajan como compartimentos cerrados, y con gran desconocimiento de las realidades del resto. Tratar a las personas como “muebles” a los que podemos cambiar de sitio y donde lo que importa es que “ya no es competencia mía” y ahora “le paso el problema a otro” provoca estas situaciones de falta de planificación, provocan deshumanización, listas de espera interminables y un maltrato que la ciudadanía no se merece. 

La apuesta más potente y seria, aunque también la más arriesgada, es la de atender a las personas, las familias y a toda su realidad y establecer mecanismos de seguimiento para poder predecir situaciones futuras, poder prevenirlas y/o planificar los recursos que serán necesarios a medio o largo plazo.

Algunos de los colectivos por los que se puede comenzar a realizar este enfoque son:

  • Mujeres víctimas violencia de género: 

  • Personas sin hogar

  • Personas con discapacidad. 

  • Personas con enfermedad mental.

  • Menores

  • Migrantes

  • Madres Solteras

  • etc. 

Conclusiones

Como consecuencia de la escasa gestión y nulo interés de los temas sociales tenemos:

  • La saturación del sistema por la falta de recursos humanos y la excesiva burocracia. Lo primero que atender es la situación de las personas y la burocracia hay que estudiar cómo satisfacerla de la manera más eficiente. No podemos paralizar ayudas o apoyos a las personas por culpa de los papeles. Crear un sistema centralizado de información, previsto en la Ley de SSSS, parece la solución apropiada, para ello debemos explorar las posibilidades que los avances en nuevas tecnologías nos ofrecen.

  • Servicios Sociales ineficientes y más reactivos que proactivos, tendentes al asistencialismo frente a la atención integral y preventiva. Este tema enlaza con el nuevo modelo que deberíamos facilitar centrado en las personas, holístico y en su evolución a lo largo de la vida. 

  • El trabajo social cada vez se reduce más a la tramitación de prestaciones y ayudas, y se ha perdido el enfoque integral a la hora de valorar la interrelación de las necesidades de las personas y sus familias. Los profesionales pasan más tiempo cumplimentando papeles que atendiendo a las personas. No debemos perder de vista el “para qué” están creados los Servicios Sociales, para atender, ayudar y apoyar a las personas con necesidades, la burocracia es lo que acompaña a este fin, pero no se debe convertir en la tarea que ocupa a los profesionales la mayor parte de este tiempo.

  • Falta de coordinación entre Servicios Sociales y otras áreas (Educación, Justicia, Empleo, Sanidad, etc). Como ya se señaló, afrontar la cuestión de las personas de una manera holística es básico y central. Hasta ahora las personas son competencias de educación o de empleo o de servicios sociales o de la Consejería que corresponda, nadie se encarga de aportar una visión de conjunto sobre ella. Cuando una persona tiene problemas para encontrar empleo puede deberse a problemas que vienen desde educación, o por padecer una discapacidad, o a problemas de salud, etc. La administración dispone de toda esta información pero de manera desagregada. El abordaje que se diseña y realiza de las problemáticas no es la adecuada al no estar integrando toda la información de la que disponemos.  Esta cuestión es clave ya que simultáneamente estaremos dando respuesta a varias cuestiones al mismo tiempo, la eliminación de burocracia, el aumento de la eficiencia, la reducción de las listas y tiempos de espera, el diseño e implementación de respuestas holísticas sobre las personas, etc. 

  • Gestión de los Servicios sociales por parte de empresas con ánimo de lucro. Si los Servicios que se desarrollan para las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables de la sociedad persiguen una mejora de su situación y hacerlo desde un punto de vista de equidad (dar más al que más necesita), lo hace incompatible con que empresas ganen dinero prestándolos porque ese lucro sólo puede salir de dos cosas: empeorar las condiciones laborales de los trabajadores (recurso clave en este tipo de servicios) y recortar en los propios servicios que se prestan (alimentación, limpieza, mantenimiento, etc)


Acceso universal a suministros básicos en Canarias

La energía y el agua es un bien básico, de primera necesidad y, como tal, un derecho innato que debe estar recogido como base fundamental de todas las políticas, tanto en el ordenamiento jurídico como en las normas de comportamiento social. La realidad es que la crisis y la subida de precios evidencian que cada vez hay más personas que forman parte del colectivo que sufre pobreza energética, situación alarmante y para la que no es solución un sistema asistencial, porque es un problema enquistado que cuestiona derechos humanos esenciales. 

El aumento de la pobreza, la opacidad en la fijación de precios, el desapego social ante la transición energética y la falta de grados de libertad de los consumidores para paliar los efectos de la subida de precios, demandan un cambio estructural de un modelo que no se ajusta a las exigencias básicas que deben regular la cobertura de las necesidades de las personas. El Gobierno de Canarias debe ser garante de este derecho y actuar no sólo desde el punto de vista regulatorio, sino como agente activo para que los suministros básicos sean un servicio público. 

Que nuestras necesidades energéticas y de abastecimiento sean cubiertas bajo criterios de equidad, de justicia social territorial e intergeneracional y de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente es una obligación que debemos tener presente en todo momento.

Las consecuencias, tanto económicas, por el incremento de precios, como de riesgo de la garantía de suministro implícito en la dependencia de los combustibles fósiles, así como de calidad y acceso abierto a las redes de distribución necesaria para el desarrollo de las renovables, son un reflejo fiel de que la transición del modelo social ni ha ido a la velocidad necesaria ni se ha ajustado a un modelo de gobernanza adecuado. 

Los cuestionamientos sobre la garantía de suministro no deben suponer un retraso en la apuesta por el ahorro, el consumo responsable, la eficiencia y las renovables, sino más bien al contrario: hay que ampliar la ambición de las metas y facilitar su desarrollo regulatorio y económico, anteponiendo siempre la consideración de la energía y agua como un bien esencial y no como un negocio. En definitiva, defendiendo los intereses de todas las personas frente a los de un segmento reducido de la ciudadanía y de determinados intereses económicos.

Una mayor ambición y ritmo de crecimiento en la implementación de iniciativas de mejora de la eficiencia y de aprovechamiento de fuentes de energía renovables deben ser objetivo de la política energética.

Esta aceptación social debe ser fruto de mecanismos de distribución de los beneficios económicos y sociales generados hacia las clases sociales afectadas, por la desigualdad del reparto de valor que caracteriza el sistema, así como de procesos de información, diálogo y escucha de las zonas de implementación y de influencia. Es importante que en el medio rural no opere un modelo basado en la mera actividad extractiva que pone en riesgo su modo de vida actual: la apuesta por el mantenimiento de la superficie agraria útil, por la limitación del tamaño de las plantas, por la participación de un mayor número de agentes, por su consideración ambiental conjunta, por el cuidado y la salvaguarda de la biodiversidad y de la cultura son elementos importantes que deben tenerse en cuenta.


PROPUESTAS

Derechos sociales

  • Continuar con el despliegue de la Ley de Servicios Sociales además de elaborar otros documentos e instrumentos que ayuden como es la Elaboración de un Plan Estratégico y de un Mapa de cobertura de SSSS.

  • Ordenación territorial en la que Cabildos, Municipios y Gobierno de Canarias alcancen un pacto global hacia un modelo vertebrado de SSSS.

  • Establecimiento de sistemas de trabajo interdepartamentales y adaptar la administración a las personas. 

  • Simplificación del sistema. Puesta en marcha del expediente único, empleando para ello las nuevas tecnologías.

  • Diseñar y desplegar, con la participación activa de las entidades sociales, políticas dirigidas a mejorar la atención y los servicios a los colectivos más “desatendidos” hasta ahora: Personas con discapacidad, con enfermedad mental, Mujeres víctimas de violencia de género, Personas Sin hogar, Madres solteras, etc. 

  • Ley de participación del tercer sector de acción social.

  • Mantener e incrementar la intensidad en los esfuerzos realizados en los últimos años en Dependencia, para poder alcanzar los estándares medios del estado en cuanto a listas de espera y número de personas en el limbo.

  • En lo que respecta a la atención a las personas, transitar hacia un modelo en el que primen los apoyos a las personas y familias en los domicilios de éstas y sus entornos más próximos, cuando está situación sea adecuada, en lugar de institucionalizarlas. Esto, a su vez, repercute en la creación de empleo local y de calidad.

  • Cambiar el enfoque de la gestión de los SSSS, pasando a uno más productivo y preventivo. Un modelo de atención basado en un enfoque centrado en la persona teniendo en  cuenta una visión holística y evolutiva de las personas.

  • Evaluación de los servicios en base al modelo de atención que se quiere prestar a las personas. Modelo centrado en la calidad del servicio para las personas.

  • Los servicios dirigidos a las personas sólo deben ser gestionados de manera directa o por entidades sin ánimo de lucro que incorporen y acrediten ser coherentes los valores de la economía solidaria.

Garantía de suministros

● Por la garantía de suministros vitales para mejorar la justicia social de nuestras ciudades que, obviamente, por correspondencia, debe incluir que la garantía sea pública. 

● Por eficiencia. La cobertura de las necesidades requiere asumir puntos de asesoramiento y personal específico. 

● Por la gestión del agua y priorizar energías renovables, dado que la forma más barata de generar electricidad es con fuentes de energía renovables.

● Por democratizar el modelo energético y de gestión del agua, situando a las personas en el centro del sistema, ejerciendo como sujeto activo su derecho innato a comprar, vender, generar o almacenar energía. 

Tenemos que configurar un sistema de formación de precios que permita abastecer las necesidades bajo criterios de eficiencia y que responda, de forma transparente, a los costes que los originan. Los principios para establecer el precio final deben ser la transparencia de la señal de precio, el pago por uso y la progresividad del precio en función del consumo teniendo en cuenta las características del consumidor, por equidad y eficiencia. Es necesario establecer para cada tipo de unidad familiar un mínimo vital que tenga un coste reducido o, incluso, nulo si su estado es de vulnerabilidad.

La energía, el agua y los alimentos son un bien básico, de primera necesidad. Todos debemos tener acceso en condiciones justas a ellos. Este acceso debe ser garantizado como un servicio público a toda la ciudadanía.

Las instituciones deben ser garantes de estos derechos y actuar no sólo desde el punto de vista regulatorio, sino como agente activo para que el suministro de energía sea un servicio público. 

El aumento de la pobreza, la opacidad en la fijación de precios, el desapego social ante la transición energética y la inexistencia de grados de libertad de los consumidores demanda la subversión de un modelo que no se ajusta a las exigencias básicas que deben regular la cobertura de nuestras necesidades, entendidas como un derecho.

Hay que tener en cuenta que la energía, el agua y los alimentos son elementos vitales, pero su disponibilidad conlleva externalidades asociadas y el consumo de recursos naturales. Que nuestras necesidades sean cubiertas bajo criterios de equidad, de justicia social territorial e intergeneracional y de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente es una obligación que debemos tener presente en todo momento.

Otras propuestas a evaluar:

  • Fondo económico para el desarrollo de la legislación canaria en materia de pobreza energética.

Con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación canaria en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un Fondo con una aportación suficiente para garantizar que las personas vulnerables dispongan de los derechos y descuentos en la normativa reconocidos, tanto en el Bono Social Eléctrico, como en la aplicación de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética

  • Dotar al Gobierno de Canarias de medios para la creación en sus capitales insulares de una red de oficinas de información y defensa de los derechos relativos a suministros básicos. La última década ha provocado un aumento enorme de la exclusión y la pobreza. Todo ello sumado a los estudios recientes que demuestran el elevado desconocimiento del lenguaje y estructura del sector energético, hacen necesaria la financiación de campañas de concienciación con información relativas a derechos relativos a suministros básicos, con el fin de que las consumidoras y los consumidores puedan ejercitar plenamente sus derechos.

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Identidad, Cultura y Deportes

La identidad, a pesar de ser relegada habitualmente a un plano secundario o alejado de lo político, está en el corazón de cualquier proyecto que busque aumentar el grado de bienestar social. La identidad se refiere nada más y menos que a lo que somos. Es muy difícil de definir y, sin embargo, organiza y articula nuestra vida en sociedad de manera bastante precisa. La manera en que lo hace es a través de categorías que hablan de nuestras pertenencias culturales, nuestras características corporales, nuestras formas de desear, y así un largo etc. En DRAGO CANARIAS somos conscientes de la relevancia de la cuestión identitaria y lejos de negar el problema, lo ponemos en el primer plano como eje de vital importancia en nuestra propuesta política. 


Diagnóstico

Las categorías identitarias aglutinan a personas distintas por un rasgo en común. Por ejemplo, la categoría “mujer” ha servido para aglutinar a en torno la mitad de personas que habitamos este planeta. A pesar de las diferencias, se perciben elementos en común. La percepción de lo común es cultural: en algunos lugares ciertas semejanzas generarán una idea de pertenencia compartida, en otras no serán siquiera percibidas. También es situacional: una misma persona puede habitar una categoría en un contexto y deshabitarla en otro. 

Las identidades culturales a menudo se solapan o conflictúan con identidades nacionales, étnicas o religiosas. La identidad canaria sería un tipo de identidad que refiere a aspectos culturales concretos que tendrían en común personas vinculadas al archipiélago canario. Estos elementos tendrían que ver, por una parte, con las condiciones físicas del territorio y, por otra, con la historia del territorio, aunque se trata de aspectos indisociables. La historia de las islas es incomprensible sin hacernos cargo de su realidad geográfica (desde su papel geoestratégico a las características climáticas que han condicionado el tipo de explotación del territorio).

En este sentido, la cuestión territorial parece un punto de vista central para abordar la identidad canaria. Esto es algo común en los territorios afectados por el colonialismo y también en los territorios insulares. Probablemente en las articulaciones identitarias de la identidad francesa encontraremos poco “espacio” y mucho “tiempo”, esto es, mucha historia. En un archipiélago como el canario es al revés: expulsado de la Historia con mayúsculas, se vuelca aún más sobre el territorio como pertenencia.

La identidad canaria sería una identidad cultural que no coincidiría con una nación con reconocimiento oficial, ni con una identidad étnica clara, ni está propiamente en un continente. Ahora bien, por su cercanía extrema respecto de este, se podría considerar que se trata de una cultura africana como punto de partida. Además, sus orígenes culturales están ubicados en el espectro cultural norteafricano amazigh. Sin embargo, es muy poco habitual enmarcar a Canarias en el marco de las culturas africanas.

Esta paradoja tiene su explicación en la historia y, en particular, en el impacto de las expansiones coloniales de la modernidad europea. La pertenencia político-administrativa del archipiélago y el impacto durante cinco siglos de las culturas europeas en el territorio hacen que la pertenencia africana haya sido denostada. No sólo porque la cultura canaria comparta elementos lingüísticos, religiosos, sociales y políticos con culturas europeas, sino porque estos elementos además denostan culturalmente lo africano, y lo negro en particular. Los imaginarios cristianos de la pureza de sangre, vehículo de la colonización moderna, dieron lugar a lo que hoy conocemos como racismo.

Tenemos un problema. ¿Es la identidad canaria, entonces, una identidad africana o europea? A pesar de su pasado y ubicación, e incluso del racismo, ¿no tendría más sentido nombrarla como una cultura europea por su afinidad? Para complicar aún más la cosa, la enorme presencia de trasvases con el continente americano han hecho pensar que lo canario, más que algo español, es algo hispano, con lazos muy estrechos en especial con la cultura caribeña. ¿Entonces?

Vayamos por partes. La identidad canaria no estaría clara en su definición continental (parece que impusimos parte de la historia al centrarnos sólo en un continente). Tampoco en lo que refiere a su pertenencia nacional, pues parecería que amputamos partes de la historia con la categoría “identidad española”, entre otras los fuertes trasvases con otras naciones europeas. El terreno seguro sería más insular, un terreno si se quiere más conectado con la etnicidad entendida como diferencia cultural significativa asumida por una comunidad.

La identidad canaria se podría concebir como una identidad archipelágica (tal y como lo son la caribeña o la caboverdiana), donde ciertos elementos homogeneizantes son identificables, elementos que tienen que ver con los trasvases culturales intercontinentales que ha habido y con los modelos socieconómicos que han generado estos trasvases (desde las emigraciones en busca de pan a las inmigraciones en busca de sol).

Valga decir, no obstante, que si tenemos en cuenta que todos los territorios (insulares o no) cuentan con un número computable de trasvases y que no por ello dejan de ser americanos o asiáticos, así también habría que decir que entender Canarias como una cultura africana nos daría cierta coherencia epistemológica. En cuanto a la pertenencia española entramos en un terreno más pantanoso, porque las pertenencias nacionales no aluden tanto a la ubicación como a la homogeneidad cultural (a una cierta esencia de los pueblos formulada por el romanticismo europeo). En este sentido, parece mejor evitar esta pertenencia como punto de partida de una definición.

La canariedad sería, por otra parte, una expresión cultural en proceso, pues los trasvases no han cesado y no cesarán, tal y como muestran las teorías sobre transculturación, criollización e hibridación. La canariedad sería, al mismo tiempo, una identidad cultural que sufre los estragos de la colonialidad, esto es, situada en una posición desventajosa en las jerarquías ontológicas (jerarquías del ser), condenada desde su nacimiento al complejo de inferioridad, la autoexotización y la gestión del trauma colonial.

La ausencia de un relato autocentrado sobre la propia identidad ha derivado en la ausencia de una relación con el propio territorio y con otros territorios centrada en las necesidades reales y alejada de las relaciones de poder típicas de la colonialidad: clasismo, racismo, sexismo, etc. Esto quiere decir que la persona canaria siente que habla con una lengua defectuosa pero también que piensa defectuosamente, que está en un escalón evolutivo inferior, entre lo infantil y lo femenino, que la tutorización que recibe es lógica e incluso de agradecer y que las desigualdades que vive o que hace vivir a otras personas son aceptables. Personas, por ejemplo,  excluidas de la canariedad desde hace cinco siglos según el patrón racista de poder.

La canariedad, como identidad cultural no sólo está “alienada”, “pendiente de descolonización”, sino que está en peligro porque los trasvases culturales actuales se siguen realizando en un marco colonial. Esto quiere decir que unos modelos culturales tienen mayor impacto y legitimidad que otros y que chovinismo se confunde con empoderamiento. Las expresiones culturales canarias se ven a través de la lente de la infravaloración y la idealización. Es la misma lente, aunque pudiera parecer lo contrario: la lente de la exotización.

La lente de la exotización dice que Canarias es un paraíso a pesar de las altas tasas de desigualdad social o de destrucción del territorio. La lente de la exotización dice que el acento canario es bonito y gracioso y sexy, y eso quiere decir menos serio, menos fiable, menos académico. La lente de la exotización dice que Canarias es buen rollito a pesar de mantener la tasa más alta de suicidio juvenil del estado español.

La colonialidad se recrea a través de todos los agentes de socialización, de los mass media a la escuela, pero no sólo, también se recrea al modo tradicional, a través de la colonización física del territorio. Las personas que emigran a Canarias haciendo uso de sus privilegios (mayor poder adquisitivo, mayor capital cultural) perpetúan una larga tradición de extractivismo (de la tierra, de los cuerpos y de las cosmovisiones) y contribuyen a una tradición de epistemicidio, infravaloración y explotación. Estas personas tienen todas las facilidades para poder implantarse en este territorio: lo recorren, lo construyen, lo compran, imponiendo significados. Sólo su dinero permanece a buen recaudo, engrosando las arcas de sus países de origen. 

Las personas que emigran para sobrevivir (física y ontológicamente) recrean una larga tradición de colonialidad ejercida por el archipiélago, siendo sus aportaciones económicas y culturales marginalizadas y/o perseguidas y obteniendo todas las dificultades para poder asentarse en este territorio. Esto ocurre, paradójicamente, en un territorio donde las migraciones por causa de la colonialidad sufrida han sido masivas. Esto les ocurre a personas que desean (ellas sí) pagar impuestos para poder tener seguridad social. 


Construyendo la canariedad popular

Como podemos ver la cuestión identitaria es sumamente compleja. Además, por su propia naturaleza, es un debate inacabado e inacabable, aparte de insoslayable. Sin embargo, no es imposible guiarse por algunos criterios rigurosos y comúnmente compartidos. No debemos caer en la nula reflexión y absoluto desinterés de los autonomistas al respecto. Podemos construir un pensamiento propio apoyándonos en la reflexión existente, los mejores elementos del pasado y la elaboración actual a partir de la observación y la participación activa de la ciudadanía. Ahora, previamente, es necesario compartir algunas premisas básicas: 

a. En las identidades, como constructos en permanente transformación, operan múltiples fuerzas, no siempre recomendables, que hacen que sea especialmente delicado moverse en estas aguas. Se debe huir de cualquier tipo de lectura esencialista de la canariedad (o canariedades) que reconsidere su carácter intrínsecamente plural y dinámico. Las identidades no deben ser idealizadas o exotizadas. Hay que tener una política al respecto si no queremos que nos la hagan desde fuera del archipiélago, como de hecho viene ocurriendo. Sin embargo, nunca está de más una dosis justa de prudencia. 

b. Una identidad consciente, sanamente vivida y celebrada, es muy positiva al menos en dos vertientes. En el plano diacrónico, porque nos conecta con nuestro pasado compartido, nos sitúa en el mundo, nos da raíces, seguridad, confianza, para no sentirnos seres desamparados al albur del destino sino parte de una colectividad de cuyo origen estamos seguras y razonablemente orgullosas. En el plano sincrónico, porque nos vincula a nuestras conciudadanas en el presente, reforzando lazos sociales y motivos para unirnos, construir pueblo canario y también analizar con perspectiva crítica y generadora de potencial transformador nuestra realidad más inmediata. 

c. La identidad no es necesariamente el indicador de una determinada ideología y mucho menos de una fuerza política. Sin embargo, podemos constatar que es entre los partidos descentralizadores de todo tipo donde más atención se ha solido prestar a su capacidad de generar conciencia colectiva y potencial emancipador. También los partidos centralizadores han usado la ideología del Estado correspondiente para uniformar y hacer desaparecer cualquier sentimiento nacional diferente al dominante. Son, frecuentemente, quienes más hincapié hacen en que las identidades no existen o son algo irrelevante frente a todo lo demás. Claro ejemplo de cómo algo puede ser utilizado en sentido positivo o negativo. 

d. La identidad tampoco es el sentido de pertenencia. Lo segundo es de mucho interés pero no deja de ser una adscripción normalmente expresada en el momento puntual de una encuesta. Sin embargo, el resto del año, la vivencia identitaria de esa persona puede ser distinta y hasta contradictoria con lo entonces expresado. Intervienen también otros factores como la psicología personal, ideología política, costumbres, ámbitos de socialización, etc. Es un indicador interesante, pero que no deja de conducir a engaños si no tomamos estos datos con cierta distancia. 

e. La identidad no puede ser un objeto de estudio inalcanzable para refugio de los y las académicas y poco más. Debemos defender y celebrar una identidad dinámica, alegre, inclusiva, popular, al alcance de toda la ciudadanía. Hay que abandonar toda tentación de reclusión elitista. Es necesario el estudio riguroso, la investigación, la participación en el debate cultural e identitario con nuestras mejores reflexiones… pero tampoco se debe olvidar que una identidad que no es vivida y sentida por el pueblo, no pasa de ser un artefacto para museos y libros para minorías de autoproclamadas personas expertas. Parafraseando a Wood, para el canarismo popular siempre debe ser mejor “equivocarse con el pueblo que acertar con la academia”. 

f. Por último, si la canariedad es una realidad rica, viva y diversa, habremos de convenir en que probablemente sea mejor hablar de canariedades (tradicionales, contemporáneas, urbanas, rurales, contestarias, convencionales, insulares, diaspóricas, etc.) puesto que todas las diferentes formas de expresión de la canariedad deben ser acogidas y respetadas, tratando de construir espacios de encuentro. Sin embargo, el canarismo popular también debe formular una serie de apuestas y dejar claras sus preferencias y prioridades. Se debe ser inclusivo pero también se debe huir de la ambigüedad calculada. Llevando todo esto en mente, diremos que la identidad canaria o canariedad(es) es/son el conjunto de rasgos culturales de todo tipo que, objetiva y subjetivamente, reconocemos como propios del pueblo canario en las más variadas disciplinas y ámbitos de la vida: lingüística, música, gastronomía, creación literaria, artes plásticas, prácticas y creencias populares, deportes y juegos, tradición oral, patrimonio tangible, etc. 

Es, como cualquier otra identidad, única pero hecha con ingredientes propios y ajenos, desde el sustrato amazigh de nuestras primeras antepasadas, los y las antiguas canarias, hasta la sociedad canaria contemporánea, diversa y, en buena medida, acogedora de la multiculturalidad. Está atravesada por numerosos conflictos de clase, género, identidad y orientación sexual, procedencia, etc. que no conviene soslayar sino hacer aflorar para poder combatirlos adecuadamente en una perspectiva constructiva, intercultural y transformadora. El factor geográfico, nuestra pertenencia al noroeste africano, así como al área de expansión y colonización europea del siglo XV y posteriores, además de nuestros vínculos seculares con varias regiones de América, marcan indefectiblemente una realidad singular, que debe ser reconocida y valorada, antes que contemplada como un obstáculo para el progreso. El canarismo popular comprende e integra este hecho, no como un mero añadido a su programa político sino parte esencial del mismo, vertebrador de energías y potencialidades absolutamente imprescindibles para la transformación social. Una identidad canaria contestataria desafía al status quo tanto como cualquier movilización social. Por eso, el canarismo popular tiene claro cuál es su bando. En suma, nos reconocemos en una canariedad militante, empoderada y combativa, herramienta para la construcción de un país y una sociedad mejor. 


El sentido de pertenencia

Es difícil medir un asunto tantas veces intangible como la identidad. Sin embargo, sí se puede medir, aunque sea por aproximación, a qué conjunto de ideas, metáforas, proyectos, valores,… se siente la ciudadanía vinculada de manera preferente. No es exactamente lo mismo pero puede servir para ir aterrizando sobre un tema siempre complejo. El análisis de décadas de encuestas sobre identidad y sentimiento de pertenencia nos permite aventurar algunas afirmaciones al respecto:

- Todos los sentimientos de pertenencia son legítimos pero el que domina en la sociedad canaria es el simétrico dual, es decir, “tan canario como español”. No se puede aspirar a intervenir en la sociedad canaria sin reconocer esto. Desde el canarismo popular reconocemos en este gran grupo a buena parte de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo,… No son nuestros enemigos. 

- Es legítimo que el canarismo aspire a defender una Canarias pujante y soberana, protagonista de su destino y no actriz secundaria. 

- Como suele suceder en tantas encuestas y estudios de todo tipo, nos hace falta introducir la variable “isla” para acabar de aprehender la cartografía de los distintos sentimientos de pertenencia de la sociedad canaria actual. Somos un país pero también somos islas. No lo olvidemos. 

- La identidad canaria existe con elementos tangibles e intangibles y es probablemente más fuerte que otras identidades propias en el resto del Estado pero está amenazada y en lento retroceso. El canarismo popular debe marcarse como objetivo revertir esta situación en un plazo de tiempo que nunca será corto ni medio. Ahora bien, el sentimiento de pertenencia no es la identidad aunque esté relacionada con ella. La identidad canaria no desaparece a no ser que desaparezca el pueblo mismo, algo que afortunadamente jamás ocurrió en Canarias. Se transforma, evoluciona, algunos elementos mueren pero nacen otros, genuinamente propios, espontáneos o adoptados por contacto, introducción, emulación, etc. Es con esa materia prima con la que hay que trabajar para hacer de la misma una poderosa herramienta de transformación social. Es hora de hacer gala de la desbordante creatividad de nuestro pueblo. 


Principales desafíos

Enumeramos ahora sucintamente algunos de los escollos más importantes para el avance de una “canariedad militante, empoderada y combativa, herramienta para la construcción de un país y una sociedad mejor”, tal y como la venimos entendiendo las personas que conformamos DRAGO CANARIAS. 

- Castellanización.  Es decir, la versión concreta de la globalización cultural que padecemos los y las canarias. Los productos culturales que en todos los campos nos invaden, comiendo terreno para que nuestra cultura se pueda desarrollar sin cortapisas vienen sobre todo de sus centros emisores instalados principalmente en Madrid: medios de información, buena parte de la producción audiovisual, libros de texto y de lectura, no poca producción teatral, musical, etc. Lo llaman “universalismo” y lo revisten con una pátina de apertura mental pero no es sino la extrema dependencia cultural de un archipiélago con respecto a su metrópoli, condicionando hasta a la creación propia, muchas veces prisionera de los temas, imágenes, metáforas del circuito mainstream e incapaz de desplegarse en clave situada. Hasta las películas y series extranjeras vienen dobladas en un acento mesetario en el que no podemos reconocernos. Es obvio que en la creación cultural canaria hay excepciones que todos conocemos: artistas que ejercen su actividad con perspectiva canaria pero no deja de llamar la atención que sean eso, excepciones en su propia tierra, a la cual todavía tantos sólo conciben exclusivamente como plató natural suministrador de ayudas fiscales. Si no tejemos una potente malla de defensa de nuestra identidad, seguiremos retrocediendo. 

- Un sistema educativo extravertido, en el que no cala suficientemente la idea de que el alumnado debe aprender a partir de su propia realidad o buena parte de los contenidos impartidos no tendrán la más mínima relación con ellos, cayendo en el olvido rápidamente. El caso de los deportes autóctonos y su desconexión de la escuela es una muestra flagrante pero se podrían citar muchas otras, especialmente en el terreno de las Humanidades. El canarismo autonomista, pasado el primer impulso tras su llegada al poder en 1993, poco a poco se fue borrando de la tarea y su política al respecto, por llamarla de alguna manera, no se distingue demasiado de la del sucursalismo. El ambicioso programa de Contenidos Canarios, liquidado en su momento por CC tras haberlo puesto en marcha, ha dado paso a programas mucho menos ambiciosos y equiparables a los dedicados a otros asuntos.

- Instituciones todavía poco prestigiadas aunque hayan ganado algo de reconocimiento en los últimos años, no precisamente por la iniciativa política sino por la presión ejercida desde la sociedad civil. Algunos ejemplos son la Academia Canaria de la Lengua o los Premios Canarios de la Música. Y por otro lado, algunos ausentes son: un Teatro Nacional, Compañía de Danza, Coro Nacional, etc. El sistema público de comunicación de radio y televisión (RTVC) tiene sus luces y sus sombras pero sigue siendo concebido más como una herramienta de comunicación política al servicio del gobierno de turno que como un pilar de la construcción nacional como ocurre en otros lugares. 

- La visibilidad de referentes está muy limitada por la brecha identitaria entre pueblo y cultura, además del poco acceso que se tiene a ella. La importancia del referente como persona que defiende la identidad y que protege el sector al que pertenece. Sin referentes estables el pueblo no entrelaza su profesión con su propia identidad. Otra vertiente en relación a referentes, es la excesiva insularización de los referentes culturales de todo tipo. Aquí entrarían en juego, nunca mejor dicho, las selecciones oficiales canarias, que ni siquiera los partidos canaristas autonomistas se molestan en reivindicar. Pareciera que hemos interiorizado que los canarios y canarias apenas podemos tener referentes culturales propios, compartidos por los canarios y canarias de cualquier isla y nos hemos de conformar con el equipo, el grupo de música o el diario digital de nuestra isla. O los equipos, grupos de música o diarios digitales de España. Tenemos que construir expresiones y experiencias canarias, para todo el archipiélago, de tal forma que vayamos cimentando un sentir de comunidad más allá de la isla propia. 

- Una concepción de la identidad y el patrimonio sobre todo como bien de consumo, apreciado principalmente por su valor de cambio en el negocio turístico y no por su valor de uso intrínseco, como elemento enriquecedor de un pueblo, generador de bienestar y también, por qué no, sector económico a desarrollar desde la conciencia y no el sometimiento. Existe un amplio desconocimiento del patrimonio por parte de la ciudadanía, que lleva acompañado a una falta de protección del mismo. Los atentados al patrimonio de Canarias han sido un continuo en nuestra historia, y su defensa y puesta en valor una tarea pendiente por parte de las instituciones. 

- Partidos políticos poco interesados en la identidad más allá de las efemérides de rigor. Conciben la política fundamentalmente como la economía e incluso cuando se adentran en otros temas lo hacen con una visión exclusivamente de gestión de recursos. No destacan ni en una cosa ni en la otra. Resulta inconcebible ver a tantos políticos y políticas profesionales que no tienen la más mínima idea u opinión propia sobre los debates identitarios o los nombran de pasada por cumplir con el expediente. Salvo las honrosas excepciones, encontramos políticos y políticas al frente de las responsabilidades culturales con poca formación y escaso interés en el asunto, que tienden a confundir la cultura o la identidad exclusivamente con la fiesta y, además, una fiesta poco o nada reflexionada, en la que replican los tics de la superficial cultura mediática del momento. De ahí, tanto pastiche, descontextualización, falta de rigor, etc.

- El conservadurismo que el canarismo autonomista ha abrazado en tantas ocasiones, uniendo en su imaginario la canariedad con la ruralidad o el tradicionalismo, desconsiderando otras expresiones culturales vivas y pujantes. No se trata de despreciar lo rural pero sí de comprender que la identidad se transforma precisamente porque la sociedad se transforma y la recreación de un mundo que apenas existe ya, está condenada a la desaparición, a reunirse con ese mismo mundo en el plano de la nostalgia o del espectáculo ocasional. No pocas veces las mismas personas que idealizaban al mago o la maga la oprimían en la vida real, en sus condiciones de existencia materiales. Hay que saber evitar las inercias que pudiéramos heredar del pasado. La difusión de valores progresistas en el mundo del deporte, la cultura y la identidad pasan por la inclusión y la incorporación del enfoque de género a todos los niveles.

- Sigue pesando, en algunos sectores de la sociedad más que en otros, el lastre del complejo de inferioridad secular según el cual todo lo canario es sospechoso de ser inútil, de inferior calidad, inservible. Vale tanto para nuestro dialecto como para nuestra artesanía, música, creación artística, etc. Y al mismo tiempo, la otra cara de la moneda: la sobrevaloración de lo foráneo hasta rozar en no pocas ocasiones el ridículo. Pocos lo admitirán pero sigue ocurriendo. Hay que continuar identificando y generando los mecanismos adecuados para ir revirtiendo la subalternidad, la endofobia y el sometimiento de la cultura canaria. 

-  El estancamiento de las instituciones donde las juventudes canarias comprometidas con la cultura se quedan paralizadas o directamente expulsadas.  Existen pocos estímulos que eviten el abandono de la formación cultural para los y las jóvenes del archipiélago. Esta ausencia de “peldaños” impide desarrollar las capacidades artísticas durante la etapa estudiantil de forma independiente. El estancamiento se incentiva y crece exponencialmente en función de cuántos peldaños fallen y no permitan el desarrollo tanto económico como técnico dentro del sistema establecido. Sin esa estabilidad que te permita evolucionar no habrá desarrollo.


Horizontes hacia los que avanzar

  • El canarismo popular debe trabajar en materia identitaria en una doble dirección: 

a. Resistencia. Se deben combatir todas aquellas iniciativas donde el peso de la castellanización/globalización sepulte cualquier atisbo de canariedad. En la escuela, el centro de trabajo, el ámbito familiar, grupo de amigos, medios de comunicación, redes sociales, etc. Todos los espacios son espacios para la brega cultural. Se trata de convertir el problema de la supresión o minusvaloración de nuestra identidad colectiva en un conflicto social que resolver desde la propuesta y la inclusión también de todos aquellos que no compartan absolutamente todas nuestras ideas en otros terrenos. El canarismo popular debe constituirse como polo de resistencia identitaria. 

b. Avance. El canarismo popular debe desarrollar una política proactiva en materia de identidad, que vaya más allá de la mera resistencia a los ataques. Se debe comprender que tan importante es en Canarias apoyar a un equipo de lucha, impartir clases de folklore, el senderismo identitario, el silbo, la música de raíz, el rap comprometido, la nueva creación teatral, apoyar a nuestras personas literatas, etc. como participar en los movimientos sociales. La revisión crítica de nuestro legado cultural es imprescindible si de verdad queremos avanzar y no continuar retrocediendo. Hace falta poner en pie iniciativas que conecten con amplios sectores sociales, distintas generaciones, etc. desde las que invitar a las personas nacidas y no nacidas en Canarias a participar activamente en la construcción de la identidad canaria para el siglo XXI, una fuerza que empuje hacia la transformación social de nuestro país. El canarismo popular debe constituirse como vector de avance identitario. 

Y todo esto lo debe hacer con la convicción de que la identidad canaria, la canariedad, es columna vertebral de su proyecto político y no un recurso electoral, marketing político o una forma de diferenciarse de competidores. 


Apuestas y acciones públicas estratégicas

- La Escuela Canaria como institución crucial a la hora de fomentar una conciencia identitaria rica, sana y abierta, en la cual se forme una ciudadanía orgullosa de su pertenencia, que contribuya desde su canariedad consciente a la lucha contra los enormes desafíos que enfrenta la humanidad. Queremos un pueblo canario culto y empoderado. 

- Desarrollo de la Mención de Contenidos Canarios en las Facultades de Educación y todos aquellos grados que, si no son directamente habilitantes, tradicionalmente han formado en sus filas a buena parte del profesorado: Filologías, Filosofía, Biología, Ciencias del Mar, Matemáticas, Ciencias del Deporte, etc. Defensa de las asignaturas de contenido canario en los planes de estudios. Impulso a la investigación sobre Canarias desde los TFG, TFM, tesis, proyectos de investigación, etc. 

- Fomentar el reconocimiento del dialecto canario como nuestra legítima variedad lingüística en el terreno público y privado, en la creación artística, etc. más allá de las declaraciones puramente formales de la actualidad. Desarrollar la Academia Canaria de la Lengua como principal institución dedicada a estudiar pero también a defender nuestro rico patrimonio lingüístico. Promoción del turismo lingüístico o idiomático. 

- Desarrollar un plan integral de promoción y enseñanza de los juegos y deportes autóctonos canarios en las etapas Primaria y Secundaria del sistema educativo. Exigencia de conocimiento de los mismos en las oposiciones de enseñanza para el profesorado de Educación Física en cualquier etapa. Impulso a las competiciones escolares. Plan de dotación a los centros educativos para la correcta impartición de estos contenidos. 

- Convocar selecciones deportivas canarias en todas las modalidades posibles y luchar por la oficialidad en aquellos deportes en los que la legislación actual lo permita. Promover un cambio en dicha legislación para que Canarias pueda participar en aquellas competiciones de su interés. Establecer un plan de acción para desarrollar la internacionalización de la lucha canaria que culmine en su declaración como deporte olímpico. 

- Política de ayuda a los grupos folklóricos, rondallas, de baile, etc. para que funcionen además como centros de enseñanza de nuestro patrimonio musical. Promoción del timple como nuestro instrumento nacional mediante políticas de incentivo a su práctica, docencia, investigación, construcción, etc. Apoyo e impulso a los proyectos ya existentes para su enseñanza en el sistema educativo y desarrollo de su implementación en todas las islas. 

- Recuperación del proyecto del Instituto Canario de Etnografía y Folklore que, en colaboración con las instituciones ya existentes a nivel insular, contribuya a resaltar los muchos elementos compartidos por los canarios a nivel identitario. Entre otras labores debe contribuir a poner en común el trabajo realizado en cada isla y servir de primera institución de referencia de nuestra cultura popular dentro y fuera de Canarias. • Introducción de un porcentaje de contenidos en la RTVC que promuevan una conciencia clara y rigurosa de nuestra identidad como pueblo, fomentando una autoestima sana que reduzca los complejos y visiones estereotipadas del pasado. Impulsar la animación canaria, con contenidos canarios y locutados en canario. Fomentar el producto audiovisual canario mediante encargos de interés general. 

- Promoción de la literatura canaria no sólo en los planes de estudios en todos los niveles del sistema educativo. Celebración y mayor realce del Día de las Letras Canarias: acuerdos con sector editorial y libreros para impulsar la venta de libros canarios en torno a la efeméride. Premio al Mejor Libro Canario con periodicidad anual. 

- Creación de instituciones de referencia nacional e internacional para la defensa y promoción de nuestra identidad y sus valores: Teatro Nacional, Coro Nacional, Compañía de Danza Nacional, etc. Apoyo a la creación de autores canarios mediante política estable de ayudas, becas, residencias, etc. 

- Creación del Instituto Canario de Músicas Modernas donde se dé cabida y formación a los más variados estilos musicales (jazz, rock, pop, rap, beatbox, etc.), con perspectiva canaria. Posibilidad de estancias. Reconocimiento de estudios. 

  • Plan de fomento de las visitas a los yacimientos arqueológicos, especialmente entre la población escolar pero no solo: entradas gratuitas en determinadas fechas con visitas guiadas, etc. Plan de estímulo y fomento del turismo cultural interno con incentivos para la visita a estos recintos. Apoyo a la investigación arqueológica con la contrapartida de la transmisión del conocimiento en centros educativos. Los yacimientos como una forma de entender la vida isleña, el viaje de ese pasado a nuestro presente. Tolerancia cero a los atentados a nuestro patrimonio histórico y natural. 

  • Diseño y gestión del espacio público de manera comunitaria y enfocados al intercambio y disfrute cultural como muestra del patrimonio natural canario y no como simple zona verde.  La adaptación en la operativa de parques y jardines hacia una gestión y protección del medio ambiente y mejora de la calidad del servicio público que suponen las zonas verdes. La adaptación del entorno como parte de un ecosistema que hay que cuidar. Generar documentos informativos relevantes basado en el ecosistema local y entregado a personas residentes animando y dando los recursos pertinentes (acceso a viveros insulares) para plantar y permitir que crezcan ciertas especies que son del entorno además de pedir evitar otras que puedan suponer un problema. La importancia de la información tanto para personas propietarias como para las propias constructoras que actúan en las islas: uso de especies vegetales locales y adaptación de obras al entorno, no al revés.

- Puesta en marcha del dominio de país .ic para resaltar la presencia de Canarias, su identidad, instituciones, organizaciones, etc. en el mundo digital. 

- Congreso Internacional de la Transcanariedad: revisión y puesta en valor de la aportación canaria al desarrollo y conocimiento de la Humanidad más allá de nuestras fronteras. Especial atención a la diáspora como pueblo migrante que aún somos. El hecho migratorio como elemento fundacional de la canariedad. 

- Puesta en marcha de un instituto internacional para la difusión de la identidad canaria en el exterior de carácter similar al que cuentan otros países: Instituto Cervantes, British Council, Institut Français, etc. Presente especialmente en aquellos países de especial influencia canaria (Venezuela, Cuba, Uruguay, Argentina, región macaronésica, Estados Unidos [Louisiana]) pero también en Europa (Estado español, Bruselas, Londres,…) y en África (Senegal, Mauritania, etc.)

- Transversalizar enfoques interculturales desde las políticas públicas, posicionando la cultura canaria autorreferenciada. Incentivar la producción cultural propia y la difusión del patrimonio cultural de nuestra tierra y el acercamiento a las nuevas generaciones.


COMPROMISOS DE FUTURO

  • Nos comprometemos a defender la identidad canaria de cualquiera de las muchas amenazas que a día de hoy sufre. Somos pueblo y asumimos, desde la conciencia de que nuestro legado identitario y cultural no es ningún elemento accesorio, el compromiso de situar al mismo en el centro de la política canaria. 

  • Nos comprometemos a impulsar en el seno de la sociedad canaria cuantos debates sean necesarios para hacer de la identidad canaria un espacio alegre, inclusivo y combativo de transformación social de primer orden y no una entelequia al servicio de los poderosos, sin miedo a una autocrítica sincera que nos haga avanzar como pueblo. 

  • Nos comprometemos a devolver a nuestro pueblo una imagen ajustada de sí mismo. Ni embellecida por los estereotipos ni deformada por los complejos. Un reflejo honesto que nos permita respetarnos tal y como somos y compartir lo que somos con el resto de pueblos del mundo. 

  • Nos comprometemos a trabajar para poner en pie las estructuras de país necesarias para el libre desenvolvimiento de nuestra cultura y nuestra identidad nacional como uno de los pilares imprescindibles para una vida buena y justa en el Archipiélago Canario.

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Sanidad pública canaria

En DRAGO CANARIAS creemos en la necesidad de incrementar los niveles de salud de la población canaria de manera equitativa, atendiendo a la inmensa variedad de situaciones sanitarias, patologías, realidades insulares, comarcales, etc. Nada de esto se puede hacer sin atacar con decisión la problemática que un Servicio Canario de Salud infradotado y debilitado supone para nuestro país. 


Diagnóstico sintético. Situación actual y tendencias. 

La sanidad pública se encuentra en estado crítico, enferma y con mal pronóstico sin vistas a que mejore. Desde hace décadas, venimos asistiendo a un proceso de desmantelamiento y privatización llevado a cabo por los gobiernos que se han ido sucediendo, incluido el último de progreso que termina legislatura y que no ha querido marcar un cambio de rumbo y ha decidido continuar con este proceso privatizador: aumento de los conciertos con la sanidad privada que trasladan recursos públicos a manos de intereses privados, externalizaciones, sobrecarga laboral, abuso de temporalidad y precarización absoluta de las trabajadoras sanitarias. Por si fuera poco, nos estamos enfrentando a un escenario demográfico, que presupone el aumento de la población en años venideros así como un envejecimiento apabullante(en 2030 la edad media serán 49,6 años) . El panorama exige ponerse manos a la obra para redimensionar los servicios públicos a la nueva situación, teniendo que abordar varios flancos abiertos para los que se necesitan soluciones específicas. Este envejecimiento no solo afecta a la población, también a una gran parte de los profesionales sanitarios que se jubilarán sin ratio adecuado de reemplazo en los próximos años. 

La Atención Primaria, como primera conexión entre el paciente y el sistema sanitario, padece un déficit de personal que se evidencia en el ratio de Médico de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes que, según el informe XVIII de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se sitúa en 0,68 Médicos por cada 1.000 habitantes, siendo Canarias la tercera Comunidad Autónoma con peor ratio. Por su parte, los ratios en Enfermería de Atención Primaria no son mejores, quedándo en un 0,63 Enfermeras por cada 1.000 Habitantes.

Debido a la insularidad y la dispersión de la población fuera de los núcleos urbanos es fácil interpretar que este dato tiene una repercusión aún más negativa en nuestra comunidad que en el resto del Estado.

Estos datos acaban traduciéndose en demora asistencial, que en el caso de nuestras islas es de una media de 9,67 días de espera para acceder a una consulta con su médico de cabecera, cuando la media estatal se sitúa en 8,8 días. Nuestros datos solo se ven empeorados por Cataluña (11,6 días de demora) y Comunidad Valenciana (10,03 días de demora) y tan solo el 6,2% de los pacientes consiguen cita en menos de 2 días y el 64,2% de los paciente deben esperar más de una semana para ser atendidos por su médico.

En Especialidades, el déficit de Sanitarios en el sistema público de salud canario es notable, ya que también se encuentra en el vagón de cola estatal en cuanto a ratio de Médicos por cada 100.000 habitantes, situándose Canarias en (282,2), tan sólo por delante de Andalucía (234,8), Ceuta y Melilla (263,2) y Baleares (275,9), que registran peor dato.

Esto supone que para realizar pruebas para el diagnóstico haya que esperar de media 107,62 días para un TAC, 228,09 días para una endoscopia o 137,69 días para una resonancia, entre otros ejemplos de demora. En consonancia con esta realidad, encontramos también tiempos de demora altísimos para las operaciones.

La radiografía de las urgencias presenta un diagnóstico igualmente nefasto. Fruto de la falta de personal, el cierre de servicios de urgencias en los centros de salud y los tiempos de atención en atención primaria, los servicios de urgencias se encuentran saturados de forma constante. Es común las horas de espera, así como no disponer de camas suficientes y encontrar escenas de saturación de pacientes en los pasillos sin que se cumplan unas condiciones mínimas de respeto y dignidad para ellos. 

Todo esto a pesar del alto volumen de derivaciones a la sanidad privada que en el último ejercicio presupuestario cerrado del Gobierno de Canarias (2021), las Clínicas Privadas facturaron un 9,28% más que el ejercicio anterior por las derivaciones de pacientes del SCS. Aumentando en el mismo periodo un 15,42% las intervenciones quirúrgicas en este tipo de centros. El propio Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, resumió su parecer al respecto de estos datos diciendo “Gestionar mejor los recursos públicos es una obligación de cualquier gobierno, incluso con la sanidad privada", colocando con su gestión a Canarias como la 3ª Comunidad Autónoma con mayor grado de privatización del estado, modelo, que no evitó que en 2022, aumentaran las listas de espera así como el tiempo medio de espera.

Los programas de salud mental son otros de los grandes olvidados históricamente por parte de las administraciones públicas. A la enorme carencia de profesionales destinados en el sistema público se une el preocupante aumento de las enfermedades mentales. En los últimos años se ha disparado el uso de ansiolíticos y antidepresivos (aumento del 29% en el último año), y preocupa enormemente las alarmantes cifras de suicidios en las islas(aumento del 10,6%), siendo especialmente peligrosa la subida entre los jóvenes.

Por último, preocupa la situación de las trabajadoras sanitarias sometidos a una carga de trabajo desmedida fruto del desmantelamiento del sistema público y la falta de recursos humanos, a lo que hay que añadir la temporalidad y precariedad que existen en los contratos y la situación de estrés acumulada por una situación que no hace si no que empeorar


Principales problemas y desafíos

1 Sin financiación adecuada

El sistema sanitario público está infrafinanciado, muy por debajo de sus necesidades, lo que está provocando unas perversas y buscadas consecuencias: aumento desmedido de la carga de trabajo del personal sanitario, deterioro del sistema público que se nota tanto en atención como en acceso temporal de la atención sanitaria y aumento de la población que busca soluciones en la contratación de seguros privados. Por si fuera poco, el presupuesto de Sanidad en Canarias tiene un régimen más laxo de fiscalización, lo que ha dado paso a la corrupción (los 4 millones del Caso Mascarillas son un buen ejemplo).


2 El proceso privatizador

El sistema sanitario canario tiene una alta privatización, sin que la misma se asocie a mejora de resultados asistenciales. Año a año, vemos cómo según avanza el proceso privatizador las listas de espera aumentan de forma descontrolada, la calidad asistencial disminuye y se cierran servicios de urgencia, saturando los de los principales hospitales. Las puertas giratorias en sanidad han permitido que gestores sin escrúpulos se coloquen en puestos de gestión públicos y privados de forma alternante. 

Por otra parte, los conciertos públicos son opacos y caros, sirviendo como uno de los ejes fundamentales de la privatización y del desvío de fondos públicos a manos privadas. Junto     con los conciertos, también se privatiza con externalizaciones: cocina, seguridad, gestión de residuos, lavandería, etc. Todos ellos deberían ser trabajadores públicos.


3 Los problemas del sistema sanitario

La realidad archipelágica, sumada a la falta de financiación y de apuesta por un modelo efectivo, tiene consecuencias directas en el actual sistema sanitario: está lleno de desigualdades, encontrando enormes diferencias entre las islas capitalinas frente a las islas no capitalinas, según las áreas de salud, o según los centros de salud. La calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes depende altamente del lugar en el que residen.     

En un entorno sociosanitario como el actual, y un sanitario con un envejecimiento de la población y un incremento de gasto sanitario en pacientes crónicos, la diferenciación entre sociosanitario y sanitario de la Ley General de Sanidad es artificial. El paciente y sus familiares han dejado de ser el centro del sistema, y la vertiente preventiva está infradotada y descoordinada. Tampoco se puede olvidar que pese a que las trabajadoras sanitarias son mayoritariamente femeninas, siguen siendo menos las mujeres que ocupan cargos de gestión.

La atención sanitaria está muy burocratizada, provocando que la eficiencia del sistema sanitario canario, expresando en resultados en salud, sea deficiente. Por otra parte se encuentra que el turismo sanitario solo beneficia a algunos operadores, no a la sociedad canaria, y lastra el desarrollo de la sanidad pública. Esto contrasta con que pese a la legislación y las promesas de los gobiernos recientes, la sanidad sigue sin ser universal, y esto golpea a colectivos vulnerables, migrantes sobre todo.

La flexibilización de la gestión ha conducido a generalización de aspectos manejados de forma perversa para concertación: gestión por procesos-procesos artificiales, falta de transparencia en compra de fármacos. Cabe recordar que el SCS tiene un presupuesto cercano al 7% del total de los presupuestos canarios. Por la cantidad y la importancia del sector para la población canaria, es una obligación ser rigurosos y transparentes con estos procesos.  

La tecnología es obsoleta, pero consume la mayoría del gasto, especialmente cuando la adquisición se realiza por criterios políticos y no técnicos.

Por último, el empoderamiento del paciente como método de control de gasto y mejoría de los resultados en salud no ha funcionado tal y como está concebido.


4 La Atención Primaria agoniza

La atención primaria está desbordada, con profesionales desincentivados y sobrecargados. La espera media por consulta es excesiva, rompiendo uno de los pilares básicos del sistema público y provocando el desborde de las urgencias. Además existen enormes desigualdades según qué centro de salud corresponda. Las consultas telefónicas se han sobredimensionado, siguen contando como consultas con el objetivo de aumentar las estadísticas, pero presentan resultados peores en salud.


5 El colapso de las Urgencias

La sobrecarga de urgencias es consecuencia de una insuficiencia en la Atención Primaria, junto con un sistema sociosanitario deficiente y una preocupante falta de personal e infraestructuras sanitarias habilitadas a lo largo del archipiélago

El sistema de urgencias como está concebido no funciona: es necesario reformularlo. En lugar de buscar soluciones y aumentar los recursos destinados a paliar la situación, se han seguido estrategias de culpabilización de los pacientes: culpa de los ancianos o familiares que no recogen a sus familiares, culpa de la gripe o cuestiones estacionales o culpa de la educación de las personas. Unas urgencias mal gestionadas y saturadas provocan un aumento de muertes y sufrimiento. Las escenas de falta de camas y de esperas de los pacientes durante 12 h. o más para ser atendidos se han vuelto recurrentes, en ocasiones sin recibir medicación ni comida ni agua, con pacientes en sillones y  pasillos en condiciones infrahumanas ni dignas 


6 La Atención Hospitalaria con tiempos de espera incompatibles con las enfermedades

El maquillaje de las listas de espera no permite ver una realidad mucho más dura de lo que se aprecia en las estadísticas oficiales, dando más importancia a las listas de espera quirúrgicas que a otras. Este retraso y colapso empuja a una parte significativa de los pacientes a buscar soluciones dentro de la sanidad privada, tratando de minimizar los tiempos de espera, que pudiendo parecer fortuito, aparecen como consecuencia de una clara intencionalidad política por parte de los gestores en este mal funcionamiento que permita aumentar el mercado de la sanidad privada a costa de los recursos y el desmantelamiento del sistema público. 

Hay colectivos de enfermos que están abocados a tratarse en la privada (gabinetes psicopedagógicos, clínicos o dentistas son buenos ejemplos) y en horario de tarde, que deberían ser atendidos de forma pública. Están pagándose de forma privada o con becas de educación en gabinetes sin que exista una estrategia coordinada de atención (déficit de atención, trastornos del espectro autista,…) También se han creado importantes nichos de privatización con la salud visual, de los pies, la bucodental, o la fisioterapia y rehabilitación, que siendo también salud, no se cubren por el sistema sanitario.  

Por último hay una falta importante de infraestructuras hospitalarias que son una reclamación histórica para las islas no capitalina así como áreas no metropolitanas de las islas capitalinas (por ejemplo, el Hospital del sur y del Norte en Tenerife). La falta de estas infraestructuras dificulta y pone en una situación clara de desigualdad a una gran parte de la población canaria.


7 La mala situación del personal laboral

La gestión del personal sanitario está siendo nefasta. Existe un enorme déficit de especialistas en determinadas zonas e islas, con un exceso de temporalidad alarmante, y una sobrecarga laboral que se ha asumido como normal por parte de la dirección del SCS. La situación, lejos de remitir en los últimos años, ha ido a más, y se ha visto en las numerosas reivindicaciones y  protestas organizadas por parte del diverso personal sanitario después del fin de la pandemia. Esta saturación llega a todos los niveles: auxiliares, médicas especialistas, atención primaria,  enfermería, urgencias, intento de privatización del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia(ICHH), personal externo de lavanderías, cocina o seguridad, etc.

Uno de los grandes problemas soterrados que padece la sanidad canaria se encuentra en que está dirigida por grupos de gestión y personal de libre designación con sistemas de elección dudosos que controlan a estatutarios, sin acceso por un proceso de oposición semejante al que ocurre en otras administraciones públicas. El control político de la dirección es mucho mayor y se reduce de forma significativa la independencia del personal sanitario (ya sean funcionarios o personal laboral), condición de garantía de la no apropiación de las instituciones por parte de ningún interés privado.. Este hecho, dificulta también las denuncias de posibles irregularidades que puedan suceder.


Propuestas

1 Sobre financiación

La sanidad debe financiarse de forma adecuada a sus necesidades actuales y futuras, adaptando el gasto sanitario a la media de la UE en el plazo de los próximos años, y usando como uno de los ejes principales la transparencia real en la gestión. Incrementar la inversión sanitaria supone blindar a los pacientes más frágiles frente a crisis de salud y sociales, invirtiendo en sistemas de alertas de salud adecuadas.

Fiscalizar y racionalizar el gasto farmacéutico, poniendo orden a las compras ayudará a equilibrar la balanza de gasto y poder destinar recursos a potenciar aquellos sistemas más deficitarios como la atención primaria. Además, las mesas de contratación deben estar profesionalizadas y despolitizadas con personal fijo y menos susceptible a presiones e injerencias. 

Por último, habría que potenciar la formación pública de los profesionales sanitarios, cambiando el modelo de financiación de la formación vía empresas farmacéuticas.


2 Poniendo fin al proceso privatizador

La tarea principal en la mejora del sistema público debe ser comenzar a revertir el proceso privatizador y de desmantelamiento de la sanidad pública que llevamos padeciendo durante varias décadas. Para ello, hay que ir dando pasos valientes en dirección contraria a la que nos ha llevado hasta este punto: revertir y terminar con los conciertos públicos, las externalizaciones de servicios y los monopolios encubiertos. Limitar las puertas giratorias en la gestión sanitaria que se da entre la sanidad privada y la pública. 

Los puestos de gestión deben ser obtenidos mediante sistemas que garanticen que las personas seleccionadas  son las más adecuadas para conseguir las tareas del puesto a desempeñar, de acuerdo con los principios constitucionales de mérito y oportunidad. Para ello es fundamental limitar los libres nombramientos en sanidad a los cargos imprescindibles.

Eliminación de los copagos ya sean farmacéuticos, ortopédicos o de otro tipo, que limitan el acceso sanitario a gran parte de la población canaria, así como realizar una auditoría al sistema de conciertos en todos los planos: hospitalización, cirugías, ambulancias, rehabilitación, etc.


3 Repensando el sistema sanitario

La sanidad debe estar centrada en la persona, sus familiares y dar el protagonismo a los profesionales y pacientes. Se hace fundamental revertir el panorama actual que provoca la saturación y desmantelamiento del sistema público donde el trato al paciente y al profesional no cumple muchas veces con unas condiciones mínimas de dignidad y derechos humanos. Las condiciones de ingreso en las urgencias, o la presión laboral de muchos facultativos es un buen ejemplo de por donde no podemos continuar. Para ello, el modelo sanitario futuro debe ser colaborativo y la sociedad debe ser consultada. Se hace trascendental reforzar la formación sanitaria y de uso de recursos sanitarios, desde la escuela a la publicidad en medios públicos, consiguiendo un empoderamiento efectivo del paciente que conozca sus derechos y entienda el funcionamiento del sistema público. Así mismo, se hace necesario potenciar y reforzar la medicina preventiva y salud pública como inversión para unos mejores parámetros de salud del conjunto de la población canaria.

Desarrollo de un plan estratégico en infraestructuras sanitarias y recursos humanos a 5, 10 y 20 años que palie los déficits actuales y se adecue a las cifras que serán requeridas los próximos años debido a un importante envejecimiento poblacional junto con el previsible crecimiento demográfico. 

Potenciar la ley de equidad, modificándola para que garantice la cohesión y la equidad no sólo en los procesos, sino en la consecución de un mismo nivel de salud para todos los canarios como objetivo, con independencia de sus patologías, nivel económico o cultural, homogeneizando la asistencia entre diferentes áreas de salud e islas. Facilitar el acceso al sistema sanitario de colectivos vulnerables: vías de acceso, facilidad de comprensión y acompañamiento.

Se hace necesario una integración sociosanitaria efectiva, que aborde de manera integrada la cronicidad, la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia. Además, se hace necesario tener una estrategia pública de atención a colectivos vulnerables, que ahora son ignorados, como los trastornos del espectro autista o los trastornos de la atención. Para ello debe contarse con una estrategia de atención domiciliaria sanitaria que englobe todos los aspectos: médicos, psicológicos, rehabilitación, trabajo social, etc. 

Es necesario regular la adquisición de medicamentos y productos sanitarios para que cumplan con su objetivo, se adquieran al precio adecuado y se evite la corrupción.


4 Fortaleciendo la Atención Primaria

Debido al estado agonizante en el que se encuentra, se hace necesario potenciar la Atención Primaria. Potenciar la atención domiciliaria multidisciplinar, especialmente para los pacientes vulnerables. Aumentar las plantillas de todo el conjunto del personal sanitario: médicas, enfermeras,auxilares,... pudiendo desarrollar planes preventivos efectivos que se enmarquen dentro de la Atención Integral: promoción, prevención y rehabilitación. Para ello, se hace también necesario ampliar equipos con refuerzo e inclusión de categorias profesionales: fisioterapia, salud bucodental o atención temprana, siendo estos buenos ejemplos de las carencias actuales.


5 Refuerzo de las Urgencias

El sistema de urgencias como está concebido no funciona: es necesario reformularlo con el consenso de todos. La infradotación y la saturación hacen que cada día funcione peor, asumiendo tareas de Atención Primaria ante los tiempos de respuesta de esta última. Es necesario reforzar el sistema de Urgencias para afrontar las necesidades sanitarias crecientes. Ampliar la plantilla de personal médico, de enfermería y auxiliar del servicio de urgencias. Además, descentralizar y ampliar la capacidad de urgencias en otras zonas de las islas para quitar carga asistencial a los hospitales metropolitanos. Los servicios de urgencias extrahospitalarios son imprescindibles, deben funcionar las 24 horas y ser efectivos.


6 Reforzando la Atención Hospitalaria

Los tiempos de demora en la obtención de citas con los especialistas, los tiempos de espera para las operaciones o los retrasos en pruebas diagnósticas no son admisibles. Se hace necesario realizar un estudio exhaustivo de las cargas de trabajo en los laboratorios, servicios de rayos, pruebas funcionales y consultas externas, siendo está la única forma de identificar por qué no se acaba con la lista de espera y los recursos necesarios para que el sistema sanitario trabaje en unos tiempos dignos para el paciente. Las listas deben reducirse con recursos públicos, utilizando de manera intensiva los mismos, y no mediante la derivación sistemática y cada vez más amplia en concesiones a la sanidad privada.

El refuerzo de la Atención Hospitalaria debería reocupar los espacios cedidos a la sanidad privada: salud visual, de los pies o dental también es salud y los poderes públicos deben garantizar su acceso a toda la población canaria.


7 Mejora de la situación del personal laboral

Es necesario cuidar a los profesionales sanitarios: mejorar la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, estabilización de la plantilla y reducción de temporalidad, mejorar los sueldos base, así como una mejora de la clasificación en grupos. Por todo ello, es necesario clarificar las necesidades de personal, y hacer públicas las plantillas actuales y las necesidades para reformar la Relación de Puestos de Trabajo, actualizando  las plantillas orgánicas a las necesidades actuales.

En un escenario como el actual, es clave proteger a los profesionales sanitarios que denuncien irregularidades o corrupción, y sea más fácil y natural evitar que se repitan actuaciones como el caso mascarillas. Para ello se propone legislar ampliando la legislación que especifique y agrande las medidas de protección a los denunciantes de corrupción en el ámbito sanitario. 

Crear un código ético y procedimientos de actuación para oposiciones y procesos selectivos para evitar desmanes en éstos. 

Mejorar los tiempos de asistencia (en consulta, en llegada al médico,…). Para ello es necesario realizar un estudio de cuál debe ser la carga óptima de trabajo para que pacientes y profesionales reciban la atención más óptima en función de cada circunstancia.

Por último, una sanidad pública eficaz y eficiente que ofrezca una óptima calidad asistencial sólo es posible con formación, información, retribuciones, conciliación familiar, recursos humanos, materiales e infraestructuras adecuadas y para ello se necesita invertir y contar con gestores que entiendan de economía, producción y conciliación del personal sanitario.


8 Cuidando la Salud Mental

Es urgente reforzar la salud mental aumentando de forma considerable con más profesionales y menos limitaciones de acceso: psiquiatría, psicología, atención temprana… . Las unidades de salud mental extrahospitalarias deben ampliarse y contar con unidades por comarca para garantizar el acceso de forma ecuánime para toda la población, resida donde resida. Para ello, es importante tratar de forma inicial en los centros de salud contando con los psicólogos clínicos. 

El consumo de algunos medicamentos está provocando un aumento de la adicción en ciertos casos. Se hace necesario una estrategia de control y optimización del consumo psicofarmacológico que acompañe el trabajo de salud mental.

Reforzar y aumentar el Programa de prevención de la conducta suicida en Canarias. Ante la evolución en el aumento alarmante de casos, es fundamental revisar el programa e introducir un aumento significativo en la financiación que aporten nuevos profesionales que puedan desarrollar el trabajo de acompañamiento y prevención.

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Migraciones y Derechos Humanos

La historia de las migraciones en Canarias existe desde que se poblaron las islas. Desde entonces, este puntito en medio del Atlántico y entre tres continentes ha sido escenario de numerosas idas y venidas de población (algunas más amables que otras) construyendo en las mismas una sociedad y cultura singular. Primero, a través de lo que supuso la colonización española y los asentamientos europeos en las islas, que terminaron en mestizaje con la población de aquí, parte bastante violenta de nuestra historia. Más tarde, cuando apretó el hambre y la represión política en el siglo pasado fueron muchas las que tuvieron que coger la maleta y marchar de manera clandestina a buscar un futuro mejor, algunas pudieron volver, otras no. Hoy día somos un territorio al que vienen muchas personas, algunas sólo de visita, otras para quedarse. No a todas las personas que vienen se las recibe y se las acoge por igual, y esto es un problema. También es un problema que muchas personas de las islas, sobre todo jóvenes, se ven obligadas a marcharse por no poder desarrollar proyectos de vida dignos aquí. 

En amazigh insular la palabra Sansofi/Sansofe significa bienvenidas. Desde esta premisa de hospitalidad y bienvenida compartida con otros pueblos queremos acoger con calidad y dando oportunidades para que las personas que vienen construyan sus proyectos de vida deseados. Le damos la bienvenida a nuestras vecinas y vecinos, le damos la bienvenida a la diáspora canaria que no se marchó porque quiso, sino que tuvieron que “coger la maleta” porque no tenían oportunidades. 


Diagnóstico y apuntes teóricos

Cuando hablamos de migraciones nos referiremos siempre a Canarias. El hecho de contextualizar en el ámbito espacial y temporal las mismas es indispensable y necesario para elaborar discurso y argumentación en torno a esta temática. Importante también señalar que a lo largo del mismo hablaremos de “migrantes”, como término que englobe a emigrantes e inmigrantes para evitar categorizaciones que puedan ser excluyentes o estigmatizantes. 

Los discursos sobre migraciones no son discursos sociales o políticamente neutros, y es necesario superar el enfoque de urgencia al hablar del tema, la migración no es pasajera y no es una crisis humanitaria constante. También es importante hacer los análisis desde los datos para confrontar discursos antimigración. Los procesos migratorios son parte intrínseca de la historia de humanidad y del desarrollo, son procesos multicausales y policlasistas. 

En el sentido analítico más teórico, para intentar trascender los distintos enfoques que proponen las teorías de los sistemas migratorios articulamos desde aquí a partir del concepto antropológico de “regímenes de movilidad”, que por su complejidad es más interesante como herramienta de análisis. 

La utilidad de la propuesta de los regímenes de movilidad se basa en la capacidad que tiene para combinar diferentes escalas de gobierno y varios ejes de análisis, que son los siguientes; análisis de las migraciones en relación con el proyecto neoliberal y migraciones entendidas como procesos globales (diversificación de los flujos, feminización y aumento de flujo de migrantes y refugiados), intervención de actores diversos involucrados en la migración, la relación entre movilidad - inmovilidad y los procesos de fronterización, que actúan filtrando las características de las personas que migran, y que permite reconstruir las fronteras locales, nacionales y regionales que demarcan la clase social estratificada de las personas migrantes en su tránsito y llegada. 

Este enfoque sobre los procesos de fronterización es una herramienta clave para el análisis de la realidad migratoria en las Islas Canarias, ya que estamos geográficamente en África, pero somos políticamente Frontera Sur de la Unión Europea. 


Datos acerca del fenómeno migratorio en Canarias

El fenómeno migratorio ha experimentado en las últimas décadas una significativa importancia en el sur de Europa y particularmente en el Estado español. Los flujos de llegada, provenientes de algunos países del África subsahariana y Marruecos, son el resultado de una serie de factores que vienen sucediéndose en esos territorios en los últimos años, como son: conflictos armados, las desigualdades sociales, los efectos negativos derivados del cambio climático, un fuerte incremento demográfico y los efectos de la pandemia sanitaria. 

Así, vivimos una espectacular reactivación de la ruta migratoria canaria en el año 2020 en detrimento de la mediterránea por diversos factores, dejando al año 2020 con un total de 23.023 personas llegadas de manera irregular a las costas canarias, lo que supuso el 57,4 % de las producidas en el conjunto de España, sobrepasando con creces la capacidad de acogida del sistema en Canarias. (Defensor del pueblo, 2021)

En el archipiélago la movilidad internacional ha incrementado y diversificado la población de manera significativa, el 73,7 % del crecimiento registrado en las dos últimas décadas se debe al asentamiento de personas de origen extranjero. En cuanto a la procedencia de las personas extranjeras asentadas, se ha intensificado la afluencia de extracomunitarias, siendo los orígenes americanos los que más han aumentado en los últimos años y son mayoritarios en el momento actual (49,5 % en 2020). Luego se encuentra la población europea (35,8 %), cuyo establecimiento ha estado motivado tanto por su implicación en el desarrollo económico de la región, como por el creciente aliciente de las islas para la instalación residencial de extranjeros.  Sigue siendo exigua la representación de la población de origen africano en el archipiélago (9,2 %) y en un orden todavía menor se encuentra la de ascendencia asiática (5,4 %). Estos datos contrastan fuertemente con los discursos políticos sobre la migración en las Islas Canarias, que se centran en las personas que entran por vía marítima de manera irregular y son una minoría. 


¿Qué pasa en la Frontera Sur?

En la gestión de la política migratoria, uno de los puntos claves para muchos países, en el control y la ordenación de los flujos migratorios, es la lucha contra la inmigración irregular. La competencia de este ámbito en el Estado Español corresponde al Ministerio de Interior, que a su vez puede delegar ciertas competencias. Este ámbito de la política migratoria engloba tanto acuerdos con terceros países, el control de fronteras, el empleo irregular y la elaboración e interpretación de normativa en este ámbito. 

Como frontera sur europea, el Estado español es un escenario y actor estratégico clave en la política migratoria, ya que en los últimos treinta años se ha consolidado como país de tránsito y destino migratorio. Dadas las rutas marítimas hacia Canarias y las rutas provenientes de Marruecos y Argelia, el archipiélago atlántico y los atípicos enclaves de Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres exteriores de la UE con África, son destinatarios de ingentes cantidades de fondos, medios logísticos y sistemas de seguridad.

En el marco de la política migratoria actual europea, basada principalmente en la lucha contra la migración irregular, el blindaje fronterizo, la externalización del control migratorio y los retornos, subyacen intereses políticos/institucionales, ideológicos y económicos. En la intersección de esa madeja de intereses crece y se consolida una industria del control migratorio, cuyos exponentes principales son la industria de la seguridad y la armamentística, pero que incluye también otros actores y servicios subsidiarios que prosperan indirectamente, como señalan varias investigaciones en el Estado español. Es el caso, por ejemplo, de industrias tecnológicas, constructoras, compañías aéreas dedicadas al retorno de migrantes irregulares, empresas de seguridad privada y empresas logísticas encargadas de las estructuras y servicios derivados de la atención de personas migrantes y de su integración. 

En la Frontera Sur de Europa, la militarización del control migratorio ha ido escalando en la aplicación de acciones que atacan de forma sistemática los derechos humanos de las personas migrantes. Perder la vida en las fronteras se ha normalizado en los discursos del control migratorio y ese hecho permite el aumento de las víctimas y la implementación de instrumentos de represión cada vez más mortíferos contra las comunidades migrantes. 

La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera. Sus características físicas, las embarcaciones demasiado endebles para el océano, las largas distancias, las relaciones políticas entre los países en la zona sujetos a intereses territoriales y marítimos, hacen que sea complicada la colaboración para defender el derecho a la vida entre los países, o que haya demoras en la activación de los servicios de rescate. La ONG Caminando Fronteras contabilizó en el año 2022 1.784 víctimas en la Ruta Atlántica. 

En este mismo periodo de tiempo, esta ONG contabilizó el naufragio de 61 embarcaciones en esta ruta, debido a diversos factores: que no se activaran medios de búsqueda y rescate o que se activaran tarde a pesar de tener los datos de la posición de las embarcaciones; la insuficiencia de los medios de búsqueda marítimos y aéreos; negligencias por parte de los servicios de rescate españoles, falta de coordinación eficaz entre los servicios de rescate españoles y marroquíes y la omisión del deber de socorro por parte de barcos pesqueros al tener miedo de que se les criminalice por efectuar este tipo de rescates. A esto se suma que muchas veces las embarcaciones vienen con sobrepeso, sin medios suficientes para la distancia a recorrer, con pérdidas de rumbo y situaciones meteorológicamente complicadas en alta mar. 

Cabe destacar también que los recursos materiales, humanos y políticos a disposición del blindaje fronterizo son desorbitados si tenemos en cuenta que la inmigración irregular es una mínima fracción de los flujos totales de inmigrantes en nuestro país. 


Plan Canarias 50

Entre los eventos más significativos en el cambio de la gestión migratoria en Canarias después de la pandemia está la aplicación del Plan Canarias 50, de la Delegación del Gobierno en Canarias. Un plan de emergencia para habilitar plazas de acogida humanitaria en las islas en el menor tiempo posible. Este plan como respuesta al aumento de llegadas, se encuadra claramente dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo de septiembre de 2020, que tiene como efectos principales la consolidación de las fronteras exteriores europeas como espacios de procesamiento y contención, y la determinación del estatuto de refugiado a través de un procedimiento rápido en la frontera interior. Esto tiene un impacto en la gestión de las migraciones  y los derechos humanos que se podrá estudiar en un futuro muy próximo. Responsabilidad de este plan son los “macrocampamentos” para la acogida de personas migrantes de origen africano instalados como el de “Las Raíces” en Tenerife. 

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las personas migrantes señalan vulneraciones de los derechos humanos en el espacio de la Frontera Sur en Canarias. Entre esas vulneraciones se señalan la falta de asesoramiento jurídico y traductores en la acogida de migrantes, trabas para solicitar protección internacional o asilo, dificultad para identificar a personas en situación de vulnerabilidad extrema: menores, personas LGTBQ+, madres solteras o personas que huyen de un entorno hostil.

En general, la aplicación de este plan denota por parte de los actores gubernamentales responsables falta de diagnóstico y planificación en el sistema de acogida humanitaria en Canarias, así como falta de recursos, atención y servicios. 

Además el Defensor del Pueblo y otras entidades han identificado varios problemas en la gestión del Centros de menores en Canarias: reconocimiento de la minoría a través de la prueba ósea, dificultad para tramitar documentación y obtención de la cédula de identidad, etc. 

Relatos racistas y xenófobos

Durante el periodo de gestión de crisis humanitaria después de la pandemia en el año 2020 se vivió en Canarias un avivamiento de discursos racistas y xenófobos. Estos discursos fueron alimentados por los medios de comunicación y por la morbosidad que generaban situaciones vividas en los municipios con mayor carga en la acogida de personas llegadas por ruta marítima. 


Problemas y desafíos

De este diagnóstico y análisis extraídos de los debates señalamos varios puntos claves como problemas o desafíos que afrontar en el presente y en el futuro. 

  • La salvaguarda de los derechos humanos en la Frontera Sur 

  • Asegurar el acceso a los derechos a las personas migrantes 

  • La Ley de extranjería, pues despoja de derechos a las personas migrantes 

  • Las limitaciones de las competencias de Canarias en materia migratoria

  • Falta de medios y herramientas para hacer análisis más rigurosos sobre la migración que llega a las islas y sobre la diáspora canaria, la realidad migratoria en canarias es diversa, compleja que necesita ser analizada y actualizada constantemente.

  • Diáspora: la juventud sin alternativas de futuro y la fuga de personas por la precariedad.

  • Falta de planes específicos en educación para las narrativas migratorias y la educación en igualdad. 

  • Inexistencia de planes para salvaguardar la memoria de la diáspora canaria

  • La acogida de menores en Canarias, eliminación de la discriminación entre nacionales y extranjeros, fortalecer el sistema de atención a menores y los programas para jóvenes ex- tutelados; que salgan del sistema con papeles, con protección, con proyectos de emancipación; cumplimiento de los derechos de la infancia, competencia de la comunidad autónoma. 

  • Tener en cuenta la confederalidad en la gestión migratoria (cuántos recursos de acogida hay en cada isla, cómo se organizan, etc).


Sobre la ley de extranjería

  • La Ley Orgánica sobre derechos y deberes de las personas extranjeras es del año 2000. Fue aprobada por el PSOE y no ha sido modificada por el PP. En el año 2022 ha habido dos reformas indirectas de la ley, modificando el reglamento: una para favorecer los procesos de regularización de los menores extranjeros sin referentes familiares adultos y otra para modificar el régimen de los arraigos y algunos otros procedimientos relacionados con la regularización de las personas en situación administrativa irregular y con la posibilidad de facilitar los procesos de contratación en países de origen.

  • Es una norma injusta y vulneradora de los derechos de quienes la padecen porque parte de la premisa de que las personas tienen que transitar un tiempo largo viviendo en el Estado en situación irregular (“sin papeles”) para poder regularizarse. Así, naturaliza y casi fuerza, un tiempo de estancia sin derechos de ningún tipo y un contexto que obliga a las personas migrantes a vivir desde el miedo y la ocultación de las situaciones a las que se enfrentan; poniendo a las personas migrantes en una situación de vulnerabilidad en la que es más fácil que operen las lógicas neoliberales de subalternalización y explotación, laboral y socialmente. 

  • Por suerte, vivimos un tiempo de oportunidad en el que hay a nivel estatal una iniciativa legislativa popular (ILP) que se ha impulsado desde cientos de colectivos y que ha recabado miles de firmas para solicitar un procedimiento de regularización inmediato (ILP regularización ya: https://regularizacionya.com ) que además, ha sido fuertemente impulsada por personas migrantes y personas racializadas de diversos colectivos que han llevado la voz y han generado dinámicas que han ampliado la masa crítica en la defensa de las personas migrantes.

  • La Ley de extranjería no está sola, y se ve impactada por la existencia también de la normativa reguladora del derecho al asilo (2009) que genera una doble categoría de personas de origen extranjero: refugiadas (con derechos y bienvenidas) y migrantes (en cuyo relato casi les quitan la categoría de ser humano). Esto en Canarias se agudiza si le sumamos a las extranjeras-turistas, con todos los derechos y la alfombra roja para acceder a lo que deseen. Esta triple categorización de personas vulneradas hace que las personas de origen extranjero se categoricen en la práctica en función de cuántos derechos van a poder ejercer, quedando las que se encuentran en situación administrativa irregular, al final y con un altísimo índice de vulneración estructural. La ley de asilo, en un Estado que deniega a más de 90% de las personas solicitantes de protección internacional, provoca que muchas personas que huyeron para salvar sus vidas, queden en situación administrativa irregular y sin alternativas ni facilidades.

  • Ambas normas se hacen desde Madrid y todos los procedimientos asociados, así como el “reparto” de las personas extranjeras que, mediante la protección internacional o los procesos migratorios, llega al Estado, no tenga en consideración la realidad y las particularidades de Canarias como frontera sur del Estado y de Europa.

  • La ley de extranjería también provoca que prácticamente las únicas vías que tengan las personas para poder vivir regularmente en el Estado sean los arraigos. De este modo, la mayoría de las personas migrantes se ven obligadas a vivir al menos 2 años o 3 en situación administrativa irregular, para poder iniciar el tránsito hacia una gymkana de obstáculos que impone requisitos y criterios casi imposibles de salvar como que estando sin papeles te hagan una oferta de empleo con salario superior al SMI y, además, esperen el tiempo que la administración pública se tome para resolver (de media más de 6 meses).

  • Otra de las cuestiones que provoca esa clasificación de personas que hace la ley de extranjería es que tengan que realizar muchos trámites en sus países de origen sin tener en cuenta las dificultades que eso conlleve. En Canarias además, debido a la insularidad, esto implica dificultades mayores para poder realizar cualquier trámite y el aumento irremediable de los costes de los mismos.

Y por último, a modo de resumen, hay que mencionar como gran reto a abordar que el hecho de estar sin papeles te impide trabajar, acceder al médico y en ocasiones, hasta figurar como inscrito en el padrón de habitantes. Esto hace que exista un porcentaje de vecinas y vecinos que no existen a efectos administrativos y por lo tanto que los recursos públicos existentes sean insuficientes para atender a la población a la que realmente se dirigen. Esta situación genera además, un grado de impunidad muy importante sobre aquellas que se dedican a explotar o a sacar provecho de las migrantes vulneradas en situación irregular. Y todo ello en un contexto en que las que no existen por ley, las personas sin papeles, tienen miedo o entienden que en esa situación en que se encuentran, no pueden pedir protección o ayuda, de modo que las vulneraciones provocan situaciones dramáticas que además, nos perjudican a todas como sociedad, como por ejemplo, los abusos y la precariedad laboral. 


Sobre las competencias

En el Estatuto de Autonomía de Canarias se fija que la asistencia social y los servicios sociales son competencias insulares (de los Cabildos) pero también define los servicios sociales como competencias municipales, si estas fueran delegadas.

En materia concreta de migraciones y teniendo en cuenta que la extranjería y el asilo (gestión de las migraciones en general, art. 149.2 Constitución española) es una competencia estatal, se define en el Estatuto de Autonomía de Canarias que el gobierno autonómico "podrá ejercer actividades de inspección y sanción respecto a materias de competencia estatal, en los términos que se establezca mediante convenio o acuerdo con el Estado.". Esto implica que si se quiere-se demanda-se acuerda, la gestión de las personas migrantes que llegan a las islas podría ser una competencia inspeccionada por el Gobierno de Canarias. 

Además de esto y teniendo en cuenta que para regularizarse en el Estado hay varias vías que pueden facilitarse desde los gobiernos autonómicos (por ejemplo, la gestión del acceso a la formación y a la educación para el arraigo para la formación y el acceso a los servicios sociales para la protección efectiva de personas en situación administrativa irregular, así como la gestión y emisión de informes de arraigo para la tramitación del arraigo social que puede eximir a personas de presentar un contrato de trabajo).


Artículo 144. Inmigración. - Estatuto de Autonomía de Canarias 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de inmigración sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia:

a) La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no comunitarios.

b) El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias.

c) La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

d) El establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias. Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros y en el marco de su legislación, incluye:

a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena.

b) La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción.

3. La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos en la legislación sectorial y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el presente Estatuto.


Canarias en el centro de la realidad migratoria

El horizonte que dibujamos en esta sectorial para Canarias en relación a las migraciones es una Canarias diversa, respetuosa y orgullosa de sus habitantes. 

Queremos pensar Canarias como un territorio en el que conviven muchas culturas diferentes: fomentar y reconocer este hecho supone un  enriquecimiento en todos los aspectos de la sociedad, para fortalecernos como comunidad. 

Es preciso poner en valor la historia de Canarias y sus imbricaciones con las migraciones, estudiar las migraciones en relación a la construcción de identidades. Preservar y reivindicar la memoria de las migraciones canarias, reconociendo las aportaciones de la diáspora canaria en otros territorios y su apoyo a movimientos y luchas de emancipación. 

Hay que garantizar el 100% los derechos a todos los migrantes.

Son necesarios posicionamientos políticos y sociales antirracistas y contra la xenofobia 

El horizonte es hacia la planificación, los protocolos de actuación, y la gestión de la diversidad de todas las personas que llegan a nuestras islas y sus necesidades.

Fortalecer Canarias como un actor de relevancia en la Frontera Sur (vs centralismo del Estado español en la gestión migratoria)

Se debe seguir y supervisar el cumplimiento y la adopción efectiva de los derechos humanos.

Queremos un tránsito seguro para los migrantes que quieran llegar a Europa para reagrupación familiar.

Hay que evitar las trabas burocráticas que se les pone a los migrantes para el acceso a sus derechos. 

Hace falta fomento y desarrollo de normas para la protección de los derechos humanos de los migrantes, y fomento y desarrollo de normas para la eficacia y eficiencia de las leyes de extranjería.

Hay que lograr la colaboración de los medios locales con otros medios nacionales e internacionales para relatar la realidad de los llegan a Europa y el trato recibido. 


Es inaplazable actualizar las leyes de extranjería para que se adapten a la situación real. Una legislación que no discrimine a las personas migrantes según su país de procedencia y que establezca mecanismos efectivos de acceso a derechos básicos. → regularización ya

Queremos establecer lazos económicos, políticos y culturales con países con los que hacemos frontera (Marruecos, Sáhara, Mauritania, Gambia, Senegal)

Construir sobre los valores de apoyo mutuo y solidaridad

Reconocernos en nuestra historia colonial y nuestra singular relación con el continente africano. 

Estudio sobre las implicaciones de la inmigración - emigración en Canarias 

Creación de lugares seguros de ayuda a las mujeres migrantes (y sus hijos) 

Compromisos futuros y acciones

Caminando hacia ese horizonte deseado en Canarias con las migraciones proponemos diferentes líneas de acción y compromisos con diferentes actores. 

En primer lugar nos comprometemos a promover cambios legislativos e implementar instrumentos legislativos acordes a la realidad de la migración en Canarias, atendiendo al marco de legislación estatal e internacional. 

Consideramos también que, para que se puedan producir cambios sustanciales en la visión negativa sobre la migración, es importante incidir en las nuevas narrativas migratorias. Es necesario elaborar contrarrelatos que confronten visiones xenófobas y racistas, generadas a través de discursos falsos. Estas nuevas narrativas migratorias pueden presentarse a través de herramientas como la investigación, la cultura, la información/ comunicación y el apoyo a los movimientos sociales y de apoyo a las personas migrantes. 

La información veraz es una herramienta necesaria para centrar los discursos sobre las personas migrantes y las políticas migratorias. Queremos destinar más recursos a la investigación para la elaboración de documentales para sensibilizar sobre las migraciones en Canarias y sobre la realidad que viven las personas migrantes aquí. Otra manera de acercar esta información a la ciudadanía es utilizar plataformas como festivales o actos públicos multitudinarios donde haya stands informativos sobre la temática. También proponemos cambiar el enfoque sobre temas de migración en noticias, crónicas, editoriales, reportajes, columnas, televisión, redes sociales, es decir, medios de comunicación en general. 

En la atención directa a las personas migrantes es necesario crear oficinas públicas y estables para asesorar  jurídica y socialmente sobre sus derechos y el acceso a los mismos. 

También es necesario concienciar sobre las migraciones en el ámbito educativo en todas las edades. Queremos organizar proyectos interculturales en las escuelas de Canarias, apoyando la integración de los menores inmigrantes y generando pensamiento crítico con la visión hegemónica sobre las migraciones, así como crear archivos sobre las migraciones canarias para proteger su memoria.

Además es muy importante apoyar a las organizaciones y activistas que denuncian violaciones de derechos humanos en la Frontera Sur, y los movimientos de protesta que surjan en defensa de los derechos de las personas migrantes. Denunciando a las instituciones que llevan a cabo estas prácticas o que colaboran con actores que las ejercen, garantizando un sistema de vigilancia sobre las instituciones y entidades que trabajan con personas migrantes. 

Otra vía de concienciar sobre la realidad migratoria es dar apoyo a ONGs y organizaciones que trabajan en los países de origen de las personas migrantes, informando sobre las rutas migratorias (y sus peligros) y sobre cómo funciona el sistema legislativo de extranjería, ayuda humanitaria y asilo, para así contribuir a la generación de falsas expectativas que puedan tener las personas migrantes al llegar a nuestro territorio.

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Empleo y modelo productivo

La configuración de la estructura económica de Canarias no es aleatoria ni casual, sino que responde a los intereses de ciertas élites empresariales que han optado por la potenciación de unos sectores determinados en detrimento de otros. La estrategia de crecimiento de la economía canaria se ha centrado básicamente en la promoción del turismo como motor, impulsado por la tracción del sector de la construcción como condición necesaria para la expansión del primero. El marco institucional viene condicionado por la articulación de la economía canaria en torno al sector servicios y en particular al turismo, el cual es denominado con frecuencia y de manera intencional como “industria”. 

Tal clasificación responde al objetivo de favorecer una idiosincrasia económica basada en este sector como elemento central y casi único en cuanto a la capacidad de las actividades económicas del archipiélago para generar rentabilidad empresarial y valor añadido. Esta turistificación y terciarización paulatina de la economía canaria ha significado un progresivo decrecimiento de los sectores primario y secundario. Las consecuencias están a la vista: empleos precarios y freno al potencial productivo y exportador, unido a la desvinculación de las personas con sus barrios, pueblos y ciudades.

Así, basta echar un vistazo al territorio canario para darse cuenta de que las antiguas conserveras, atuneras y lateras lanzaroteñas han desaparecido de Arrecife, así como de todos sus cultivos en terrazas que eran el granero de las Islas Canarias. Lo mismo ocurre con las tabacaleras palmeras, los manantiales de agua y cultivos de tomate majoreros, el pastoreo grancanario y tinerfeño, los campos de piña herreños o las fábricas y los bancales gomeros. La herida colonial canaria no es solo histórica, sino también económica. 

La expansión de este modelo turístico ha provocado un aumento de la divergencia económica con el Estado español. Si en 2000 la renta per cápita de la población canaria estaba en la media estatal, a día de hoy se encuentra 20 puntos por debajo. Esta situación no es casual, puesto que el desarrollo de la economía canaria se ha fundamentado en los siguientes parámetros: 

• Destrucción masiva del territorio costero, mediante la construcción desordenada y sin planificación de miles de establecimientos turísticos, muchos de baja calidad, que siguen sin cumplir con suficientes estándares medioambientales, sociales, culturales, económicos, arquitectónicos, estéticos o identitarios. 

  • La mayor parte de la planta hotelera canaria -así como de gran parte del resto del sector turístico- es de empresas o particulares que no han nacido ni residen en el archipiélago, por lo que la reinversión y tributación en territorio interinsular es escasa o nula en numerosas ocasiones. 

  • Configuración de una oferta complementaria de servicios y productos de baja calidad, que prioriza los paquetes de ‘todo incluido’ frente a apuestas más sostenibles en términos de redistribución de la riqueza entre la población local.

  • El mercado turístico ha sido copado por compañías aéreas ‘low cost’, plataformas digitales de venta y, especialmente, turoperadores que comercializan en origen y apenas dejan riqueza en destino. 

  • Crecimiento poblacional descomunal, sobre todo con la entrada de personas provenientes de la Unión Europea, que van desplazando en el empleo a la población local en toda la cadena de valor del sector turístico, desde las direcciones y recepciones de los hoteles, pasando por la animación y ocio hasta las personas propietarias de restaurantes y ocio nocturno. 

  • Fruto de este binomio turismo-construcción, no sólo están llegando numerosas personas de la Unión Europea a trabajar a las Islas Canarias, sino directamente a residir en ellas sin aportar valor en términos sociales, económicos o culturales, toda vez que expulsan a la población residente de sus barrios y ciudades, incrementan el precio de la vivienda y de productos básicos, agravando el colapso de los servicios públicos y la infraestructura viaria y generando mayor carga ambiental. Este crecimiento poblacional desmedido, junto con la expansión del turismo de masas, da como resultado el que nos hayan convertido en un país empobrecido, tanto en términos macroeconómicos como en indicadores sociales. 

  • En la configuración de este modelo económico ha participado, de forma consciente y militante, la clase política del archipiélago y una parte del empresariado, generando una apropiación fáctica del poder por parte de las élites vinculadas al modelo de expansión. Es por ello que, para frenar la depredación del territorio archipelágico y de su población canaria, así como para garantizar las condiciones materiales de las isleñas, hace falta ejercer la soberanía en todos los sectores económicos, recuperar los abandonados sectores primario y secundario y diversificar con nuevas oportunidades la economía del país. 


Marco normativo

Las Islas Canarias han tenido un marco normativo propio desde el comienzo de su colonización hasta hoy día, con el objetivo de dar respuesta a su distribución insular, africanidad y lejanía de los centros de poder en Europa. En la actualidad, el Estatuto de Autonomía de Canarias es la herramienta jurídica con la que se han venido desarrollando las competencias propias y asumidas por la Comunidad Autónoma. Derivadas de este Estatuto se han ido aprobando numerosas normas que impactan en la vida de las personas canarias y han estado casi siempre ideadas por y para los mismos sujetos: élites y caciques locales y extranjeros con capacidad adquisitiva. 

Un ejemplo muy claro de esto lo constituye el Régimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias, que incluye la Reserva para Inversiones en Canarias, la Zona Especial Canaria el Régimen Específico de Abastecimiento o el Régimen Aduanero. Un conjunto de mecanismos que está pensado para el beneficio de los sujetos mencionados, mediante una amalgama de deducciones, ayudas, bonificaciones e incentivos económicos y fiscales, esto es, de subvenciones para ricos. 

Este marco normativo ha sido el fundamento legal de la depredación del territorio y de la población canaria, puesto que, al ser incapaz de recaudar los suficientes recursos públicos con el objeto de redistribuir la riqueza entre la población canaria, nos ha dejado a la cola en todos los indicadores sociales. Es por ello que gran parte de esta normativa ha de ser reformulada, de forma que podamos recuperar nuestra soberanía política, económica, social, cultural, institucional, territorial, medio ambiental e identitaria. 

El enfoque normativo para nuestro país debe orientarse hacia el impulso a un nuevo modelo productivo, la recuperación de nuestra soberanía y autocentrar la legislación enfocándola en el territorio isleño y las personas canarias. 


Confederalidad económica 

Una pieza clave en la redistribución de la riqueza es abordar un nuevo modelo económico en términos de confederalidad archipelágica, de manera que el modelo productivo no pivote sobre las islas capitalinas sino que se despliegue en todo el territorio nacional y supere los obstáculos impuestos al desarrollo de las islas no capitalinas. Como forma de combatir tales impedimentos, la Administración Pública Canaria tiene que realizar un esfuerzo de descentralización de sus estructuras hacia las islas no capitalinas generando efectos multiplicadores en términos económicos para la atracción de inversión, así como medidas para frenar la migración masiva de personas jóvenes que se está generando y ampliar la oferta educativa, con el objetivo de que las personas residentes en islas no capitalinas no se vean obligadas a abandonar sus realidades insulares en busca de horizontes educativos y laborales. 

Se propone, además, que en la normativa dictada por el Parlamento y Gobierno de Canarias se incluya una memoria de impacto socioeconómico en las islas no capitalinas, como una medida más para la consecución de los objetivos de confederalidad económica y que el conjunto de las Islas Canarias crezcan de manera sostenible, acompasada y equilibrada. 


Origen y destino de la riqueza en Canarias 

En 2020, 6.584 personas declararon en Canarias el Impuesto sobre el Patrimonio, que grava rentas superiores a los 700.000€. El patrimonio de las personas físicas obligadas a declarar este impuesto superó los 23.000 millones de euros. El valor de estas rentas equivale a más de la mitad del PIB del país y está en manos del 0,3% de la población. Es preciso señalar que estas rentas corresponden solo a las legalmente declaradas, ya que un alto porcentaje de las inversiones extranjeras en Canarias provienen de paraísos fiscales, relacionados con la existencia de fondos de procedencia ilícita que podrían estar actuando en el archipiélago al margen de la legalidad. 

Un grupo determinado y pequeño de familias han forjado sus fortunas durante décadas acumulando buena parte del tejido empresarial con mayor poder en Canarias. La mayoría de estas compañías desarrollan su actividad en el ámbito turístico, aunque también tienen presencia importante en sectores como la alimentación, el sector textil o la sanidad privada. La visión del turismo como motor económico de Canarias rara vez se relaciona con el hecho de que buena parte de las empresas que mayor beneficio obtienen de esta actividad son de capital extranjero, bien radicadas en las Islas o bien gestionando todo su negocio desde fuera del país. Han construido un modelo extractivista que se lleva fuera toda la riqueza que generamos las personas que trabajamos aquí. 


Modelo productivo. Hacia un nuevo modelo turístico

El turismo representa en torno al 35% del PIB y 40% del empleo en las Islas Canarias, siendo el sector económico más importante del archipiélago y del que dependen en buena medida numerosas personas y familias isleñas. Si bien es un sector que no para de crecer año tras año, tanto en cifras macroeconómicas como en llegadas y pernoctaciones de turistas, el principal desafío al que nos enfrentamos es que esa tarta turística se reparta entre la población canaria, en términos de bienestar y calidad de vida de las residentes canarias. Así, podemos ver cómo la mayor parte del capital inversor proviene de fuera de las Islas Canarias, sin que tribute ni genere riqueza en el archipiélago. En numerosas ocasiones los puestos técnicos de responsabilidad intermedios y altos se vetan a la población canaria y los menos cualificados están absolutamente precarizados. 

De igual forma, el crecimiento de camas turísticas, en forma de establecimientos hoteleros, viviendas vacacionales y tantos otros modelos de ocupación turística, no sólo está ocasionando que muchas personas se vean expulsadas de sus viviendas, barrios o ciudades, sino que, a su vez, están atrayendo a las islas a más personas foráneas que desplazan en el empleo y vivienda a la población local. Por todo ello, se propone: 

1.- Moratoria turística en todo el archipiélago hasta evaluar la carga turística -económica, medioambiental, habitacional, social, cultural- en cada una de las islas y de sus municipios. 

2.- Paralización de todas aquellas obras de establecimientos turísticos que hayan incumplido la normativa medioambiental o de protección del patrimonio arqueológico. 

3.- Desclasificación de camas turísticas en aquellas zonas o municipios que estén sufriendo el colapso turístico, hasta equilibrarlos en términos sociales, medioambientales y económicos. 

4.- Paralización en la concesión de viviendas vacacionales y persecución activa de todas aquellas que no cumplan con la normativa de ordenación turística. Establecimiento de un porcentaje de viviendas vacacionales admisibles por zonas para frenar la gentrificación. 

5.- Demolición de todos aquellos establecimientos turísticos y esqueletos de construcciones que hayan incumplido la Ley de Costas o el resto de la normativa medioambiental o de ordenación del territorio. 

6.- Finalización de los patrocinios, acuerdos o subvenciones a turoperadores, plataformas digitales de venta o compañías aéreas que fomenten los 'todo incluido', que no respeten las condiciones laborales de sus personas trabajadoras o que no apliquen políticas de respeto al medioambiente en sus ofertas combinadas. 

7.- Finalización de las campañas promocionales que identifiquen a las Islas Canarias con el reclamo turístico de 'sol y playa’ sin tener en cuenta la riqueza social, cultural o medioambiental del archipiélago. 

8.- Promoción en las ferias internacionales de un modelo turístico respetuoso con el medioambiente y la biodiversidad en las Islas, respetuoso con la población local que realce los valores culturales, naturales y patrimoniales del archipiélago. 

9.- Aplicar una tasa turística a todas las pernoctaciones que se destine a cualificar a las personas trabajadoras del sector, a mejorar los servicios públicos de las zonas residenciales aledañas a las turísticas y a combatir los efectos negativos de la carga turística en el medioambiente. 

10.- Potenciar la participación de la población local en el sector turístico mediante mejoras en su formación, apoyo en el emprendimiento y de creación de un banco de datos de empresas turísticas (establecimientos, restauración y oferta complementaria) que hayan superado una evaluación en términos de responsabilidad social, laboral, medioambiental y económica, que incluya las condiciones de accesibilidad y diseño para todas las personas y colectivos. 

11.- Acabar con la promoción e implementación de las rutas del Camino de Santiago en las Islas Canarias. 

12.- Acabar con las campañas promocionales enfocadas a atraer a “nómadas digitales” o personas teletrabajadoras. 

13.- Limitar la entrada de cruceros en los puertos canarios, priorizando la comercialización de productos por parte del tejido local, la movilidad de las personas residentes y la carga medioambiental del territorio. 

14.- Acabar con el principio de unidad en la explotación de los complejos turísticos, de forma que la población residente pueda vivir también en las zonas turísticas y sus aledaños. 

15.- Apuesta por el turismo de investigación. Generación de redes de investigación internacional que promuevan la visita a las Islas para que estudiantes colaboren en la promoción de nuevas formas de sostenibilidad y conservación del territorio y la biodiversidad en el archipiélago. 

16.- Limitar la venta de viviendas a personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas. 

Reorientación del sector de la construcción 

El sector de la construcción ha estado íntimamente ligado a la destrucción del territorio y la apuesta por un modelo turístico de masificación, sobre todo del litoral canario. En torno a un 10% del total de las empresas del archipiélago ejecutan su actividad en el sector de la construcción, ocupando a casi 60.000 personas. En términos de licitación pública, entre 2019 y 2022, el presupuesto para obras del Gobierno de Canarias fue de más de 1.073M€, de los cuales más de la mitad (65%) se destinaron a carreteras y solo el 7% a vivienda. Alrededor del 13% de las licitaciones fueron para obras sanitarias. 

Es necesario revertir esta situación y reenfocar el sector hacia la satisfacción de las necesidades que como sociedad tenemos. Cambiar el modelo implica desligar el sector de la construcción del turismo y sus derivaciones para vincularlo a los servicios públicos: vivienda, sanidad, educación, protección del territorio, cultura, sostenibilidad, etc. 


Emprendimiento, innovación y desarrollo 

El 96,05% de las empresas en Canarias tienen menos de 10 empleados.


Modelo productivo II. El sector primario

Existe un enorme déficit en la balanza comercial de productos alimentarios en el archipiélago. En 2022, el valor de las importaciones de productos agrícolas fue más del doble que el de las exportaciones. En el ámbito pesquero, las mercancías compradas al exterior triplicaron a las ventas. Y en materia ganadera, la estadística es exagerada: el valor de las importaciones superó 70 veces el de las exportaciones. 

El escaso grado de autoabastecimiento alimentario es especialmente preocupante. Sólo en plátanos, aguacates, mangos y papayas alcanzamos el 100% del consumo surtido localmente. Si observamos los alimentos de origen ganadero sin transformar, el huevo es el único producto de relevancia que está cerca del autoabastecimiento (sobre el 70%). Mientras que importamos alrededor del 85% de la carne que se consume y casi la totalidad de la leche. 

Estos datos ilustran una gran dependencia del exterior en materia de alimentos que no es casual. Viene determinada en buena medida por los cambios acelerados durante los últimos 40 años en el modelo productivo del archipiélago, desvinculando el modelo productivo del sector primario. Este sector apenas representa el 2% de la economía canaria y ocupa a poco más de 20.000 personas en la actualidad, cuatro veces menos de las que empleaba a finales de los 70. 

Canarias suelo, no solar. La terciarización de la economía canaria ha ido extendiendo la idea de que somos un solar, donde construir hoteles, centros comerciales y carreteras. No se ha observado la gran potencialidad que supone la superficie agraria que existe en el archipiélago, cada vez más abandonada cuando no aplastada por proyectos de interés turístico o comercial. El suelo es riqueza: producción alimentaria y paisaje. Es necesario cambiar un modelo que nos lleva al caos, preparado para que los grandes productores puedan engullir a los pequeños. Las multinacionales pagan por debajo del coste de producción a los productores locales, limitan su poder de negociación y desarrollan estrategias de arrinconamiento que terminan por expulsarlos del mercado. 

La importación de abonos químicos ha ido denostando la utilización del abono natural (estiércoles), así como la introducción de los transgénicos está mermando nuestra propia semilla. El empleo frecuente de antibióticos y productos químicos, tanto en la ganadería como la agricultura, nos lleva a producir alimentos perjudiciales para la salud. 

El Régimen Específico de Abastecimiento (REA) configura una de las principales amenazas para la producción y el consumo local. Durante décadas se ha intentado instaurar la idea de que este instrumento permite el abastecimiento de productos agrarios que por la situación del archipiélago no somos capaces de producir. Sin embargo, el REA ha terminado por configurarse como una herramienta para que mercancías extranjeras copen el mercado canario y obstaculicen la producción local. 

La producción platanera representa un volumen importante del total de la producción agrícola en las Islas. Cerca del 90% de lo que se produce está destinado a la exportación en un mercado cada vez más competido donde el plátano de Canarias duplica generalmente el precio de las bananas de terceros países, con lo que las dificultades de comercialización son crecientes. El sector platanero se mantiene a base de subvenciones europeas que benefician a las grandes organizaciones que concentran la producción, pero están lejos de generar un impacto positivo notable para el pueblo canario en su conjunto. 

El cambio en el modelo productivo que impulse al sector primario en las islas será fruto de años de implantación de políticas orientadas hacia un horizonte de soberanía alimentaria. Para ir transitando ese camino y propiciar la transformación del sector, se propone las siguientes medidas enfocadas a la raíz del problema: 

1.- Premiar el autoconsumo, en lugar de perseguirlo. Eliminar las figuras jurídicas que limitan la comercialización a los pequeños productores. Creación de un complemento salarial que permita a las pequeñas explotaciones agrarias rentabilizar su actividad en un primer momento. Impulso a la economía familiar y de kilómetro cero. 

2.- Creación de una red de comercio local en todas las Islas donde los pequeños productores puedan vender siempre con precios justos, por encima de los costes de producción. 

3.- Diversificación de la producción agrícola y promoción de cultivos poco extendidos, por ejemplo la sandía y el melón u otros que se adapten a nuestro territorio. La diversidad a la hora de cultivar además evita las plagas. Investigación de mercado autocentrada que ayude a producir aquí lo que aquí se consume. 

4.- Fomento de la agricultura y ganadería tradicional y pastoreo. No solo para proteger las poblaciones rurales y generar empleos en el sector primario, sino también enfocada a la protección del medio natural y la minimización de los riesgos de incendios forestales. 

5.- Erradicar los peligros que conlleva la caza sobre la actividad agraria. Garantizar la seguridad tanto para las personas trabajadoras en las explotaciones agrarias como las que habitan entornos rurales, excursionistas, senderistas y visitantes.

6.- Educar, formar y concienciar al pueblo canario, en los beneficios del consumo de productos locales tanto desde el punto de vista económico como para la transición hacia hábitos alimenticios más saludables. 

7.- Trabajar por la supresión paulatina del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y aumentar el grado de autoabastecimiento alimenticio. 


Sector secundario 

El sector industrial ocupa en torno a 39.000 personas en Canarias, alrededor de un 4% del total de personas trabajadoras activas. Más del 80% de las mismas están asociadas a la industria manufacturera, que se vincula en gran medida a la producción tabacalera. El porcentaje de empresas del sector secundario sobre el total apenas supera el 3%, de las cuales casi la mitad no tiene personal empleado. El Valor Añadido Bruto que introduce el sector secundario en nuestra economía apenas supera el 6%, una tercera parte de la media en el Estado. 

Creemos que no es casual que en la articulación económica del archipiélago se haya abandonado una actividad industrial que, incluso en las condiciones actuales, posee un nivel de productividad un 33% superior al del conjunto de la economía y genera un salario medio superior que el promedio del resto de sectores. La transformación del modelo productivo en Canarias pasa necesariamente por la potenciación del sector industrial, apostando por actividades aparejadas a niveles de retribución laboral superiores al promedio actual. El horizonte industrial en Canarias tiene que orientarse a la contribución de esta actividad al modelo de país y de sociedad que queremos. 

El fomento del sector secundario no debe centrarse en la atracción de inversión extranjera de cualquier tipo a través de instrumentos fiscales de baja tributación, sino en el impulso de actividades que nos ayuden a garantizar la sostenibilidad del archipiélago y que sean útiles para incrementar el valor añadido de las mercancías producidas en las Islas. 


Por todo ello, proponemos: 

1.- Utilización de la Zona Especial Canaria como un elemento real de potenciación únicamente del sector industrial. Reducción de las actividades que permiten a las empresas instalarse en la ZEC, con carácter retroactivo. Esto es, aquellas empresas cuya actividad económica quede fuera del nuevo catálogo de requisitos centrado en el sector secundario, perderá las ventajas fiscales asociadas a la ZEC.

2.- Promover la simbiosis entre la producción agraria y la actividad industrial. La transformación del fruto del sector primario en mercancías de mayor valor añadido a través del tejido industrial debe ser otro de los objetivos a cumplir en el nuevo modelo productivo canario. 

3.- Desarrollo de un tejido industrial orientado hacia el horizonte de sostenibilidad del archipiélago. Se buscará asociar la actividad del sector a la puesta en marcha de soluciones de profundidad en cuestiones como la gestión del agua y los residuos y el fomento de las energías renovables. 


Nuevas oportunidades de diversificación

Producción audiovisual y potenciación de las economías naranjas

Las Islas Canarias se han convertido en un inmenso plató para el rodaje y producción audiovisual, motivado en gran parte por los incentivos fiscales que se han establecido en nuestro REF para atraer a la inversión extranjera. Empieza a emerger cierta industria dentro del archipiélago, basada en que empresas locales presten servicios a las productoras extranjeras, en forma de búsqueda de localizaciones, gestiones de permisos, carpintería, catering, conducción, logística, limpieza, entre otros, que si bien generan numerosos puestos de trabajo, no cuentan con el valor añadido del resto de la cadena de producción audiovisual. 

Y, frente a los modelos de especulación del territorio que se están pretendiendo en diversos puntos del territorio interinsular para potenciar este sector productivo, proponemos las siguientes actuaciones en materia de producción audiovisual y de fomento de la economía naranja: 

1.- Se ligarán los incentivos fiscales en materia audiovisual a la contratación de personas trabajadoras locales que participen en toda la cadena de valor, reservando cuotas de puestos de trabajo para ellas. 

2.- Exigencia de medidas compensatorias, en función del tamaño y alcance de las producciones, en materia de protección del medio ambiente, recuperación del patrimonio cultural y arqueológico canario o formación de las personas del sector audiovisual. 

3.- Transformación de las oficinas del cine institucionales, para que sienten las bases para la creación de una auténtica industria audiovisual que produzca desde Canarias para el resto del mundo. 

4.- Delimitación y catalogación de áreas y zonas de rodaje, de forma que las productoras sepan de antemano en qué lugares y épocas del año pueden producir su contenido audiovisual, bajo las condiciones medioambientales que se determinen. 


Economías azules 

Para la potenciación de los ejes contemplados en la Estrategia Canaria de Economía Azul las Islas Canarias deben ser reconocidas como un Estado Archipelágico, en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De esta forma se podría lograr un mayor control sobre nuestras aguas territoriales, zonas contiguas, plataformas continentales, junto con una mejor gestión de las zonas costeras y la explotación sostenible de sus recursos naturales. 

Asimismo, proponemos priorizar los ejes que guardan relación con la potenciación de las actividades industriales, pesqueras, de acuicultura, I+D+i, servicios navales o energías renovables marinas. Por último, cabe señalar que resulta esencial crear un marco normativo que otorgue seguridad jurídica a todas aquellas empresas y particulares que quieran participar en este sector productivo. 


Economías digitales 

El talento, conocimiento y experiencia de nuestro empresariado puede ser desplegado en el resto del mundo. La economía digital versa sobre la capacidad del tejido productivo canario de producir, comercializar y distribuir servicios y productos a través de las tecnologías de la información y comunicación. De esta forma, no solo se garantiza la soberanía de las Islas Canarias en materia interna, mediante su autoabastecimiento empresarial, sino que cumple una función exportadora y generadora de riqueza, mediante la internacionalización de sus empresas y personas trabajadoras autónomas. 

Con el objetivo de potenciar este sector económico, se propone la aprobación de una Estrategia Canaria de Economía Digital, enfocada especialmente en las pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas, con el objetivo de digitalizar sus estructuras económicas e internacionalizar sus actividades. 

Otras oportunidades de diversificación 

1.- Las Islas Canarias como plataforma tricontinental. Fortalecimiento del vínculo económico y social con el continente africano, mediante la generación de espacios de encuentro que permitan marcos de cooperación mutua entre el archipiélago y el continente. Potenciación de los puertos de interés general, junto a su desconcentración en las islas no capitalinas, para posibilitar el intercambio, comercio y despliegue de servicios para los continentes africano, americano y europeo. 

2.- Enogastronomía: estrechamente vinculada con el sector primario, se potenciarán todas las actividades relativas a la restauración, bodegas, queserías, lonjas, cofradías, fincas agrícolas, a la producción, comercialización y consumo de productos locales, ecológicos y de proximidad o kilómetro 0. 5.- Economía circular: impulso a la Estrategia Canaria en esta materia, aprobada en el año 2021, junto con el desarrollo de la normativa comprendida en la Ley Canaria de Economía Circular. 


Servicios públicos. 

Los derechos sociales

Las empresas con ánimo de lucro cada vez ocupan un mayor espacio entre las adjudicatarias de los servicios de cuidados a personas, ya sean de discapacidad o de mayores (residencias, centros de día, atención a domicilio, etc). Con la connivencia de las administraciones cada vez son más los centros y/o servicios públicos de gestión privada. Una cantidad creciente del gasto público en cuidados va a parar a las arcas de las empresas, que se apropian así de una parte importante de la infraestructura social. 

Las empresas privadas resultan peligrosas cuando gestionan servicios asistenciales, puesto que su principal objetivo es obtener beneficios para sus propietarios, no gestionar servicios sanitarios y asistenciales ni contribuir a una sociedad sostenible. Mientras que el objetivo de estos centros/servicios es el de cuidar personas procurando la mejor calidad de vida; por tanto, ambos objetivos son contradictorios y en ningún caso complementarios. Así, aquellas actividades que principalmente se ocupen del cuidado de personas no deben ser objeto, en ningún caso, de licitación para que su gestión sea llevada por empresas con ánimo de lucro. 

Cuando esto ocurre las consecuencias son claras: 

  • Escasez de personal, con el consiguiente desgaste entre el personal obligado a doblar turnos. 

  • Precariedad laboral, pagando por debajo de los convenios colectivos, con condiciones de trabajo inadecuadas. condiciones muy estresantes psicológica y físicamente que hacen que algunas personas enfermen, lo que se convierte en un círculo vicioso, porque entonces faltan aún más compañeros. Las consecuencias las pagan los residentes, que están peor atendidos. 

  • Baja cualificación del personal. Ya que el personal cualificado busca alternativas laborales en cuanto puede para huir de este escenario, y al que se le contrata no se le forma adecuadamente. 

Deficiencias en la calidad de los servicios prestados, recortando en la alimentación de los residentes (comida escasa y de baja calidad) y en los recursos necesarios para atender adecuadamente a las personas (pañales, empapadores, etc.). Todo esto es posible por el tipo y cantidad de control que las administraciones responsables establecen. 

En primer lugar los inspectores son escasos para controlar la gran cantidad de centros, por lo que están sobrecargados y por otro el tipo de control, no establecen normas mínimas de calidad en la atención a las personas. Tenemos reciente en la memoria todo lo ocurrido en la pandemia, Amnistía Internacional ha publicado informes sobre el "abandono" sufrido por residentes. En estos informes, la lista de acusaciones es larga y grave: violación de los derechos humanos y del derecho a la salud, abandono de los ancianos hasta la muerte, problemas estructurales, falta de financiación y de personal. El negocio es tan lucrativo que cada vez más fondos de inversión se interesan por adquirir empresas que gestionan estos centros y servicios, atraídos por sus beneficios, que son obtenidos de las malas condiciones laborales de sus trabajadores y la baja calidad de los servicios prestados. Sin embargo, son conocidas las alternativas para un problema que trasciende nuestras fronteras. 

La respuesta en este sentido debe pasar por: 

1.- Priorizar la gestión de estos centros y servicios de atención a la dependencia desde el ámbito público y limitar la explotación privada de los mismos únicamente a empresas y entidades sin ánimo de lucro. 

2.- A medida que se vaya produciendo la expiración de las concesiones otorgadas a empresas privadas, transitar hacia la gestión pública de estos centros y servicios. 


Movilidad y transporte 

Existen trece rutas con obligación de servicio público entre islas que son clave para garantizar la conectividad en el archipiélago. Sin embargo, la concentración empresarial que se da en el mercado del transporte, agravada recientemente con la absorción de Air Europa por parte de AIG, supone una amenaza para garantizar precios justos. Debe primar la conectividad en toda Canarias sobre los intereses de un mercado de transporte cada vez más oligopólico. Por lo tanto, es necesario explorar fórmulas que permitan la fijación de precios máximos para el transporte marítimo y aéreo interinsular. 

Es necesario garantizar que las personas canarias en el exterior puedan viajar a casa. La pérdida de la condición de residentes limita las posibilidades de hacerlo en condiciones asequibles. Hay que explorar soluciones que permitan extender el descuento de residente a aquellas personas que, habiendo nacido en Canarias, tienen su residencia fijada fuera del archipiélago. 

Nuevo modelo de transporte público en las islas, inversión en la ampliación de la flota de guaguas. Rechazamos el gasto desorbitado que conlleva el fomento de una red ferroviaria en las islas capitalinas, y apostamos por un modelo donde la guagua sea el elemento central, que garantice la mejora de la conectividad aumentando frecuencias y capacidad y distribuya los recursos nacionales de manera equitativa entre las ocho islas. 


Modelo energético 

La energía y el agua son bienes básicos, de primera necesidad y, como tal, un derecho innato que debe estar recogido como base fundamental de todas las políticas, tanto en el ordenamiento jurídico como en las normas de comportamiento social. La realidad es que la crisis y la subida de precios evidencian que cada vez hay más personas que forman parte del colectivo que sufre pobreza energética, situación alarmante y para la que no es solución un sistema asistencial, porque es un problema enquistado que cuestiona derechos humanos esenciales. El aumento de la pobreza, la opacidad en la fijación de precios, el desapego social ante la transición energética y la falta de grados de libertad de los consumidores para paliar los efectos de la subida de precios, demandan un cambio estructural de un modelo que no se ajusta a las exigencias básicas que deben regular la cobertura de las necesidades de las personas. 

El Gobierno de Canarias debe ser garante de este derecho y actuar no sólo desde el punto de vista regulatorio, sino como agente activo para que lo suministros básicos sean un servicio público. Una mayor ambición y ritmo de crecimiento en la implementación de iniciativas de mejora de la eficiencia y de aprovechamiento de fuentes de energía renovables deben ser objetivo de la política energética. Esta aceptación social debe ser fruto de mecanismos de distribución de los beneficios económicos y sociales generados hacia las clases sociales afectadas, por la desigualdad del reparto de valor que caracteriza el sistema, así como de procesos de información, diálogo y escucha de las zonas de implementación y de influencia. 

Es importante que en el medio rural no opere un modelo basado en la mera actividad extractiva que pone en riesgo su modo de vida actual: la apuesta por el mantenimiento de la superficie agraria útil, por la limitación del tamaño de las plantas, por la participación de un mayor número de agentes, por su consideración ambiental conjunta, por el cuidado y la salvaguarda de la biodiversidad y de la cultura son elementos importantes que deben tenerse en cuenta. Tenemos que configurar un sistema de formación de precios que permita abastecer las necesidades bajo criterios de eficiencia y que responda, de forma transparente, a los costes que los originan. Los principios para establecer el precio final deben ser la transparencia de la señal de precio, el pago por uso y la progresividad del precio en función del consumo teniendo en cuenta las características del consumidor, por equidad y eficiencia. 

Es necesario establecer para cada tipo de unidad familiar un mínimo vital que tenga un coste reducido o, incluso, nulo si su estado es de vulnerabilidad. Con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación canaria en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un Fondo con una aportación suficiente para garantizar que las personas vulnerables dispongan de los derechos y descuentos en la normativa reconocidos, tanto en el Bono Social Eléctrico, como en la aplicación de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. 

Se debe dotar al Gobierno de Canarias de medios para la creación en sus capitales insulares de una red de oficinas de información y defensa de los derechos relativos a suministros básicos. La última década ha provocado un aumento enorme de la exclusión y la pobreza. Todo ello sumado a los estudios recientes que demuestran el elevado desconocimiento del lenguaje y estructura del sector energético, hacen necesaria la financiación de campañas de concienciación con información relativas a derechos relativos a suministros básicos, con el fin de que las consumidoras y los consumidores puedan ejercitar plenamente sus derechos. 

Contratación pública 

La contratación pública supone alrededor del 20 % del PIB del país, por lo que, además de ser un motor fundamental de la economía canaria, podría convertirse en una herramienta de carácter estratégica para el impulso de un mercado productivo mucho más social, territorial y ecologista. De esta manera, se propone la aprobación de una Ley Canaria de Contratación Pública que atienda a las particularidades propias del archipiélago y que contemple: 

1.- Creación de una Estrategia Canaria de Contratación Pública autocentrada, alejada de una óptica continental, con mapas de riesgos de cada una de las islas, áreas mancomunadas y municipios. 

2.- Establecer porcentajes de reserva de contratos para entidades de la economía social (empresas de inserción y centros especiales de empleo). 

3.- Establecer un marco de incentivos para que las empresas y personas autónomas canarias -sobre todo las PYMEs- puedan internacionalizarse mediante la participación en licitaciones que tengan lugar fuera del territorio interinsular. 

4.- Identificar qué sectores de la contratación pública están siendo copados por empresas no radicadas en las Islas Canarias para potenciar la soberanía y autosuficiencia del archipiélago y reducir su dependencia del exterior.

5.- Formación del personal público para la introducción de consideraciones ambientales, sociales y de innovación en la contratación pública que tengan en cuenta políticas de proximidad y autosuficiencia. 

Empleo, nuevo marco laboral y economía social

Derechos laborales 

El porcentaje de la población en paro en Canarias asciende al 17,7 %. Es inasumible tener una tasa de desempleo tan alta. Y la situación es aún más preocupante para las personas jóvenes: el 36’4% de los menores de 25 años en el primer trimestre de 2023. Poco más del 15% de la juventud logra emanciparse (menos de la mitad que la media de la UE). La alta tasa de paro provoca emigración, precariedad laboral, y gentrificación. Las personas con formación superior ante esta situación de dificultad para encontrar empleo y la temporalidad de sus contrataciones, se ven obligados a emigrar de su tierra a España y a la Unión Europea, y las que no poseen formación se quedan en un mercado de trabajo donde las condiciones laborales son precarias y de bajos salarios. 

Los derechos laborales actuales, partiendo del Estatuto de los Trabajadores (ET) y siguiendo con los convenios colectivos sectoriales o los de empresa, no reflejan las necesidades reales de las personas trabajadoras. La normativa laboral les otorga a las empresas una libertad casi absoluta para modificar condiciones de trabajo, despedir, no subir salarios, etc. Tanto en el ET como en los convenios colectivos de aplicación existen múltiples artículos y/o cláusulas que permiten que las empresas puedan disponer para sus beneficios de los pocos derechos que tenemos las personas trabajadoras. Tenemos que destacar que en Canarias más del 74% de la economía está basada en el sector terciario (servicios) y este sector es uno de los más precarios. Con una turnicidad de mañana, tarde y noche, un amplio número de turnos partidos, trabajo en domingos y festivos y un largo etcétera que refleja la situación de estas trabajadoras. 

En este contexto tenemos mucho trabajo por hacer, pero no se trata tan sólo de acciones de negociación colectiva entre empresas y trabajadores, sino que se requiere la intervención de las administraciones públicas. Necesitamos políticas sociales y de empleo para resolver los desafíos a los que se enfrentan las personas a la hora de acceder al mercado laboral, especialmente ante el deterioro de la situación socioeconómica actual. En estas circunstancias, formulamos las siguientes propuestas: 

  • Formación en sectores estratégicos. De esta forma se diversifica la economía canaria, para dejar de ser un país de servicios donde se nos aboca a trabajar en este sector, abanderado de la precariedad laboral. 

  • Medidas reales y efectivas para la conciliación laboral, familiar y personal, dando la posibilidad a los padres y madres a tener permisos por cuidado de sus hijos e hijas, permisos por acompañamiento al médico, horarios de trabajo adecuados de 14 17 para poder conciliar, semana laboral de 4 días, brindar posibilidades para el teletrabajo en las áreas que sea posible, etc. 

  • Impulso de una Estrategia Autonómica de Retorno de los jóvenes que tuvieron que emigrar forzosamente. 

  • Promoción de una infraestructura que facilite la prestación de servicios públicos y oportunidades en el mundo rural. 


Economía social, cooperativismo y entidades del Tercer Sector 

El paso social hacia delante que formulamos como sólida propuesta es la promoción y mantenimiento efectivo de las redes y entidades de la economía social y solidaria (ESS). A través de este marco económico y laboral, se alimenta la cultura de cooperación y ayuda mutua. Arraigada al territorio y con el potencial para movilizar recursos mediante los cuales materializar los proyectos elaborados y confeccionados por, para y desde el desarrollo local. 

Las entidades de economía social y solidaria se caracterizan por mantener una férrea defensa de los principios de la carta de la economía solidaria. Estos son: el principio de equidad, de trabajo digno, de sostenibilidad ambiental, de cooperación, sin fin lucrativo y de compromiso con el entorno. La forma jurídica por la que las podemos identificar son cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, etc. Economía Social (Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo) En lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas que conforman los colectivos más desfavorecidos, en exclusión social o en riesgo de padecerla, existen dos fórmulas que son predominantes: una exclusiva para las personas con discapacidad (los Centros Especiales de Empleo, en adelante CEE) y las Empresas de Inserción (en adelante EI), en la que tienen un espectro más amplio en cuanto a colectivos de atención. 

En Canarias, la mayoría de los CEE son entidades con ánimo de lucro y realizan prácticas que bordean la legalidad, como la cesión ilegal de trabajadores. Los que carecen de ánimo de lucro, en muchos casos vinculados a Centros Ocupacionales, pueden caer en las malas prácticas de tener un grupo de personas produciendo (usuarios de los CO) sin que estén dadas de alta. 

A pesar de la amplia regulación que existe al respecto, en el Servicio Canario de Empleo se deben establecer los criterios y reforzar la vigilancia sobre los CEE, sobre todo teniendo en cuenta que más del 95% del presupuesto que destina a la inclusión laboral de personas con discapacidad se va a estas entidades, por lo que gran parte de estos recursos están yendo a parar a los bolsillos de empresarios quedando los intereses de las personas con discapacidad en un segundo o tercer plano. 

En cuanto a las EI, tienen una regulación más reciente y atienden a un colectivo mucho más amplio y regula de manera más exhaustiva los itinerarios formativos a realizar con las personas. También se pueden beneficiar de las reservas de los contratos públicos, pero aquí el problema radica en que sólo existen 19 empresas repartidas de manera desigual: 14 en Tenerife, 4 en Gran Canaria y 1 en La Palma. 

En este sentido se deben articular mecanismos para promocionar las EI en todas las islas, incentivando tanto su creación desde el Tercer Sector de Acción Social como desde las propias entidades de derecho público. Resulta clave la creación de empresas de inserción desde los ayuntamientos, en especial en actividades vinculadas a la dependencia poco extendidas en Canarias, como la teleasistencia, servicios a domicilio, asistencia personal, etc. El despliegue de los contratos reservados es básico para mejorar la inclusión laboral de personas en exclusión, a través de las dos fórmulas descritas, pero es necesario mejorar en ambos casos algunas cuestiones previas para garantizar el cumplimiento del objetivo. 

Así pues, se debe enfatizar respecto a la necesidad de canalizar el gasto público hacia proyectos que no solo cumplan el interés concreto de la adjudicación, sino que también considere el recorrido que experimentará en el circuito monetario tal transferencia. Los criterios de interés público del propio legislador, consisten en la reducción de las desigualdades, la inserción sociolaboral y el desarrollo laboral, frentes todos ellos para los que se dedican divisiones de proyectos y consejerías enteras. La existencia de tales resulta imprescindible, pero más aún lo es poder establecer una dirección estratégica coordinada institucional que favorezca el desarrollo sostenible de las entidades que cumplan el impacto descrito. 


Cooperativismo 

La introducción de la noción cooperativa del trabajo, tiene el potencial de ser un elemento transformador de las relaciones sociales, el cual surge y se desarrolla en el puesto de trabajo, exteriorizando el capital humano adquirido al resto de dimensiones vitales, como así sea la convivencia en las respectivas localidades, familias y los espacios de ocio. El estado del cooperativismo en Canarias es crítico en tanto es la comunidad autónoma con menor ratio de cooperativas por cada 100.000 habitantes. El despliegue de las actividades para su promoción debe ir más allá de una política pasiva vía subvenciones específicas para el sector de economía social y plantear la posibilidad de valorar en los procedimientos y licitaciones generales de concurrencia competitiva una discriminación positiva hacia esta forma jurídica, argumentado en base a las externalidades positivas que genera en el resto de la sociedad, apoyándose en la Ley de Contratos del Sector Público. 


Tercer sector 

El tercer sector surge para cubrir donde lo público no llega y además hacerlo sin que nadie obtenga rentabilidades abusivas. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los trabajadores son, en muchos casos, muy mejorables ya que cuentan con convenios colectivos de baja calidad en general. Por otro la financiación que llega de las administraciones públicas a las entidades del Tercer Sector es de baja cuantía económica; inestable, a pesar de mantener los servicios prestados de manera continua; y encorsetada a la fórmula de los convenios, que no permiten adaptaciones a la coyuntura económica. La regulación de los Conciertos Sociales debe contar de manera inmediata con la aprobación de una Cartera de Servicios Sociales y sus correspondientes fichas económicas para convertirse en una herramienta realmente eficiente. 

El desmantelamiento intencionado del Estado del bienestar crea un mercado asistencial en el que servicios sociales y prestación de asistencia sanitaria se externalizan y tales responsabilidades públicas las acaban ejecutando entidades sin fin de lucro (ESFL), en forma de asociaciones y fundaciones. Una de las consecuencias generadas es la tergiversación del derecho de asociación, en tanto aquellas que se mantienen económicamente prestan este perfil de subcontrata y acaban funcionando como plataformas de empleo beneficiarias de un régimen fiscal favorable. El 80% de las ESFL con empleados se dedica al desarrollo asistencial, mientras que tales actividades no son representativas del vasto tejido asociativo. La deriva de las entidades sin ánimo de lucro no debe tender hacia el presente papel de comparencia a la marginalidad, menos aún desarrollando una labor que corresponde a la política pública y que por contrapartida precariza a las ESFL.

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Educación

La Educación debe ser una prioridad principal de Canarias porque es un Derecho Humano esencial y es la base para consolidar la paz y la democracia en las islas e impulsar el desarrollo sostenible en el archipiélago. Revertir la calidad insuficiente del Sistema Educativo Canario debe ser el objetivo principal de los esfuerzos a todos los niveles. Para ello es clave abordar inicialmente las causas estructurales existentes, que nos permitan adentrarnos a la diversas problemáticas derivadas de la precariedad estructural general en la sociedad canaria, que inciden directamente en la situación actual educativa en las islas. Particularmente el proceso crónico de precariedad sociolaboral de Canarias cuyas manifestaciones más claras son el desempleo, la tasa de salarios bajos, dificultades para la conciliación familiar/laboral y la crónica diferencia salarial respecto a otros territorios del Estado Español, lo que lleva a una vulnerabilidad transversal de su ciudadanía, y arrastra una inercia de desigualdad social, que es una opción política, y no una inevitabilidad.

Vivimos en un mundo en el que abundan los datos y, sin embargo, carecemos de información básica sobre la desigualdad. A pesar de que el Gobierno Canario publica las cifras sobre el crecimiento económico todos los años, los reportes no detallan cómo se distribuye el crecimiento entre la población, es decir, sobre quién gana y quién pierde con las políticas económicas. El acceso a dichos datos es fundamental para promover la democracia. Más allá de los ingresos y la riqueza, también es fundamental mejorar nuestra capacidad colectiva para medir y monitorear otras dimensiones de las disparidades socioeconómicas, incluidas las desigualdades ambientales y de género. La información sobre desigualdad de acceso abierto, transparente y confiable es un bien público que debe ser garantizado, ya que es fundamental para diseñar vías de desarrollo más justas.

Los insuficientes apoyos sociales por parte del Estado, medios materiales muy limitados destinados a la educación, escasas políticas públicas que den respuesta a la diversidad de familias del Archipiélago, excesos de burocracia o la deficiente formación del profesorado van contribuyendo de manera sistémica al deterioro constante y la fragilidad del Sistema Educativo Canario. Es clave que los centros educativos y deportivos públicos sean uno de los ejes vertebradores de los barrios, pueblos y otros espacios sociales  de nuestras islas. Además el desarrollo de currículos por materias y materiales didácticos de todo tipo con perspectiva canaria, acompañado del impulso a la formación del profesorado para poder aplicar dicha perspectiva en su práctica docente.

El presente documento engloba un primer acercamiento de estudio y opinión del grupo sectorial de Educación, que se ha configurado en los siguientes ámbitos: INFANTIL-PRIMARIA, SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, EDUCACIÓN ARTÍSTICA y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

A continuación se aporta desde cada uno de estos ámbitos educativos, los aportes realizados dentro de la estructura de trabajo:

Diagnóstico

Infantil-Primaria:  El impulso a la escolarización de 0 a 3 años debe ser una de las principales políticas educativas del Gobierno, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, la disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias plantea extender su proyecto piloto para la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) con la apertura de aulas de este nivel en 65 nuevos centros de las islas que ofertarán 1.196 nuevas plazas durante el próximo curso escolar. De esta forma, en el periodo lectivo 2023/24 habrá un total de 1.793 plazas en 99 centros públicos dependientes del Departamento Educativo del ejecutivo canario. Con ocho años de retraso respecto a lo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, comienza a ver los primeros avances del Plan estratégico para el Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias (0-3 años). Esto, si bien es urgente y necesario, no deja de ser otro de los incumplimientos de la Ley Canaria de Educación que evidencia el olvido en el que se mantiene la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias.

El Plan Estratégico plantea unos objetivos relacionados con la equidad, inclusión, sostenibilidad, calidad e igualdad en los servicios y procesos de enseñanza y aprendizaje; impulsar el apoyo a las familias y promover su participación; mejorar la cualificación profesional del personal docente..., pero lo cierto es que se marca unos objetivos insuficientes y poco ambiciosos, que aún siendo importantes difícilmente se conseguirán si no hay una apuesta presupuestaria decidida tendente a aminorar de manera importante la diferencia existente con la media estatal. La ausencia de una apuesta firme por la universalización de esta etapa y por su gratuidad, se manifiesta en la falta de garantías para que ningún niño o niña se quede sin plazas en estas imprescindibles enseñanzas, y en el muy limitado apoyo a los colectivos familiares que son víctimas de la desigualdad y que padecen las diferentes brechas socioeconómicas existentes.

Hasta 57 ayuntamientos canarios deberán crear 6.200 plazas escolares entre 0 y 3 años hasta 2025, según el Plan Estratégico. Cifras insuficientes para la Plataforma por el 5% para Educación, ya que prevé una tasa de escolarización del 36,1%, por debajo del objetivo del Plan Estratégico (40%). Además, quedaría lejos del 57% necesario para superar la desigualdad con el resto del Estado. La educación de los niños y niñas de 0-3 años es uno de los grandes déficits del sistema educativo canario, ya que esta escolarización temprana es clave para compensar desigualdades socioeconómicas y para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas.

Para una enseñanza coherente con las últimas tendencias en Educación, las ratios en la Escuela Pública siguen estando por encima de las indicadas para garantizar una educación individualizada y de calidad. En los colegios concertados estas ratios son mucho más altas, debido a los intereses de las propias empresas que los gestionan, como por el interés en cuestión económica que le supone al Gobierno de Canarias. Esto perjudica tanto al alumnado, como al profesorado, que se enfrenta a clases con mucho alumnado y muy poco tiempo para una atención individualizada. La gran mayoría de centros públicos están dotados de ciertos recursos que, en muchos casos son anticuados o han sufrido el deterioro de un mal mantenimiento. Las aulas de música, de psicomotricidad, las bibliotecas o pabellones para realizar actividades deportivas resultan insuficientes, carecen de dotaciones adecuadas, tanto en materiales como en la gestión del propio espacio. Los programas de alimentación ecológica y de productos del país no llegan a todos los  Centros de Primaria de las islas.

La burocratización del papel del profesorado en el relleno de documentación permite la organización de las clases de forma anticipada pero, al hacerse de forma constante y a veces innecesaria, dificulta la organización de la verdadera función docente. Además, el sueldo del personal docente no es equiparable a las horas de trabajo, tanto realizadas en el Centro Escolar como fuera de éste. Asimismo, las subidas de sueldo no se realizan en función de la subida del IPC. Otro aspecto importante tiene que ver con que no se publicita la formación ni se premia al profesorado que continúa formándose en su trayectoria profesional. Por último, en referencia al personal laboral de colegios concertados de pago delegado no tienen una equiparación salarial con los y las funcionarias a pesar de que su horario laboral y el calendario escolar es, en muchas ocasiones, más amplio. Asimismo, la formación muchas veces es exclusiva para docentes de Centros Públicos, impidiéndole al personal de centros concertados.

Se hace necesaria una mejor detección del alumnado con dificultades educativas en los centros educativos, por lo que se requiere de mayores recursos y profesionales especialistas como son psicólogas y psicólogos infantiles y otro personal especializado en infancia. Existen apoyos puntuales en un aula en las que debe existir un profesor o profesora de apoyo que no se cubren, debido a que no se considera que este apoyo tenga que prolongarse en el tiempo. Los recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo escolar (NEAE) y para el profesorado que tiene a este alumnado en la clase son insuficientes. La formación del profesorado para una adecuada inclusión de este alumnado en Primaria e Infantil es muy limitada.

Existe un uso excesivo de pantallas en edades tempranas, así como dificultades del alumnado para mantener la atención en las tareas y desarrollar su pensamiento crítico. La amplia diversidad cultural e idiomática que se vive en algunos colegios de nuestras islas deberían estudiarse como casos especiales que necesitan de una consideración mayor a la hora de organizar al personal laboral y las ratios. Nos enfrentamos con problemas derivados del no respeto a la diversidad cultural y social de nuestras islas, así como a la atención temprana de la sexualidad de nuestro alumnado, sobre todo en nuestro alumnado trans, que en muchos casos viven acoso diario y terminan cambiando de centro.

La implicación de las familias en los Centros Escolares suele ser baja, y tampoco se fomenta su integración en la toma de decisiones que les afecta. La visión de las y los docentes por parte de los padres y/o madres no se suele ajustar a su trabajo, muchas veces viéndolo como un enemigo y no como la figura de un profesional que vuelca su trabajo en el máximo desarrollo de sus hijos e hijas.

Secundaria: En secundaria y bachillerato las ratios continúan siendo muy elevadas en las aulas. Además los recursos para una enseñanza de calidad son insuficientes, ya que en la mayoría de centros ni existen aulas bien dotadas como laboratorios de química o de biología, o aulas de música con instrumentos y herramientas para el desarrollo de la educación artística, así como aulas de dibujo, talleres de tecnología o bibliotecas.

Las implantaciones normativas se llevan a cabo sin contar con el profesorado y sin formar y acompañarlo durante su aplicación. El profesorado tiene una cantidad ingente de documentos que rellenar que no son realmente necesarios para su labor docente, es más, merman su capacidad de realizar mejor su trabajo. Su salario es inadecuado y no existen subidas relacionadas con la inflación. En general la figura del profesorado se encuentra muy desprestigiada en la sociedad, poco respetada y poco valorada.

En el alumnado existe gran apatía de los y las adolescentes hacia el estudio por no ver salidas claras teniendo una formación académica. Además presenta muchos problemas relacionados con lo emocional y con la salud mental, sobre todo tras el COVID y son problemas que el profesorado, muchas veces, no está capacitado para tratar en el centro educativo. Existe un problema con el alumnado que no habla español que llega del extranjero y se ve dentro de un aula con el resto de compañeros y compañeras sin entender nada, en algunos centros existen aulas de inmersión pero en muchos otros no. Otro problema importante tiene que ver con los comportamientos y actitudes machistas, homo-lesbo-bi-trans fóbicas y racistas del alumnado en los centros educativos, por lo que la existencia de conflictos relacionados con la convivencia y respeto a las normas cívicas va en aumento.

Los dispositivos electrónicos no son sostenibles. Se invierte mucho dinero público en ellos en cada centro, sobre todo al que dota a cada alumna/o con uno de ellos y al poco tiempo quedan obsoletos o se rompen. También el uso de los dispositivos electrónicos está creando muchos problemas nuevos en las aulas: dispersión, falta de atención, mayor individualismo y sedentarismo, pensamiento crítico limitado, el deseo de inmediatez y el desprestigio del diálogo, de la explicación y del amor al conocimiento; aparte del bullying y todo tipo de problemas de convivencia creados por el mal uso de Internet entre adolescentes.

Existe una significativa falta de participación de las familias en la educación del alumnado, que sólo se suelen implicar si existen problemas de calificaciones como norma general.

Formación profesional: La Formación Profesional en Canarias ha sido históricamente una alternativa para el alumnado que no era capaz de finalizar sus estudios de secundaria o que no tenían opción de acceder a la universidad por diversos factores, como por ejemplo que las islas no capitalinas no cuenten con universidades, por lo que el acceso a los estudios de Formación Profesional acaba siendo una opción por descarte o cercanía del centro educativo, al no contar con recursos suficientes para residir en las islas capitalinas. Esta situación ha llevado a que en algunas familias profesionales, el alumnado carece de la vocación y motivación necesarias para un aprovechamiento adecuado de la formación que reciben y por lo tanto que Canarias no cuente en algunos sectores con profesionales de calidad y competitivos.

Actualmente hay una carencia de personas técnicas especialistas en diferentes áreas, que no pueden ser cubiertas con los y las profesionales que el sistema educativo genera ni que responde a las necesidades del mercado actuales y futuras, como por ejemplo la formación de técnicos y técnicas superiores en energías renovables.

Universitaria: Las universidades canarias siguen arrastrando carencias presupuestarias históricas. Los edificios universitarios  presentan numerosos riesgos y situaciones de peligrosidad. Los colegios mayores llevan años denunciando también las condiciones precarias en las que se encuentran. Hay que destacar también la precariedad laboral y temporalidad existente en las universidades tanto de la plantilla docente como  del personal de Administración y Servicios (PAS).

La educación universitaria se encuentra desvertebrada del resto del marco de Educación Superior (FP y enseñanzas artísticas). Con carácter general, la formación inicial del profesorado necesita el entrenamiento en habilidades emocionales de autorregulación para desempeñar la función docente. Consultada la guía docente del máster de la ULL, no se refleja formación práctica en ese sentido. De hecho, entre sus competencias se recoge “Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana”, lo cual se hace muy complicado si la persona docente no maneja herramientas personales de autorregulación.

De igual manera, no se aprecia un enfoque competencial en habilidades emocionales en la guía docente que forma a las y los futuros docentes de Ed. Primaria. La asignatura Educación emocional se imparte en el Grado de Educación pero es un componente insuficiente para poder abordar la multitud de situaciones que se están dando en nuestra aulas. En general, la formación del profesorado tanto de primaria como de secundaria es muy limitada y presenta deficiencias. Es una carrera muy importante a la que no se le reconoce su importancia ni se hacen planes de estudio atendiendo a ello. La formación del profesorado en el Máster de formación es poco práctica, descontextualizada de la realidad, y muchas veces no se trabaja ni con el currículum actual, sino con currículum y modelos de documentos obsoletos y anticuados.

El acoso sexual y situaciones de homo-lesbo-bi-transfobia son situaciones que se siguen dando nuestras universidades.

Educación artística: La desigualdad de oportunidades, es una problemática latente en las islas en este ámbito educativo, especialmente en las islas menores. Cabe señalar Inexistencia de formación reglada de danza. Otro problema importante tiene que ver con la falta de regulación del personal con oposiciones públicas.

Existe un problema con el bachillerato artístico de música y artes escénicas. Esta modalidad ya no puede ir con sus materias específicas a la EBAU, excepto con la asignatura de Artes Escénicas, algo inverosímil pues la gran carga lectiva de este bachillerato viene de parte de las asignaturas de música. Si el alumnado quiere afrontar un itinerario de Conservatorio, no quiere decir que no quiera ir a la universidad. Casos y decisiones variadas vienen de la mano de este bachillerato y se les está limitando, sobre todo en lo que se refiere a la nota media.

  1. PRINCIPALES PROBLEMAS Y DESAFÍOS
Infantil-primaria: Los principales problemas identificados tienen que ver con la dificultad para el desempeño de una docencia de calidad por parte de las maestras y maestros, que tienen que ejercer hasta seis áreas diferentes y en diferentes niveles y las limitaciones motrices del alumnado que cada vez tiene menor desarrollo de sus habilidades físicas. Los desafíos tienen que ver con tener mayor control del absentismo escolar en algunos centros, reducir el papeleo burocrático innecesario del personal docente y el uso de las Escuelas Unitarias no solo en entornos rurales sino en zonas periféricas con malas conexiones de transporte o en las que se invierte un tiempo considerable para el desplazamiento.

Secundaria: La insuficiente formación de parte del profesorado de secundaria y bachillerato, el alto índice de fracaso escolar en la etapa, y la falta de recursos para un alumnado muy diverso. Las leyes lo recogen pero los recursos humanos y la formación finalmente no llegan a las aulas.

Formación profesional: El elevado coste de implantación de determinados ciclos formativos, provoca que después de muchos años de puesta en marcha de un ciclo en una determinada zona, ya no responda a las necesidades del mercado laboral o que incluso lo sature de profesionales que el entramado empresarial no puede absorber. La formación profesional tradicionalmente y de manera injusta ha sido vista como una opción para el alumnado con un alto riesgo de abandono (adultos con trabajos o cargas familiares, alumnado de la ESO con dificultades de aprendizaje, etc.) y que además presenta gran absentismo, pero carece de tutorías presenciales donde poder abordar temas importantes para el grupo, problemas de convivencia o una buena orientación educativa y laboral. El profesorado tutor acaba teniendo que emplear las horas de sus módulos para tratar estos temas, haciéndolo rápido y mal, además de sin recursos en muchas ocasiones para hacerlo correctamente.

Las dotaciones presupuestarias no han aumentado acordes a la subida de los precios del mercado, donde los diferentes ciclos manejan presupuestos similares, sin atender al coste del material fungible que el alumnado necesita para su aprendizaje. No puede compararse el gasto de un ciclo de Administración y Gestión con un ciclo de Hostelería y Turismo o de Madera y Mueble. En las islas no capitalinas no existen modalidades educativas suficientes, adaptadas a las necesidades del alumnado adulto con trabajo o familiares a su cargo. Las dotaciones de implantación de ciclos llegan tarde y es responsable el profesorado de turno de realizar todo el trabajo necesario para su puesta en marcha, sin formación, ni supervisión alguna.

En los IES, las horas que restan al profesorado de segundo curso cuando el alumnado se va a la Formación en Centros de Trabajo, deberían dedicarse a la mejora de las instalaciones, revisión de aparatología y mobiliario, compra de material con antelación… Pero en su lugar estas horas se cubren con guardias. En determinadas familias profesionales como Imagen Personal, el grueso del presupuesto se desvanece en material fungible, siendo la única opción para que el alumnado practique, que los modelos aporten un donativo que ayude a sufragar el coste de los cosméticos.

No existen horas de coordinación con el Departamento de Orientación que nos permita obtener orientaciones para atender al alumnado en riesgo de exclusión, con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Los currículos en algunas familias profesionales ya no responden a las demandas reales del mercado y sus contenidos son ya obsoletos. No hay adaptaciones claras y suficientes de acceso al curriculum para el alumnado NEAE, resumiéndose a que puedan repetir hasta un máximo de cuatro veces un mismo módulo, sin reducción de ratio ni refuerzo docente en los talleres. Además este alumnado no siempre viene correctamente orientado y cursa estudios que requieren de habilidades y destrezas que no sean capaces de adquirir, provocando en ellos mayor frustración y riesgo de abandono escolar.

Las funciones y volumen de trabajo atribuidas al profesorado de taller, no se corresponden con las horas asignadas para su gestión. Del mismo modo sucede a las Jefaturas de Departamento. El Profesorado Técnico de Formación Profesional no tiene un salario igual al profesorado de Secundaria, aunque realicen las mismas funciones y en ocasiones más. La excesiva burocracia desgasta mentalmente al profesorado.

En las islas no capitalinas como La Gomera o La Palma, con una orografía tan particular, lo sproblemas de transporte a los que se enfrenta el alumnado, provoca que aún estando la oferta educativa dentro de la isla, no sea viable la asistencia y acaben abandonando o no se matriculen. Esto sumado a la escasez de plazas en residencias o de vivienda de alquiler, no hace sino agravar la situación.

La implantación forzosa de Formación Profesional Dual, sin formación ni información al profesorado y mucho menos horas para hacerlo, dejando en manos de estos todo el proceso de implantación y sin atender a las particularidades de la red empresarial de cada comarca o isla. Además las profesiones siguen estando muy marcadas por el género.

Universitaria: La educación superior juega un papel esencial como agente canalizador e impulsor de transformaciones en las Islas Canarias. En cuanto al marco de la citada Educación Superior en Canarias, existe un problema de consideración institucional: no se logra englobar los tres tipos de enseñanza a los efectos de vertebrar políticas educativas. Ello conlleva una desconexión entre la Formación Profesional y las enseñanzas artísticas de Grado Superior con la educación universitaria, que requieren de articular espacios que promuevan sinergias entre las diversos niveles educativos y promuevan un marco de Educación Superior.

Mejorar la preparación emocional de las personas al cargo de la docencia en Canarias es tarea pendiente, con el fin de que puedan educar con mayor eficiencia y tengan una carrera docente más satisfactoria y saludable.

Es necesario avanzar hacia una comunidad universitaria igualitaria, con valores, segura, saludable y sustentable. Además es fundamental aumentar la cobertura y calidad educativa, así como promover mayor vinculación con otras universidades del Estado e internacionalización.

Educación artística: La educación artística sigue siendo la gran desconocida, por lo que es clave dar a conocer y divulgar las diferencias de los distintos caminos de las enseñanzas artísticas: regladas y no regladas. Asimismo, es necesaria mayor transparencia en los procesos laborales para puestos de personal público. Además es importante el consenso de actividades culturales que proporcionen oportunidades a los y las artistas canarias.

  1. IDEAS PRINCIPALES SOBRE EL HORIZONTE HACIA EL QUE DEBERÍA ORIENTARSE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS
Infantil-primaria: con la premisa de conseguir una educación canaria de calidad, es necesario seguir apostando por una enseñanza individualizada, con un ratio de alumnado/profesorado que la permita. La adquisición de contenidos debe partir de lo próximo, apostando por aquellos elementos que pueden observarse en el propio barrio o municipio, para posteriormente llevarlos al entorno de la isla y del archipiélago.

Poner a la Escuela Canaria como apuesta por el futuro de nuestras islas, buscando que sea más inclusiva, respetuosa con su medio y su cuidado y que defienda los derechos de las canarias y canarios, sin importar su género o su sexo. En este sentido, es importante la creación de una comisión de trabajo sobre Contenidos Canarios por parte del Gobierno que gestione, según los últimos estudios arqueológicos, lingüísticos, históricos, etc. y oriente al cuerpo docente para poder diseñar Situaciones de Aprendizaje actualizadas.

Por último señalar la necesidad de generar estrategias encaminadas a aproximar a las familias a la Escuela, y que puedan ser éstas partícipes y protagonistas de la misma.

Secundaria: Las acciones deben estar encaminadas a la difusión del conocimiento, la participación y compromiso de las personas, organizaciones e instituciones para abordar los desafíos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas acciones deberían dirigirse hacia una valoración de la educación pública como el instrumento más potente que tiene la sociedad para compensar las desigualdades de partida.

La creación de la figura del coordinador/a de contenidos canarios en cada centro educativo es muy necesaria, así como bibliotecas educativas con materiales que fomenten la cultura canaria. Estas bibliotecas, además podrían habilitarse como espacios de colaboración,  intercambio de experiencias, de creación de lectura…

Formación profesional: Primeramente es necesario que la oferta formativa responda a las necesidades reales del mercado laboral, y que las dotaciones presupuestarias sean acordes a las necesidades de los Ciclos Formativos y de la subida de los precios. La equiparación de salarios de profesorado de Secundaria y profesorado Técnico de Formación Profesional es un aspecto claro de mejora. Además, es necesaria la dotación de infraestructuras, mobiliario y material suficientes para implantar un ciclo antes de la llegada del alumnado y llevado a cabo por profesionales preparados para tal fin, siempre teniendo en cuenta a las necesidades docentes. Los materiales fungibles deben tener un coste acorde al gasto real de cada Familia Profesional para que la formación sea gratuita.

Es fundamental formar correctamente tanto al profesorado actual como a los y las tutoras de las empresas sobre Formación Profesional Dual, nombrando a personas cualificadas y preparadas para tal fin, atendiendo a las necesidades reales de las empresas de la zona. Para ello es importante la disminución de la burocracia o proporcionar más tiempo para su realización. También permitir que durante las FCT el profesorado de ciclos en los IES se organice para la gestión de los talleres.

La incorporación de modalidades de tarde, nocturno o semipresencial en islas no capitalinas o zonas rurales son muy necesarias, así como aumentar el número de residencias escolares por todo el territorio insular y las ayudas específicas que ayuden a sufragar los gastos de alojamiento. Es prioritaria la incorporación de las horas de tutoría presenciales dentro de las jornadas lectivas; las horas específicas de gestión de los talleres para el profesorado que imparte módulos en estos espacios; y proporcionar mayor número de horas de gestión para las Jefaturas de los Departamentos de los Ciclos Formativos.

Las coordinaciones con el Departamento de Orientación para atender correctamente a la diversidad del alumnado deben ser periódicas y sistemáticas, así como la orientación previa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y el apoyo al profesorado en grupos con estos perfiles para su correcta atención. La actualización de los contenidos de los curriculum es un punto prioritario para que las mejoras sean sustanciales.

Universitaria: Es fundamental que las medidas de acción se centren en difundir conocimiento, despertar conciencia social y generar compromiso e implicación entre las personas, organizaciones e instituciones con la finalidad de abordar los retos planteados en la Agenda 2030 y los ODS. También se hace necesario desarrollar espacios de colaboración entre la FP y las universidades para la mejora continua de ambas enseñanzas, estimulando y fortaleciendo la innovación y la vinculación con la sociedad.

Otra tarea pendiente tiene que ver con la mejora de los planes de estudio de los grados y máster correspondientes con la formación del profesorado, así como con el aumento de las plazas de los mismos para que nuestros estudiantes no se tengan que ir fuera.

Educación artística: El enriquecimiento de la cultura de todos y todas las canarias debe ser la máxima prioridad por lo que es necesario aumentar la oferta en todo el archipiélago.  Además, se debe incorporar todas las áreas, y en concreto en las materias de estudios reglados por los beneficios de las artes en las personas y el desarrollo cognitivo que provocan en quienes las estudian.

  1.  COMPROMISOS DE FUTURO
Infantil-primaria: 
  • Nos comprometemos con la formación del profesorado en Contenidos Canarios y facilitar su aplicación en sus clases, no como un tema transversal, sino como eje vertebrador de las diferentes Situaciones de Aprendizaje, exigiendo además que sea contenido central en todos los temarios de oposiciones para ejercer la docencia en Canarias.
  • Nos comprometemos a ajustar las ratios en las Aulas, sobre todo en aquellos centros con dificultades debido a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
  • Nos comprometemos a mejorar los espacios y herramientas de las Aulas de Música, Laboratorios, Pabellones de Deportes, Huertos Escolares, etc.
  • Nos comprometemos a aumentar las visitas externas del alumnado a su entorno próximo (Ayuntamiento, elementos culturales de su municipio, Teatros, Conciertos, Exposiciones, etc.).
  • Nos comprometemos a la mejora de las condiciones laborales del personal educativo en los distintos ámbitos profesionales.
  • Nos comprometemos a darle mayor alcance de la Formación del Profesorado y a la efectividad de los cursos.
  • Nos comprometemos a incluir a las familias dentro del diseño de las actividades de los centros escolares.
  • Nos comprometemos a potenciar la figura del y de la docente como figura de autoridad pública y la defensa de su especial protección judicial.
  • Nos comprometemos a apostar por la Educación emocional, cívica y ciudadana,  feminista y sexual, con especial atención al alumnado LGBTIQ+.
  • Nos comprometemos a defender la conciliación familiar del personal laboral de los Centros Educativos.
  • Nos comprometemos a fomentar una docencia que se implique en el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado a través de la reflexión y el debate.
  • Nos comprometemos a fomentar la participación del alumnado con su entorno a través de aumentar la oferta de actividad física en horario no lectivo, consiguiendo así la implicación de clubes deportivos, escuelas de danza…
  • Nos comprometemos con la incorporación de contenidos canarios en el currículo escolar y planes de estudio.
  • Nos comprometemos con la igualdad de oportunidades real en la educación pública canaria.
  • Nos comprometemos con dotar de más recursos a todos los centros públicos de las islas.
  • Nos comprometemos a la incorporación de aulas de inmersión lingüística en todos los centros que las necesiten, para atender las necesidades del alumnado que no habla castellano.
  • Nos comprometemos a regular el uso de dispositivos electrónicos en el aula y enseñar a utilizarlos correctamente.
  • Nos comprometemos a la reducción de la burocracia que debe realizar el profesorado.
  • Nos comprometemos a educar a nivel emocional al alumnado y educar en la igualdad (feminismo).
  • Nos comprometemos a contribuir con los ODS.
  • Nos comprometemos a facilitar la modalidad de teletrabajo en reuniones de equipos docentes, claustros, evaluaciones, CCP, etc.,  para favorecer la conciliación familiar.
  • Nos comprometemos a abogar por el respeto de las normas de urbanidad y civismo en el centro haciendo cumplir el Decreto de Convivencia 114/2011.
  • Nos comprometemos en la formación para el profesorado sobre las novedades legislativas.
  • Nos comprometemos a que la financiación de las universidades públicas canarias esté sometida al cumplimiento de objetivos.
  • Nos comprometemos a producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico situado en la realidad canaria, desde un enfoque interdisciplinar.
  • Nos comprometemos a asumir un compromiso interinstitucional explícito con la comunidad universitaria y con la sociedad en su cometido como formadora y difusora de conocimiento, dinamizadora de la participación social, e impulsora de proyectos y acciones concretas que produzcan el mayor impacto posible, en un espacio de tiempo relativamente corto y con un uso eficiente de los medios disponibles.
  • Nos comprometemos a la creación de conservatorios públicos (al menos con grado elemental y medio) en todas las islas tanto de música como de ballet.
  • Nos comprometemos a la realización de oposiciones periódicas para el cuerpo de profesorado de enseñanzas artísticas para ofrecer calidad en los centros de artes.
  • Nos comprometemos a que en los puestos como profesores/as de instrumento, de canto, directores/as  debe haber una constante formación del profesorado al igual que un mantenimiento del nivel técnico en el instrumento y de los repertorios para poder ofrecer la mejor formación instrumental al alumnado.
  • Nos comprometemos a esclarecer un calendario de apertura de listas extraordinarias como primer paso ante unas oposiciones regladas, donde se tengan en cuenta y se regulen los méritos para la  reordenación  en las listas, siendo estas públicas y no se puedan dar casos que lleguen a generar dudas y desventajas entre los y las participantes.
  • Nos comprometemos a exigir un trato igual para todo el Profesorado de Escuelas de música municipales y bandas: salarios, tipos de contrato, número de horas de trabajo, etc.
  • Nos comprometemos con la conciliación entre estudios en primaria, secundaria y bachillerato con estudios en Conservatorios.
  • Nos comprometemos a dar a conocer la formación musical y artística para que todos y todas las canarias sepan cómo funcionan los estudios oficiales y puedan matricularse y conocer la situación de los y las músicas de canarias.
  • Nos comprometemos a la estabilidad por audiciones en las orquestas presentes en el archipiélago a cortina cerrada y donde las personas sean números a los que se les valorará a través de rúbricas para que la subjetividad no esté presente. Si hay casos de contratos irregulares se deberá denunciar la plaza pero no por ello con esta denuncia se conseguirá la plaza, sino que se sacará a concurso de oposición/audición donde los aspirantes aportarán sus distintos méritos.
  • Nos comprometemos a generar comisiones de servicio de las y los funcionarios de secundaria de música en los Conservatorios de Música.
  • Nos comprometemos a reconocer el grado superior de música como la titulación oficial que es para poder acceder a Master u otros estudios.